Lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre, cuando falló el operativo para aprehender a Ovidio Guzmán, hijo de uno de los principales liderazgos del Cártel de Sinaloa, no solo dio muestra de la gran capacidad de organización estratégica y despliegue táctico de una de las organizaciones criminales más antiguas de México, sino también, de su capacidad de ejercer la violencia armada y letal en contra de autoridades y ciudadanos.

La capacidad de ejercer la violencia letal de actores criminales en México tiene su origen en el flujo de armas provenientes, en su mayoría, de Estados Unidos. Es una variable adicional a la intrincada relación bilateral que genera tres comunes denominadores negativos entre ambos países: el origen de la violencia letal; el miedo y la normalización de la violencia en ambas sociedades; y la ausencia de políticas públicas de control de armas.

Ilustración: Izak Peón

En el mundo circulan más de un billón de armas. De esta cifra, casi un cuarto (393 millones) está en manos de la sociedad estadunidense; la más armada del mundo. La  vasta oferta legal de armas en aquél país también los convierte en los poseedores de la tasa de homicidios por arma de fuego más alta de los países desarrollados, 12 por cada 100,000 habitantes. Tan solo en 2017, el año más reciente para el que el Centro de Control de Enfermedades (CDC en inglés) tiene cifras completas, 39,773 personas fallecieron producto de lesiones generadas por armas de fuego (67 por ciento de ellos por suicidio y 35 por ciento por homicidio).

Aun cuando los tiroteos masivos (mass shootings) suman solamente una fracción a los 14 000 muertes por arma de fuego en Estados unidos, de acuerdo con la encuestadora Gallup 48 % de los estadounidenses están ‘muy o algo preocupados’ por convertirse en víctimas de uno. La verdad es que no les falta razón de estarlo, pues estos eventos violentos pueden ocurrir sin ningún aviso en escuelas, supermercados, oficinas o conciertos. Además, en los últimas cuatro décadas su letalidad ha incrementado: 1980-14 muertes al año; 1990-21 muertes; 2000-23.5 muertes; y en la década actual-51 muertes al año.

En México, donde poseer un arma es legal para calibres no mayores al 0.38 con el debido permiso y únicamente para fines de defensa del hogar, de 2015 a la fecha se han cometido 17,000 homicidios con arma de fuego en de acuerdo con los registros provenientes de las procuradurías y fiscalías.

La Secretaría de la Defensa Nacional es el único proveedor y también está a cargo de mantener el registro de 2.7  millones de armas legales en el país. Pese a estas restricciones, se estima existen 13 millones de armas ilegales en el territorio nacional. Y de acuerdo con las cifras más recientes del Buró de Armas, Tabaco y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) 70 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen mexicanas se compraron en armerías de Estados Unidos (esto implica un incremento de 10 puntos del registro público previo -2009- de la ATF).

Una parte de la violencia que se comete en México resulta, claramente, de enfrentamientos entre bandas del crimen organizado y de éstas con las fuerzas de seguridad del Estado. De 2006 a 2018 el Ejército Mexicano sostuvo 4,272 enfrentamientos con “civiles armados”, la mitad de ellos en Tamaulipas.1 Está presente para resolver disputas, eliminar enemigos o, incluso –como se vió en Culiacán en semanas pasadas, para liberar líderes detenidos por la autoridad. El saldo en esta ocasión fue de 13 personas asesinadas pero a la lista reciente se suman 15 muertos por un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército en Teopochica, Guerrero; y 14 policías michoacanos asesinados por el crimen organizado en Aguililla, Michoacán.

Las más de 200,000 armas ilegales que fluyen anualmente (en partes, principalmente) de Estados Unidos a México e incrementan la capacidad de los criminales de matar pero, también, de secuestrar, extorsionar y robar con una amenaza creíble del uso de violencia, donde el blanco es la población en general.

La Encuesta Nacional de Victimización 2019 muestra que 32.2 % de los criminales contaban con un arma al momento de cometer un delito, y que en estados como Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Morelos o Tamaulipas, los ciudadanos reportan escuchar disparos con frecuencia o alguna frecuencia. Además, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) encontró que de septiembre de 2015 a julio de 2019, el porcentaje de personas que han visto un arma ser disparada pasó de 23 por ciento a 42 por ciento. Lo anterior puede estar relacionado con el incremento de armas ilegales fluyendo hacia el sur lo que potencia las actividades criminales, pero también a la práctica cultural de disparar armas al aire durante festividades como Navidad o Año Nuevo. Entre 2014 y 2015 este tipo de actos resultaron en la muerte de 132 personas.

Aun cuando en México el miedo a ser víctima de un tiroteo masivo o de quedar en medio de un enfrentamiento entre organizaciones criminales no se mide, la cifra más actual de ENSU muestra que 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en la ciudad en donde viven. Y con un porcentaje de impunidad que supera el 90 por ciento e instituciones de seguridad débiles, los ciudadanos tienen pocos o ningún recurso para enfrentar a la violencia armada.

Al igual que en Estados Unidos, aún no existe en México una política pública sólida conocida para reducir o contener los flujos ilícitos de armas, ni para atacar a las bandas dedicadas al tráfico de armas en el país.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es el único funcionario público federal que recientemente ha hecho referencia al tema. Durante la Septuagésimo cuarta Asamblea General de las Naciones Unidas estuvo presente en la reunión convocada por Nueva Zelanda sobre el tiroteo en Christchurch para actuar contra el discurso de odio. De acuerdo con el comunicado de prensa oficial del Gobierno de México, dijo que “es claro que el discurso de odio, el extremismo y las ideologías supremacistas y expresiones xenófobas alientan y justifican actos violentos que impulsan el extremismo violento”.

Previo a esa declaración en julio en medio de la crisis migratoria, durante la reunión con el Secretario de Estado Mike Pompeo, Ebrard destacó cinco cruces fronterizos (San Diego-Tijuana; El Paso-Ciudad Juárez; Laredo-Nuevo Laredo; McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros) a través de los que las armas fluyen ilegalmente hacia el sur y anunció una operación conjunta para atacar el tráfico de armas. El problema es que estas acciones no fueron confirmadas por el gobierno de Estados Unidos ni se proveyó información específica alguna sobre cómo se realizaría la operación.

El 21 de octubre, cuatro días después de los hechos violentos en Culiacán, el Secretario Ebrard sostuvo una reunión de alto nivel junto con el Gabinete de Seguridad (Ejército, Marina y Seguridad Pública) y el Embajador de Estados Unidos en México para hablar sobre el tráfico de armas. Después de la reunión únicamente trascendió que ambas partes intercambiarán información y trabajarán de manera conjunta para congelar el tráfico de armas a través de los cinco puntos fronterizos.

Más allá de las declaraciones y reuniones de alto nivel, las cifras oficiales muestran como las acciones del gobierno de México en la materia son, por decir lo menos, escasas. Por ejemplo, en los últimos cinco años la incautación de armas ilegales está en niveles similares a los del inicio de la década pasada mientras los homicidios por arma de fuego están muy por encima.

Fuente: 1er Informe de Gobierno y estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.2

Las armas de fuego no solo catalizan el potencial para ejercer violencia letal, también tienen un largo ciclo de vida que permite su uso en diversos ambientes criminales a través de los años, por lo que hablamos de un problema acumulativo que enfrentarán también futuras administraciones federales. Sin embargo, el margen que tiene el actual gobierno de México para exigir al de Estados Unidos implementar políticas sólidas de control de flujo de armas en dirección sur, es muy reducido. En el escenario descrito, la población enfrenta una alta vulnerabilidad. Atacar los flujos de armas al interior de nuestras fronteras con políticas públicas específicas no será suficiente, pero es a todas luces indispensable para reducir la violencia. 

 

Guillermo Vázquez del Mercado
Consultor en seguridad ciudadana. Ha participado en proyectos de diversas instituciones del gobierno de México y agencias de la cooperación internacional como USAID, GIZ, UNODC y la Iniciativa Global en Contra del Crimen Organizado Transnacional.


1 Rea, Daniela and Ferri, Pablo, ‘La Tropa: por qué mata un soldado’, Aguilar, 2019. P. 36.

2 Debido al cambio de metodología en la recolección de la estadística delictiva, las cifras de homicidio por arma de fuego únicamente están disponibles para los últimos cinco años.