La masacre de la familia LeBaron, encima de las matanzas masivas del mes pasado en Aguililla, Michoacán; Iguala, Guerrero; y Culiacán, Sinaloa respectivamente muestran como el mercado de armas de asalto en Estados Unidos contribuye a la crisis de violencia en México. Dado que el gobierno del presidente López Obrador plantea detener el tráfico de armas en la agenda bilateral con Estados Unidos, es pertinente observar el papel de las armas en estos hechos.

Ilustración: David Peón

Hay múltiples hipótesis sobre los motivos y autores de la masacre el 4 de noviembre en Sonora de los seis niños y tres mujeres de nacionalidad americana y mexicana. Pero todas tienen en común el uso de armas de asalto, que dejaron cientos de casquillos de balas .223, utilizados en los rifles AR-15. Las balas fueron fabricadas por Remington Arms en Arkansas, estado que es anfitrión de varias fábricas de armas y municiones, incluso una nueva instalación millonaria de la empresa checa Ceska Zbrojovka (policías en México han comprado más de 6,000 armas de esta empresa desde 2006, según documentos de SEDENA.)

El presidente Trump respondió a la masacre con una oferta de enviar tropas para emprender la guerra contra los carteles en México. El senador Tom Cotton se fue más allá, al decir que “si México no puede proteger a ciudadanos  su territorio, los EUA podría tener que tomar el asunto en nuestras propias manos.” Hizo alusión a las operaciones especiales para asesinar a Osama bin Laden y al-Bagdhadi. Cotton es de Arkansas, y su primera elección en 2014 fue gracias a contribuciones claves de la Asociación Nacional de Rifles.

Otra respuesta vino del ex-subsecretario Adjunto de Estado, Joel Rubin. “Imagínense un río desde Estados Unidos hacía el sur lleno de armas y fusiles, es lo que sucede en México todos los días”, dijo.

En Culiacán, gracias a filmaciones con celulares, se observa como hombres en un camión montado con un rifle Barrett de calibre .50 y otras armas tiraron a policías y civiles, con un saldo de ocho muertos entre atacantes, civiles y policías. Fue una muestra abrumadora de la capacidad violenta que motivó a las fuerzas estatales a suspender la operación de captura de Ovidio Guzmán. Cabe preguntar, ¿de dónde vienen las armas de esas organizaciones?

El Barrett es un rifle francotirador, disponible comercialmente a civiles en muchas armerías de Texas y Arizona, y frecuentemente traficado por la frontera. Tiene capacidad para penetrar a equipos blindados; es definitivamente un arma de guerra. Tan solo en Sinaloa, el ejército ha asegurado 53 rifles de ese calibre desde 2010; en Tamaulipas ha asegurado 323, según datos de SEDENA.

La emboscada y masacre de policías estatales en Aguililla, Michoacán el 14 de octubre, tuvo como resultado la muerte de 14 agentes. Esta matanza fue cometido con armas de calibres .223 y 7.62, según informes de prensa, calibres que corresponden a armas de asalto, las cuales son prohibidas para civiles en México —pero no en Estados Unidos. Las marcas en las patrullas policiales indicaron que también atacaron con armas calibre .50.

Michoacán es una de las entidades con el mayor número de armas aseguradas por SEDENA, ubicándose en la segunda posición. Esto a pesar de su relativa distancia de Estados Unidos, fuente de 70% de las armas aseguradas en México. Desde 2010 al 2018, 14,267 armas fueron aseguradas en Michoacán, incluyendo 342 rifles del calibre .223 de la marca estadunidense Colt, 89 rifles del calibre .223 de la marca Bushmaster, 15 rifles Barrett del calibre .50, y otros rifles de calibre .223 y 7.62 producidos en Estados Unidos.

El gobernador Silvana Aureoles dijo que no descarta investigar la participación de policías municipales en la masacre de Aguililla. Lo seguro es que policías en Michoacán y Guerrero, tanto estatales como municipales, enfrentan fuertes presiones por parte de organizaciones criminales para colaborar, para hacer caso omiso de actividades ilegales, o para combatir a adversarios de esas organizaciones. En Guerrero, uno de cada cinco armas comercializadas a policías entre 2011 y 2015 fue reportada como robada o extraviada.

Según recibos de armas comercializadas a Michoacán, obtenidos por una solicitud de documentos a SEDENA, 958 armas de calibre 7.62 y 407 armas de calibre .223 fueron comercializadas a policías en el estado entre 2008 y 2013. Los recibos para la gran mayoría no detallan a cual corporación se iban esas armas.

En el hecho del día siguiente, en los alrededores de Iguala, Guerrero, se alega que civiles armados con rifles de asalto atacaron a tropas militares, matando a uno. Los soldados replicaron con disparos, matando a 13 de los civiles. Los militares aseguraron seis rifles AK-47, seis AR-15s, un rifle Galil, una granada de mano, y seis armas cortas.

Para parar el tráfico ilegal de armas, “hoy existe ya la tecnología, la tenemos al alcance, no tiene que ver con que en Estados Unidos cambien sus leyes,” el presidente López Obrador dijo en su conversación telefónica el sábado pasado. Pero la misma lógica no ha frenado el flujo de drogas por la misma frontera, por la sencilla razón de que ambos gobiernos priorizan el volumen de comercio legal por esa frontera.

El mercado legal en Estados Unidos de armas de asalto es un factor fundamental en el suministro de poder de fuego para las organizaciones criminales en México. Una propuesta para prohibir la venta de armas de asalto ya tiene el apoyo de casi una mayoría de congresistas en la Cámara de Representantes.

Por otra parte, Trump intenta liberar las reglas para la exportación legal de armas de asalto al exterior. Quiere contestar un problema de falta de control de armas con… más armas. Las armas fabricadas con impresoras 3D podrían ser disponibles a organizaciones criminales, si el Congreso de Estados Unidos no detiene el reglamento propuesta sobre exportación de armas. Las leyes de Estados Unidos sí inciden en la cantidad de armas en manos de organizaciones criminales en México.

Basado en datos de SEDENA, hemos publicado un mapa de armas aseguradas por los militares mexicanos desde 2010 hasta finales de 2018. El mapa muestra claramente la gran cantidad de armas aseguradas en distintos municipios fronterizos de Tamaulipas. También incluimos en el mapa las armerías con licencias en los estados fronterizos de Estados Unidos, que manifiesta la cercanía de docenas de armerías en pueblos pequeños en Texas, justo al otro lado de la frontera. Solamente en el pueblito de Rio Grande City, de 13,834 personas, tiene 15 armerías. Es obvio como estas armerías están suministrando el mercado de violencia de las organizaciones en Tamaulipas.

Pero hay otro patrón visible en el mapa y los datos de armas aseguradas en México: la baja precipitada de números de armas aseguradas anualmente por las autoridades en México. Desde 2010-2011 hasta 2016-2018, el número de armas aseguradas anualmente bajó un  75%, especialmente entre SEDENA y SEMAR. Solamente la Policía Federal ha mantenido los mismos niveles de armas aseguradas, pero esa corporación representa solamente 10% – 20% del total de armas aseguradas. Los cargadores de municiones asegurados por las autoridades también han bajado, desde un promedio anual de 109,843 cargadores en 2011-2012 hasta 35,636 en 2017-2018.

Esta tendencia sigue con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El General Luis Cresencio Sandoval en octubre que los puestos militares en el norte del país están registrando lo que entra de Estados Unidos, no solamente lo que va a Estados Unidos. El titular de la SEDENA informó que el esfuerzo nacional de las diferentes corporaciones ha asegurado 5,914 armas desde el 1 diciembre 2018 hasta el 26 septiembre 2019. Pero en el mismo periodo del año anterior (1 diciembre de 2017 a 26 septiembre de 2018), solamente la SEDENA y la Policía Federal aseguraron 6,462 armas (4,395 de SEDENA, y 2,067 de PF), según documentos divulgados por esas agencias.

El día del ataque a la familia LeBarón, el ejército, Guardia Nacional y policías desplegaron por Sonora y detuvieron en el pueblo fronterizo de Agua Prieta un hombre con cuatro armas de asalto, incluyendo un rifle Barrett de calibre 50. Sin embargo, el ejército no había asegurado en Agua Prieta ni una sola arma de fuego durante julio, agosto, y septiembre, según sus registros.

Tenemos que preguntar porqué están bajando los números de armas aseguradas en México. Es un fenómeno que empezó con el gobierno del Peña Nieto, y sigue en los primeros meses de esta administración. Es una pregunta que corresponde, entonces, a las dependencias militares.

 

John Lindsay-Poland
Coordina un proyecto para parar las armas de Estados Unidos en México de la organización de derechos humanos, Global Exchange, en San Francisco, California.