El sistema de justicia en México tiene una deuda innegable con la población más vulnerable. Una mirada empírica basta para comprobar que la pertenencia a los estratos socioeconómicos más desfavorecidos es un factor que cierra las puertas del debido proceso y abre las de la cárcel. Además, la baja calidad y falta de transparencia en los sistemas de procuración e impartición de justicia, al igual que en el sistema penitenciario, lastiman de manera desproporcionada a jóvenes, mujeres y miembros de comunidades indígenas.

Ilustración: Izak Peón

A esta deuda le sigue el gesto político: el 15 de septiembre de 2019, el presidente envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para una Ley de Amnistía. El objetivo es conceder libertad y dar nuevas oportunidades de reinserción social a quienes han cometido conductas delictivas empujados por la pobreza, los entornos de violencia y otros tipos de vulnerabilidades. El documento hace eco del decálogo de acciones en materia de seguridad que presentó López Obrador durante su campaña. Entonces, incluyó el otorgamiento de amnistías para “conseguir la paz, la tranquilidad y terminar con la guerra”. Sin embargo, la iniciativa actual dista considerablemente del plan de amnistía avanzado en 2018, como se aprecia en la siguiente tabla:

Defectos de origen

Independientemente de las diferencias con el “plan de amnistía” original, detectamos dos obstáculos de competencia e interpretación de la ley, dificultades sustanciales que nos permiten anticipar que la ley no tendrá los efectos esperados.

El primero es su carácter federal, lo que acarrea una operatividad acotada. Es decir, en su competencia no entran los delitos del fuero común, que son los de mayor incidencia. Al cierre de junio de 2019 había 200,753 personas privadas de la libertad en México. De estos encarcelamientos, 84 por ciento pertenecían al fuero común. En otras palabras, existen 169,520 personas a las que la iniciativa no alcanzaría. Cifras del ámbito estatal retratan que de las 98,310 personas que ingresaron a centros penitenciarios a cargo de las administraciones públicas estatales en 2017, alrededor de 39 por ciento lo hicieron por el delito de robo. Así, los delitos sobre los que la iniciativa podría impactar son reducidos. La siguiente gráfica muestra, además de la evolución de estos delitos, la desproporción entre fueros.

Ante esta problemática se prevé una solución simbólica, la cual consiste en que la Secretaría de Gobernación promueva que se legisle en este sentido a nivel estatal. Sin embargo, diversos gobernadores han manifestado ya sus dudas, incluso su rechazo a la propuesta. Entre ellos, los gobernadores de Michoacán, Coahuila y Guanajuato.

Un segundo obstáculo es que, mientras en la exposición de motivos se menciona que deberá existir sentencia firme para que la persona solicitante de amnistía pueda beneficiarse, la iniciativa establece que podrán ser amnistiadas las personas contra las que “se haya ejercitado o pudiera ejercitarse acción penal”. En todo caso, se señala que la amnistía será aplicable únicamente en delitos que se hubieren cometido antes de la entrada en vigor de la ley. Esto es comprensible pues, idealmente, las leyes de amnistía tienen efectos retroactivos. Sin embargo, la población procesada y recluida de delitos del fuero común no ha disminuido en esta administración. En el primer semestre de 2019, por primera vez en cinco años, la población carcelaria registró un aumento con respecto del semestre anterior. Si no se atienden de fondo las causas que provocan estos índices, pronto los mismos sectores de la población se encontrarán en la cárcel sin una Ley de Amnistía que les sea aplicable. La siguiente gráfica muestra la evolución de algunos de los delitos de interés en el fuero común.

Más allá de los obstáculos en el horizonte de la iniciativa, se debe resaltar que la legislación vigente ya prevé mecanismos para cumplir con fines similares a los de la Ley de Amnistía. Creemos que, antes que legislar, se debe perfeccionar lo que ya existe. Una enormidad de tareas se pueden acometer para fomentar la operación de un sistema de justicia equitativo y eficiente. En la siguiente entrega describiremos las principales. 

 

Aranxa Bello Brindis y Andrea Sánchez Mercado
Investigadoras del programa de Justicia de México Evalúa.