A propósito del reporte de subocupación de los centros penitenciarios de México y de la ola de violencia que azota el país, el pasado 13 de junio un columnista escribió: “cosa de lógica, a menor población penitenciara, mayor cantidad de delitos”, esta frase establece una causalidad entre dos fenómenos que no necesariamente están relacionados. Aun así, no es posible acusar al columnista de actuar dolosamente, esta opinión ilustra la desesperación del ciudadano ante el contexto pero incurre en fallos argumentativos.

Este tipo de afirmaciones tienen resonancia en la sociedad porque ante la ausencia de especialistas/divulgadores, el megáfono de la arena pública permanece en manos de opiniones nutridas por lugares comunes sobre el sistema de justicia penal. Para ilustrar cómo romper con esta inercia las siguientes líneas presentan tres ejercicios que buscan responder una pregunta: desde el campo de investigación, ¿cómo habría de contestarse una opinión generalizada?

Ilustración: Kathia Recio

¿Crimen y castigo?

Opinión del megáfono: El sistema penitenciario envía a prisión únicamente a las personas que cometieron un delito. Si la población de las cárceles ha disminuido es porque los jueces —bajo el pretexto del respeto a los famosos Derechos Humanos— han dejado en libertad a los delincuentes que desestabilizan las calles. En este país la puerta giratoria está en los juzgados y los jueces son responsables directos de la crisis de seguridad que vivimos.

Respuesta desde la evidencia: Para asegurar el principio de presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos, un proceso judicial es llevado por tres jueces, uno que verifica que la investigación y detención son llevadas con legalidad, otro que evalúa las pruebas y dicta sentencia y un tercero cuya función es vigilar el cumplimiento de la sentencia.

Este alto estándar no admite equivocaciones, en el marco del Estado de Derecho, es inadmisible que una persona sea vinculada a proceso a costa de sus derechos. En este sentido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) reportó que en 2017, un total de 12,409 carpetas de investigación llegaron a los juzgados para audiencia inicial y en 1,152 casos (9.3%) el juez de control determinó la no legalidad de la detención,1 es decir, en uno de cada diez casos la persona fue detenida ilegalmente. Estos casos ilustran la importancia de contar con investigaciones ministeriales de calidad y con apego al principio del debido proceso, sin importar bajo qué tipo de sistema se opere.

¿Carpeta (de investigación) es igual a incidencia?

Opinión del megáfono: Las estadísticas oficiales reportan que durante los últimos tres años la incidencia delictiva en la Ciudad de México creció 20%. Como dicho periodo coincide con el que lleva funcionando el sistema penal acusatorio, las cifras indican que los delincuentes siguen perpetrando actividades ilícitas mientras llevan sus procesos penales en libertad.

Respuesta sobre la evidencia: La incidencia delictiva es el total de delitos que ocurrieron en un estado o país durante cierto tiempo (normalmente un año), si bien las autoridades reportan sus estadísticas como incidencia en realidad sólo informan sobre los delitos de los que tuvieron conocimiento, los que fueron denunciados y tienen una carpeta de investigación. Afirmar que la incidencia delictiva es el número de delitos reportados en carpetas es tanto como decir que toda el agua de México se encuentra embotellada en los anaqueles de los supermercados. Cuando aumenta el número de carpetas de investigación no aumenta la incidencia sino el número de delitos de los cuales la autoridad tiene conocimiento. 

Ahora bien, no sabemos con exactitud el número de delitos que ocurren en Ciudad de México pero contamos con una encuesta que genera estimaciones robustas al respecto. Desde 2011 la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realiza un estimado del total de delitos que ocurren a nivel nacional y estatal. También estima la proporción de los delitos que no fueron denunciados a la autoridad y aquellos que, pese a haber sido reportados, el Ministerio Público no inició para ellos una carpeta de investigación. En suma, esto constituye la “cifra negra” del delito.

De acuerdo con esta fuente, el número de delitos ocurridos en la Ciudad de México aumenta anualmente. La tendencia está presente desde antes de la entrada en vigor de las reformas al sistema de justicia penal, Si bien existe un repunte durante el periodo 2016-2017, no es posible establecer una causalidad con un evento que coincide en el tiempo, es necesario realizar una investigación más profunda sobre otras causas. Por lo tanto, los datos por sí mismos no vinculan el sistema penal acusatorio con el aumento del número de delitos en la entidad. 

¿Más inocentes en la cárcel o menos culpables en las calles?

Opinión del megáfono: El aumento de las penas privativas asegura que, quien delinca, enfrente su proceso en prisión.

Respuesta desde la evidencia: El endurecimiento de las leyes no es sinónimo de política criminal: en 2016, 99% de las personas sentenciadas dijeron haber llevado su proceso judicial en prisión preventiva2 y la ola de delitos no modificó su trayectoria ascendente. A pesar de gozar de una amplia aceptación popular, estas medidas no combaten las causas reales del problema.

En temas de seguridad y justicia, las opiniones que apelan a las emociones de la ciudadanía tienen más eco, pero no proporcionan elementos para buscar soluciones de fondo. Por este motivo, los interesados en el tema deben participar en el debate público, buscando formas más asertivas para comunicar sus hallazgos. Para lograrlo necesitamos un explicador que sea para la justicia penal lo que Carl Sagan fue para la astronomía. De hecho, necesitamos varios.

 

Vianney Fernández
Economista y especialista en política pública. Actualmente, trabaja como investigadora en el World Justice Project. 


1 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Anuario Estadístico 2018. México: Dirección de Estadística de la Presidencia (TSJCDMX).

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017). Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, 2016. México: INEGI.