La percepción general que se tiene en México sobre el tema de las armas en Estados Unidos es que las cosas siguen y seguirán igual a pesar del gran número de tiroteos masivos que ocurren cada vez con más frecuencia. Muchos se resignan a que la obsesión con las armas del vecino del norte es parte de su ADN. Lo cierto es que existe un gran interés económico detrás de las ventas de armas y hay una influencia política muy fuerte por parte de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Sin embargo, hay señales de que el status quo podría cambiar. En primer lugar, las regulaciones que se discuten en Estados Unidos no infringen la Segunda Enmienda. La ultima interpretación que la Suprema Corte le dio a la Segunda Enmienda en el 2008 dejó claro que mientras portar armas es un derecho, éste no es ilimitado. Esto quiere decir que es legal regular quién puede comprar armas, qué tipo de éstas se pueden comercializar, en dónde pueden portarse y establecer los requisitos para comprar y venderlas. Estas limitaciones se reflejan en los reglamentos sobre armas en los diferentes estados.

Ilustración: Patricio Betteo

Segundo, desde la masacre en Newtown en 2012, las voces de las víctimas de la violencia con armas en EEUU y las de sus familiares se han alzado con mucha fuerza a favor de regulaciones más estrictas. Por ejemplo, a raíz del tiroteo en Parkland, Florida en febrero de 2018, surgió el grupo March for Our Lives, cuyos fundadores son estudiantes que sobrevivieron al tiroteo. Esta organización ha tenido alcance a nivel nacional y en octubre de este año llevará a cabo una reunión con candidatos demócratas a la presidencia para hablar sobre las acciones y regulaciones para frenar la epidemia de las armas de fuego que resulta en 100 muertes al día. Por su parte, los sobrevivientes de la violencia con armas en comunidades afroamericanas también han formado movimientos fuertes. No hay que olvidar que mientras constituyen cerca del 15 por ciento de la población estadounidense, más de 50 por ciento de los homicidios con armas de fuego se perpetran contra personas de esta comunidad.

Tercero, hay miles de organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos que día a día luchan para reducir la violencia con armas y por regulaciones con sentido común. Están presentes tanto a nivel local, estatal y federal, y coordinan sus trabajos en reuniones permanentes. Es decir, hay esfuerzos serios y coordinados por parte de las organizaciones para reducir el fácil acceso a las armas. Por ejemplo, a principios de este año, más de 200 organizaciones entregaron una petición al Congreso de EEUU para que se destinara presupuesto a la investigación sobre las causas de la violencia con armas. Esto debido a que, dentro de las 30 principales causas de muerte en Estados Unidos, la violencia con armas es a la que se le destina, por mucho, menos presupuesto.

Cuarto, la mayoría de la población en Estados Unidos es consciente de que existe una grave problemática en torno a la violencia con armas y apoya medidas para reducirla. Más del 90 por ciento apoya la extensión de la revisión de antecedentes a todos los puntos de venta, mientras que más del 65 por ciento apoya una nueva prohibición federal de armas de asalto. En las elecciones de noviembre de 2018, atender la violencia con armas se colocó entre las cuatro principales prioridades para los votantes. Por ello, representantes de la cámara baja, como Jennifer Wexton del distrito 10 de Virginia, donde se encuentran las oficinas de Asociación Nacional del Rifle, fueron electos precisamente para implementar regulaciones más estrictas.

Quinto, la elección de representantes con plataformas sólidas sobre la regulación de armas a la cámara baja y la elección de candidatos en contra del fácil acceso a las armas en varios estados han tenido resultados positivos. Por primera vez en más de seis años se tuvo una audiencia en el congreso sobre regulaciones en torno a las armas de fuego a nivel federal. Como consecuencia, la regulación que extiende la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta pasó sin problemas en la cámara baja del congreso. Más aún, el tema de las armas de fuego ha surgido con tal fuerza que inclusive ha sido tema principal en los debates a la presidencia por parte del partido demócrata, algo que no se veía en años anteriores.

Por su parte, en lo que va del año en curso, 47 regulaciones estatales que limitan el acceso a las armas de fuego han sido aprobadas. En contraste, en el mismo periodo, solo 22 medidas para armas que fueron respaldadas por la Asociación Nacional del Rifle han tenido éxito a nivel estatal, y se han derrotado propuestas apoyadas por el lobby pro-armas en 26 estados. Es decir, si se analiza lo que ocurre a nivel estatal, es posible afirmar que están ocurriendo cambios importantes.

Por ultimo, la Asociación Nacional del Rifle sigue siendo fuerte, pero ha tenido serios problemas en meses recientes. Desde la renuncia forzada de su presidente Oliver North y las revelaciones de gastos millonarios de otros lideres, pasando por la investigación por el Fiscal General de Nueva York respecto de su estatus como organización exenta de impuestos, hasta la cancelación de su cadena televisiva y la pérdida masiva de ingresos, la organización está repleta de escándalos y conflictos internos que no parecen terminarse pronto.

Todos estos puntos indican que es posible un cambio en las regulaciones de Estados Unidos. En este aspecto, México debe de estar atento y participativo en este debate. Por un lado, el lamentable tiroteo ocurrido en El Paso, Texas dejó de manifiesto que la combinación de una narrativa racista por parte del presidente Trump y un fácil acceso a las armas perjudica a los mexicanos que viven en ese país. Por otro lado, no es ningún secreto que 70 por ciento de las armas que se utilizan en delitos en México provienen del país vecino del norte. Las repercusiones son catastróficas: en 2018, se registraron más de 20 mil homicidios dolosos y mas de 10 mil lesiones intencionales con este tipo de armas.

Lo ocurrido en El Paso debe ser un punto de inflexión en ambos países. Abre nuevamente el debate sobre las armas en Estados Unidos; pero en esta ocasión, además involucra directamente a México y a los mensajes de odio y anti-mexicano del presidente Trump. Es una buena oportunidad para que organizaciones e instituciones mexicanas conozcan los avances y discusiones que se han tenido en Estados Unidos, para que se involucren en el debate, y colaboren con organizaciones aliadas.

También es un momento importante para el gobierno de Andrés López Obrador, que ha respondido acertadamente, por lo menos en sus comentarios públicos e intención declarada para demandar a la empresa que vendió el arma de asalto utilizada en la masacre. Aún antes de los sucesos dolorosos en El Paso, el gobierno había insertado el tema de la venta indiscriminada de armas en Estados Unidos en la agenda bilateral, un paso importante y sin duda, positivo. En su reunión con el Secretario de Estado Mike Pompeo el 21 de julio, el canciller mexicano Marcelo Ebrard abordó el problema del tráfico de armas desde aquél país al nuestro. Al día siguiente, Ebrard informó de operativos coordinados contra el tráfico de armas en cinco puntos de la frontera entre los dos países.

Pero el problema no es coyuntural: es estructural en el mercado de las armas e involucra a los dos países. Por un lado, el acceso fácil a armas de capacidad militar en las armerías y ferias de armas (gun shows) en los estados fronterizos de Texas, Arizona, Nuevo México y otras partes de Estados Unidos potencia las capacidades destructivas de las organizaciones delincuenciales que operan en México y que, incluso, llegan hasta Centroamérica.

El estado de Texas, donde el atacante de El Paso obtuvo su arma de asalto y donde la ideología de la supremacía blanca es fuerte, es la fuente de más de 41 por ciento de las armas traficadas desde aquél país. Por otro lado, las dos naciones han priorizado el comercio legal por la frontera terrestre por la cual cruzan diario más de 15 mil carros, camiones y otros vehículos. Y entre ellos, armas. Los esfuerzos por confiscar armas en puntos de la frontera no es la manera más eficiente para detener ese flujo masivo.

Contener el mercado de armas requiere de que México consiga los datos de rastreos de armas provenientes de Estados Unidos y con ello, avance contra los patrones de tráfico. Además, el gobierno mexicano debe tomar medidas contundentes contra el robo y extravío de las armas de corporaciones policiales. Desde 2006, la cifra de las que se reportaron en estos supuestos se estima en más de 20 mil. Una herramienta importante en ese control sería un registro de armas —tanto las legales como las aseguradas en escenas de crimen— con la condición de que ésta sea manejada por una dependencia civil.

Por su parte, es buen momento para que organizaciones de Estados Unidos reconozcan y hablen sobre la gran problemática del trafico ilegal hacia México y lo utilicen como un argumento adicional para un mayor control de armas. No es un tema fácil, falta mucho por hacer y los intereses económicos y políticos siguen existiendo. Se han dado, sin embargo, pasos importantes en este sentido. Ojalá se aproveche el momento para reducir la violencia con armas en ambos países.

 

Eugenio Weigend Vargas
Doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey.

John Lindsay-Poland
Coordinador de un proyecto sobre el tráfico de armas de Estados Unidos a México