El proceso de creación y reglamentación de la Guardia Nacional –institución que el presidente López Obrador ha señalado en diversas ocasiones como indispensable para la pacificación de México– continúa su marcha. Su partido, Morena, presentó en el Senado de la República la iniciativa de ley que regula, entre otros aspectos, su integración, responsabilidades y facultades en materia de seguridad pública, así como su coordinación con las entidades federativas y los municipios.

Este análisis se enfoca en tres temas en los que muy probablemente se concentrará la discusión en los próximos días, sin restar importancia a la totalidad de los aspectos1 que cubre la propuesta de ley orgánica.

Ilustración: Patricio Betteo

Militares y marinos, ¿pase automático?

La Guardia Nacional se define en la Constitución como una institución de naturaleza civil. Sin embargo, el presidente ha expresado en varias ocasiones que requiere del Ejército y la Marina en funciones de seguridad pública y más específicamente, contribuyendo con la nueva institución. Aunque el titular ejecutivo federal se acogerá muy probablemente al artículo que lo autoriza para disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública por los próximos cinco años a partir del pasado 27 de abril, prevalece el cuestionamiento en torno a si dicho artículo puede pasar por encima de la naturaleza civil de la Guardia.

De inicio, el ingreso de militares y marinos a la nueva institución se estableció en la reforma constitucional que la creó, en su artículo segundo transitorio: “La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto con los elementos de (…) la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República”. Su operación, en términos prácticos, trae consigo los cuestionamientos más fuertes que enfrenta la incipiente corporación, después de la presentación del General de Brigada Luis Rodríguez Bucio como su Comandante.

Aunque en el capítulo sobre el Ingreso y permanencia en la Guardia Nacional, la aprobación de los procesos de evaluación de control de confianza es requisito (entre otros), aparentemente se estaría tratando de otorgar un “pase directo” a los miembros de la Policía Militar y la Naval, mientras que los requerimientos les aplicarían a los individuos de nuevo ingreso. Y ahí radica un problema fundamental: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece como requisito para ingresar y permanecer en las instituciones policiales del país, entre otros, el aprobar los procesos de evaluación y control de confianza establecidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Por ello, se cuestiona que se pretenda exentar de tales pruebas tanto policías militares como navales.

La iniciativa sí señala que los elementos de las policías Militar y Naval asignados a la Guardia Nacional deberán acreditar los cursos de capacitación que al efecto señale la Secretaría de Seguridad que les permita cumplir con sus actividades policiales en la nueva institución de acuerdo con el décimo transitorio. Pero, nótese, no se trata de un requisito de ingreso ni de permanencia en la institución. En sentido similar, en defensa de la naturaleza civil de la GN, la oposición a la militarización de la estrategia de seguridad pública cuestionan el que la baja de las Fuerzas Armadas no sea obligatoria.

Elementos del Ejército y Marina que se integren a la Guardia Nacional podrán ser los titulares de los mandos Territorial, Estatal y de Unidad a propuesta del Comandante de la Guardia Nacional, pero por designación del secretario de Seguridad. Esto, de acuerdo con el Artículo Cuarto transitorio, “en tanto no exista personal (…) con la jerarquía que se requiera para ocupar la titularidad” de los mismos. Como también podrían serlo elementos de la Policía Federal, este indicador –el del número de mandos con origen castrense o civil– será una buena descripción del perfil de la institución en sus primeras etapas y a futuro. Se plantean cinco niveles de mando para la Guardia Nacional: encabezados por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (titular del mando originario), le sigue el Comandante, quien ejerce el mando de la Guardia de manera directa y por medio de, en forma descendiente en jerarquía, Mandos Territoriales, Estatales y de Unidad.

La Policía Federal desaparecerá gradualmente para integrarse a la Guardia Nacional. Como era previsible, sus facultades, recursos humanos, financieros y materiales, convenios –e incluso investigaciones de Asuntos Internos sin concluir– se transferirán a la Guardia Nacional por medio de acuerdos (que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación) y directrices establecidas por las secretarías de Hacienda y de la Función Pública. ¿Los plazos? En el caso de los recursos correspondientes a las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería, en un máximo 30 días, y máximo 18 meses para el resto de sus divisiones y unidades administrativas, a partir de la eventual entrada en vigor de la legislación. Los elementos que se incorporen a la Guardia Nacional conservarán sus prestaciones bajo el sistema de seguridad social con el que cuentan ahora, establece el quinto transitorio, “en tanto éstas se homologuen a las de las Fuerzas Armadas”.

Así, la corporación policial a la que el ejecutivo federal vapuleó con señalamientos de corrupción, desaparecerá sin que hasta el momento se conozca de procedimientos penales en marcha contra sus mandos o administradores por este tipo de delitos. Señalados por generalización, sus recursos humanos habrán de sumarse a la nueva institución con la mejor disposición posible.

 

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Estos son solo unos cuantos aspectos que formarán parte de la discusión en torno a la regulación de la Guardia Nacional. Además de esta iniciativa, se presentaron en paquete también las propuestas de Ley Nacional del Registro Nacional de Detenciones, la iniciativa para modificar la Ley General del Sistema nacional de Seguridad Pública, así como la propuesta de Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Se espera que el análisis y el debate continúen respecto de detalles cada vez más finos en torno a la GN, sí, pero también respecto al marco normativo que rige a las demás corporaciones policiales del país.

 

Lilian Chapa Koloffon
Analista de políticas de seguridad y editora de este espacio.


1 La iniciativa regula su integración, incluyendo sus fines, competencias, estructura orgánica y facultades de sus mandos; la Carrera de la Guardia Nacional, su armamento, responsabilidades, coordinación con otras autoridades y los controles aplicables: el parlamentario y el judicial. Incluye además catorce artículos transitorios.