Con la aprobación de las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, empiezan las negociaciones para las leyes secundarias, una de ellas la de uso de la fuerza. Hasta el momento de escribir estas líneas la única propuesta sobre la mesa es la del senador Miguel Ángel Mancera, que, en esencia, es un resumen de las siete leyes estatales1 que analiza en sus consideraciones. El problema, sin embargo, es que el espíritu predominante en dichas leyes, centrado en las armas de fuego, deja fuera la regulación específica de otras opciones disponibles en el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. El menor José Luis Tehuatlie Tamayo y el migrante Henry Díaz perdieron la vida en 2014 y 2018, respectivamente, por el impacto de municiones etiquetadas como “no letales”, pero se insiste en legislar sólo sobre las armas de fuego. Es decir, a medias.

La legislación vigente aborda el control de la fuerza pública en términos de la distinción entre armas “letales” y “no letales” como en el marco jurídico americano, en lugar de referirse a la magnitud de la fuerza. ¿Por qué legislar el uso de la fuerza, una magnitud intrínsecamente mesurable, sin recurrir al criterio científico de la mesurabilidad? He aquí el principio ausente en la legislación: toda fuerza puede ser medida, ergo, para legislar adecuadamente el uso de la fuerza esta debe medirse.

Ilustración: Fabricio Vanden Broeck

Un ejemplo claro de esta visión incompleta es que, en las legislaciones en cuestión, el término “arma de fuego” se menciona un total de 136 ocasiones, mientras que otras opciones de fuerza se mencionan sólo 28 veces. Existe pues un interés en legislar el uso de las armas, no la fuerza, esto constituye un craso error no sólo legislativo, sino también operacional.

Tabla 1. Regulación del uso de la fuerza en México: centrada en armas de fuego

Estado que regula el uso de la fuerza

Menciones

Arma de fuego

No Letales

Ciudad de México

23

8

Estado de México

33

4

Hidalgo

19

1

Morelos

11

2

Oaxaca

12

7

Puebla

14

4

San Luis Potosí

24

2

Fuente: Elaboración propia

Resulta problemático hablar de armas incapacitantes no letales, primero, porque un arma no tiene como objeto incapacitar no-letalmente. Por definición, un arma tiene el propósito general de atacar o defender, y su letalidad no depende de sus atributos particulares, sino del uso que se le dé. Segundo, porque no todas las opciones de fuerza epiletal, recurso inmediato anterior a la letal, tienen como propósito incapacitar a su objetivo: algunos tienen la disuación como finalidad. En lugar de armas, tenemos que hablar de dispositivos, un mecanismo para producir una acción prevista. La diferencia es sustancial.2

La retórica legal señala que debe distinguirse entre niveles de uso de la fuerza.3 Sin embargo, dado que la ley se enfoca en el tipo de armas, de los cuatro niveles establecidos en todas las leyes, el tercero (el epiletal) queda limitado a definiciones vagas que no permiten establecer criterios de actuación apegados a derecho. Así, ante la ausencia de consideraciones técnicas suficientes, la capacitación para el personal de seguridad que se diseña a partir de esta visión limitada, no necesariamente incluye recurrir a opciones de fuerza anteriores a la letal.

Es insistente a nivel internacional la intención de legislar el uso de la fuerza a partir del Principio 9° de los Principios Básicos de ONU que habla sobre Armas de Fuego y dejar fuera de consideración el 3° que habla sobre otras opciones de fuerza. En muchos casos este último se encuentra ausente del análisis y fundamentos de la legislación. Un ejemplo drástico es la ley de uso de la fuerza de Puebla, que en su artículo 46 prohíbe el uso de armas de fuego en manifestaciones, si en lugar de “arma de fuego” dijera “fuerza potencialmente letal” jamás se hubiera usado la munición que mató a José Luis Tehuatlie.

La Ley Federal de Metrología y Normalización establece en su Artículo 40, Fracc. I que las Normas Oficiales Mexicanas tienen como finalidad establecer “Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana…”. Esto es, de acuerdo a la ley federal especializada en medición, debería existir una NOM para medir las capacidades de los Dispositivos para el Uso de la Fuerza Pública, lo que tiene todo el sentido desde un punto de vista científico. Con relación a los agentes químicos para control del orden público existen cuatro normlas oficiales, ausentes en todos los programas de capacitación que he podido consultar en todo el país.

El problema no es sólo que las fuerzas de seguridad utilicen su arma o la usen mal: también lo es que no recurran a opciones de fuerza distintas a la letal ante la incapacidad para determinar cuáles son y en qué consisten. Se habla de uso diferenciado de la fuerza en una acepción puramente sociológica, olvidando que dicho concepto es matemático cuando se habla de fuerza. Se intentan establecer principios de proporcionalidad y racionalidad desde una aproximación cualitativa, cuando existe la capacidad para hacerlo de manera cuantitativa. Se necesita establecer el principio de mesurabilidad: todo uso de fuerza pública debe ser medible, porque la medición de la fuerza es factible desde un punto de vista técnico y legal.

Finalmente, las leyes estatales en cuestión contienen 13 principios para el uso de la fuerza, lo que representa un reto en la operación. La interpretación es en algunos casos redundante y en otros laxa. Podemos ir más lejos al afirmar que esto también dificulta el aprendizaje a los oficiales.

Tabla 2. Principios para el uso de la fuerza en México

Principios contenidos en las legislaciones referenciadas por el proyecto de ley

Principios que deberían estar contenidos según el objeto de la ley

Legalidad

Racionalidad

Congruencia

Oportunidad

Proporcionalidad

Objetividad

Eficiencia

Profesionalismo

Honradez

Respeto a DDHH

Legitimidad

Necesidad

Excepcionalidad

Legalidad

Necesidad

Proporcionalidad

Mesurabilidad

Transparencia

Fuente: elaboración propia

No debe legislarse el uso de la fuerza dejando fuera el hecho que toda fuerza puede medirse, que una ley federal mandata su medición y que existen tan sólo en México más de 200 opciones de fuerza epiletal disponibles en el mercado.

Mientras se acusan abusos policiales casi a diario en todo el país, las leyes actuales sobre la materia se desarrollan sobre una falacia circular: con el control de las armas de fuego se garantizan los derechos humanos, y garantizamos los derechos humanos a través del control de las armas de fuego. Una legislación eficaz en materia de uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado es posible pero debe abordarse desde una perspectiva técnica cuantitativa respecto de la materia que se busca regular.

 

Daniel Gómez Tagle
Especialista en agentes químicos y municiones de impacto para restauración del orden. Fue investigador, analista y traductor para Defense Technology y Combined Systems a través de Grupo Sniper. Ha asesorado a la Guardia Civil española, la SEDENA, y a la Policía Nacional de Honduras.


1 Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí.

2 Al respecto de este párrafo ver acción de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3 Nivel I, presencia y mandos verbales, nivel II, control y conducción, nivel III, fuerza epiletal y nivel IV, fuerza letal.