Las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional, realizadas en enero, que convocaron a académicos y especialistas, autoridades electas y servidores públicos, así como representantes de la sociedad civil, abordaron temas diversos como la protección a derechos humanos, el papel de municipios y estados en la coyuntura de seguridad y la seguridad ciudadana. Las audiencias revelaron un rechazo avasallador al primer dictamen por parte de los expertos y expertas. Sin embargo, salvo las participaciones de algunos ponentes como Pedro Salazar, quien urgió a fortalecer a las policías civiles, o María Elena Morera, quien señaló que son las instituciones civiles las que deben interactuar de forma constructiva con la ciudadanía, resalta el hecho de que ninguna de las mesas de discusión tuvo como tema central la situación actual de las policías y su mejora frente a una propuesta como la Guardia Nacional.

Este texto es consecuente a la premisa de que cualquier discusión sobre seguridad tiene que incluir a las policías y sus funciones. La militarización tiene que dejar de ser el interlocutor inmediato cuando se hable sobre seguridad pública. Retornar a la policía al centro de la discusión pasa por investigar, diseñar, proponer e implementar propuestas para identificar y corregir las fallas que han hecho de las policías una parte olvidada de los debates y discursos públicos.

Ilustración: Estelí Meza

Ahora bien, las propuestas sobre seguridad “interior” o, más recientemente, sobre la Guardia Nacional han sido justificadas, entre otras cosas, por la “confianza” de las cuales son depositarias las Fuerzas Armadas. El argumento es que las labores de seguridad pública deben ser realizadas por los soldados y marinos ya que son éstos, y no las policías, miembros de instituciones en las que más confía la gente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 62.2% de la población de 18 años y más confía “mucho o algo” en el Ejército y la Marina, mientras que sólo 30.3% declara confiar “mucho o algo” en las policías. Así, a menudo se argumenta que la confianza se traduce en legitimidad que es depositada en las Fuerzas Armadas para hacer lo que un policía debe hacer. Bajo esta lógica, la cuestión ya no es restituir la confianza en las policías o restaurar su legitimidad sino desecharles y pretender que la solución está en donde realmente está el problema: los militares como policías.

Estudiar legitimidad y policías no es algo nuevo. Existe amplia literatura sobre el tema con conclusiones profundas como que la legitimidad de la policía es multi-factorial y distinta de la obligación percibida para obedecer y, además, que es determinante para la cooperación entre policía y ciudadanía. En un estudio sobre legitimidad policial en Londres, Tankebe1 elaboró un esquema conceptual de la legitimidad policial a partir de la literatura existente. El esquema que ofrece el autor establece que la legitimidad de la policía posee varios componentes.

Primero está la legalidad de sus acciones y de su posición como autoridad. La ley aplicada por la policía tiene que ser “justa” y reflejar creencias y valores compartidos por la comunidad, además de que el actuar sustentado por dichas leyes tiene que seguir un debido proceso que reconozca la imparcialidad de la ley, la igualdad de derechos y la participación de las partes involucradas.

El segundo componente es la justicia distributiva, que parte de la expectativa de que todo bien público debe ser distribuido de manera justa. La labor policial es un bien público y por tanto debe ser distribuido de manera equitativa. Un ejemplo de violación a este componente podría ser la (sobre)vigilancia policial en zonas residenciales y de altos ingresos o la brutalidad policial en contra de grupos vulnerables.

Un tercer componente es la justicia procedimental y se relaciona con la calidad de las decisiones policiales (por ejemplo, que posibilidad y voluntad de corregir errores cometidos por corporaciones policiales) y la calidad de trato que recibe la ciudadanía por parte de la policía (por ejemplo, que las personas sientan que un(a) policía les trata con cortesía o con respeto).

El último componente es la efectividad policial. Para ser legítima, la policía tiene que ser capaz de demostrar que el ejercicio de su poder contribuye a obtener resultados, por ejemplo, una reducción en la incidencia delictiva.

Voltear a ver a las policías exige dirigir la mirada a las razones por las cuales ni la ciudadanía ni los tomadores de decisiones las consideran como legítimas. Los componentes aquí mencionados son un buen comienzo para (re)construir la legitimidad policial y emprender, por fin, una discusión sobre seguridad fuera de los límites definidos por las propuestas de militarización. A la luz del texto de Tankebe y de otros que conforman la literatura sobre el tema, una discusión pública sobre policías tendría que abordar preguntas hasta ahora ignoradas, por ejemplo: ¿son justas las leyes que facultan el actuar de la policía en tanto que son el reflejo de valores compartidos? ¿Cómo es que se distribuyen los recursos policiales? Y a partir de dicha distribución, ¿quiénes son beneficiados y quiénes perjudicados? ¿Qué papel desempeña la policía en una sociedad como la nuestra y cómo es que se configura su interacción con la ciudadanía?

Los diagnósticos de propuestas como la Ley de Seguridad Interior o de la Guardia Nacional parten del supuesto de que las policías son un problema y, en consecuencia, proponen una solución que les hace a un lado. Muerto el perro se acaba la rabia. Sin embargo, preguntas como las previas, por más amplias que parezcan, son necesarias pues reconocen que existen fallas con las policías y que algo se puede y tiene que hacerse desde las policías mismas. Además, al enfatizar el papel de la legitimidad, las preguntas dan cuenta de que ésta se construye en constante interacción con la ciudadanía. Por ese motivo, el planteamiento de una solución generalizable, diseñada e implementada desde el centro (por ejemplo, el gobierno federal) es erróneo en un contexto de profunda heterogeneidad sub-nacional respecto a la situación de seguridad, el estatus de las policías y la calidad de su interacción con la gente. Imaginar soluciones surgidas desde lo local se facilita si se comienzan haciendo preguntas amplias. 

La seguridad pública se discute hoy en una arena estrechísima determinada por las propuestas de militarización. Este texto es un intento de ampliar el rango de discusión y abandonar a la militarización como interlocutor dominante. Contemplar a las policías implica examinar a profundidad las razones de la desconfianza de la que son parte y de las fallas que tienen, a muchas de ellas, en la situación actual. Emprender una discusión en el sentido aquí planteado es urgente.

 

Andrés Ruiz Ojeda
Asistente de investigación en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sede Región Centro.


1 Tankebe, J. (2013). Viewing Things Differently: The Dimensions of Public Perceptions of Police Legitimacy. Criminology, 51(1), 103-135.