Hace unos días, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció la convocatoria para designar al nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, uno de los pilares del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. También en días pasados se designó a Alejandro Gertz como el primer titular de la Fiscalía General de la República, que, entre otros temas, tiene la responsabilidad de encabezar los esfuerzos para investigar y sancionar la tortura, junto con las procuradurías y fiscalías del país. Se trata de un paso importante pero no suficiente: se necesitan recursos públicos adecuados para la búsqueda de personas y el combate a la desaparición y la tortura.

En la administración pública suele decirse que lo que no está presupuestado no existe; es decir, los compromisos e iniciativas a las que no se les asignan recursos, son para los fines prácticos palabras vacías. Y algo parecido ocurre también cuando no se asignan recursos suficientes: un esfuerzo a medias es, al final del día, casi indistinguible de uno que no se hizo. Es pues necesario asignar recursos suficientes a los temas que se consideran prioritarios.

Ilustración: Patricio Betteo

La importancia de la búsqueda de personas y de la prevención y combate a la tortura no puede negarse. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas registró en sus bases de datos más de 40 mil casos de personas desaparecidas y no localizadas vigentes a principios de este año. Y aunque no hay datos confiables al respecto, es posible estimar que puede haber hasta 90 mil víctimas de tortura a nivel nacional. Se trata pues de crímenes que, más allá de los casos emblemáticos que han provocado justificada indignación en años recientes, afectan de manera cotidiana a decenas de miles de personas, en muchos casos provocándoles daños permanentes y continuos.

Existe ya un marco normativo para prevenir y combatir ambos delitos y para buscar a las personas no localizadas: la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 2017 (LGPIST) y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas de 2018 (LGDSNBP). Sin embargo, la implementación de ambas leyes generales, y particularmente la de la LDSNBP, se ha encontrado con muchos obstáculos. Parte del problema se puede atribuir a la falta de compromiso político, por supuesto, particularmente en entidades federativas en las que el tema está muy relegado en la agenda pública. Sin embargo, una parte importante del problema es también presupuestal y operativo. Al final del día, incluso cuando existe un cierto nivel de compromiso político, no existe claridad sobre los recursos que se necesitan para que el Estado mexicano cumpla plenamente con sus obligaciones en la materia.

En cierta medida esto se debe a la ya mencionada poca información confiable para dimensionar el problema. Pero hay otro factor que suele pasarse por alto en la discusión: la ausencia de metodologías y mecanismos sistemáticos para estimar los recursos necesarios y hacer la planeación presupuestal de manera acorde. En la práctica, en lugar de hacer un análisis del nivel de demanda, es decir, del nivel de las necesidades de las víctimas, se suele asignar el presupuesto de manera inercial o, peor, con estimados sin fundamento.

Ante esta realidad, un grupo de especialistas1 en Fundación GEA desarrollamos una herramienta para funcionarios y organizaciones interesadas para calcular cuánto presupuesto se necesita para implementar plenamente las leyes generales en materia de desaparición y tortura a nivel nacional y de las entidades federativas. En el proyecto colaboraron organizaciones de la sociedad civil que se han dedicado con gran compromiso a estos temas desde hace tiempo, así como funcionarios gubernamentales federales y estatales. De esta manera, se logró identificar también los procesos principales que deben llevarse a cabo conforme a las leyes generales, los responsables de llevarlos a cabo y, lo que es más importante, las necesidades presupuestales específicas de cada uno.

Utilizando la herramienta, realizamos algunos estimados preliminares de necesidades presupuestales que incluyen personal y equipo especializado. Estimamos, por ejemplo, que a nivel nacional deben asignarse al menos 200 millones de pesos anuales para investigar los delitos de desaparición a nivel nacional. Con la misma aproximación, estimamos que deben asignarse al menos 107 millones de pesos al año para la búsqueda de personas y 148 millones de pesos para prevenir y combatir la tortura. Ello implicaría, en términos prácticos, que se tendría que duplicar el presupuesto total de algunas procuradurías y fiscalías en las entidades federativas.

Estos estimados preliminares no deben considerarse, sin embargo, como una meta o como un nivel mínimo. Conforme avance la implementación de las leyes generales, es posible o más bien probable, que los supuestos que se utilizaron deban irse ajustando. El objetivo del proyecto no es, en sentido estricto, prescribir los resultados sino permitir que los operadores del sistema y las personas interesadas puedan encontrar los propios, conforme a su experiencia y a la información que vaya estando disponible. Es un buen momento para iniciar una conversación que produzca mejores presupuestos para el próximo año y los siguientes.

 

Jaime López-Aranda Trewartha
Especialista en seguridad y justicia. Fue titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Asesor del Comisionado General de la Policía Federal. Es miembro del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Tamaulipas. El autor agradece el apoyo de especialistas, funcionarios y del equipo de EnfoqueDH, sin el que no hubiera sido posible realizar el proyecto.


1 El autor lideró un equipo que incluyó a Alejandro Hope, Elsy Alcalá y Carlos Servín.