Ante el fracaso de la estrategia de seguridad, académicos y organizaciones civiles ha demandado cambiar la estrategia coercitiva por una estrategia de seguridad sin guerra. Atendiendo a esta exigencia, el presidente electo ha lanzado una convocatoria para un diálogo amplio donde participen actores nacionales y extranjeros en la elaboración de una propuesta mexicana para la paz. Esta convocatoria parece un paso firme para cambiar los términos del debate sobre la violencia en México y transitar del discurso de seguridad a un discurso de construcción de paz.

Sin embargo, para hacer este cambio efectivo, es necesario problematizar las premisas que han sostenido las investigaciones, diagnósticos y soluciones que han dominado el debate público los últimos años; no es posible construir nuevas soluciones con los mismos supuestos e hipótesis. Para este propósito es pertinente analizar el sesgo cognitivo que genera los marcos interpretativos o descripciones de un problema social. De acuerdo con la teoría del discurso, la descripción de un problema determina las medidas y acciones que son posibles realizar y excluye aquellas que no coinciden con sus presupuestos fundamentales. Sin embargo, cuando hay un cambio en el enmarcado del problema, se abren y legitiman nuevas posibilidades de acción y soluciones.

En particular, las tres descripciones de la violencia que han predominado en la discusión pública durante los últimos años posicionan al crimen organizado como un enemigo externo, lo que divide a los criminales de la sociedad y al crimen del estado. De forma que las causas de la violencia son aisladas de un contexto social, político, moral e institucional más amplio.

Ilustración: Víctor Solís

Por ejemplo, tanto el enmarcado de la guerra contra el crimen organizado del presidente Calderón como la de seguridad interior promovida por académicos y expertos, dependen de una concepción weberiana del estado que presupone que el estado es una comunidad que exitosamente reclama el monopolio de la violencia sobre un territorio determinado. Así, la solución a la violencia pasa principalmente por el fortalecimiento del aparato coercitivo del estado para perseguir el crimen organizado y hacer cumplir la ley, ya sea mediante el ejército o la policía. Por otra parte, el marco interpretativo de la guerra contra las drogas enfatiza las dinámicas del mercado de las drogas derivadas de régimen internacional de prohibición y control de drogas. De manera que, la legalización de la producción, trasiego y consumo de drogas aparece como la solución más clara y directa para ponerle fin a la guerra.

Si bien es cierto que estos tres enmarcados han producido investigaciones que ofrecen importantes datos e imágenes de la barbarie de la violencia en México, la construcción de paz requiere menos estudios sobre la violencia y más propuestas creativas y holísticas que atiendan las causas de la violencia, transformen los conflictos y ayuden a construir relaciones positivas entre las partes.1

Un nuevo horizonte en la discusión pública se abre si se introduce una concepción más amplia del estado. Por ejemplo, algunos analistas han recurrido a la teoría de la formación del estado de Charles Tilly2 para argumentar que la violencia en México no surge de la guerra contra las drogas sino de la reorganización de la administración de la violencia y de la diversificación de las actividades criminales, la cual ha motivado una disputa entre bandas y poderes fácticos locales por el control de territorios y actividades. De esta disputa han surgido insurgencias criminales que han establecido gobiernos paralelos en los territorios que han conquistado.3

En efecto, de acuerdo con Tilly, las organizaciones criminales suelen articularse bajo las mismas tres lógicas que dieron origen a los estados-nación en Europa, estas son: hacer la guerra para capturar activos y territorios; financiar la guerra mediante el cobro de protección del peligro que ellos mismos producen (extorsión/impuestos); y construir instituciones de gobierno para mantener el orden en los territorios capturados. El problema con el discurso de seguridad que predomina es que reduce el problema de la violencia casi exclusivamente a la parte de la guerra, pasando por alto las actividades de protección y construcción de estado que han permitido la consolidación de las bandas criminales en diversos territorios del país.

Este marco interpretativo ha sido rechazado por algunos analistas por diversas razones. Las dos que me parecen más relevantes son: i) que las insurgencias criminales justifican estrategias de contrainsurgencia que refuerza la lógica de militarización de la paz4 y ii) que las organizaciones criminales no pueden ser equiparadas a insurgencias porque no tienen el objetivo de ocupar formalmente las instituciones del estado.5

La primera objeción tiene sentido si se insiste en la noción de estado mínimo. Sin embargo, una concepción del estado más amplia permite observar que el surgimiento de la amenaza externa no solo se explica por la debilidad de la fuerza coercitiva del estado para controlar a las bandas criminales, sino también por la base social que el crimen ha conseguido a partir del mal desempeño o retraimiento del estado mexicano en actividades de generación de inclusión social, oportunidades dignas para los jóvenes, identificación efectiva y representación política. Por otra parte, la segunda objeción sería validad si las bandas criminales necesitaran ocupar formalmente las instituciones del estado para establecer gobiernos paralelos en los territorios en donde el estado ha dejado espacios vacíos de legitimidad y legalidad. Pero la evidencia muestra que se puede controlar un territorio sin necesidad, por ejemplo, de ser alcalde de un municipio.

Así pues, una noción más amplia del estado permite observar que estructuras económicas, sociales, políticas e incluso culturales que producen precarización de la vida y exclusión instigan la violencia. Sin embargo, hay quien piensa que este marco interpretativo tiende a criminalizar a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Esta conclusión solo se sostiene bajo el presupuesto liberal de que las personas son individuos plenamente autónomos cuyas decisiones no están limitadas por el contexto y estructuras sociales. Pero si abandonamos este presupuesto, podemos aceptar que la débil capacidad del estado mexicano, en la creación de bienestar para todos, ha propiciado la exclusión de amplios sectores de la población y les ha dejado como únicas oportunidades de integración la economía informal y la economía criminal.

 Dicho de otra forma, la falta de mecanismos de integración social ha roto la capacidad de las comunidades para absorber los efectos negativos de eventos extraordinarios, como la guerra por el control de actividades criminales. Hay investigaciones empírica conocidas que muestra la relación entre desigualdad y violencia,6 sin embargo, no suelen ser integradas al debate público porque no coinciden con la idea de que el estado es (casi exclusivamente) una comunidad que exitosamente reclama el monopolio de la violencia.

En suma, introducir una concepción más amplia del estado abre la puerta para reformular nuestras hipótesis y valorar la importancia de incluir en el análisis las causas sistémicas y subyacentes de la violencia. Aún hay mucho que decir sobre las oportunidades y herramientas que este cambio de marco interpretativo abre para pensar alternativas de construcción de paz.

 

Luis Gabriel Rojas
Doctor en Gobierno por la Universidad de Essex.


1 Galtung J (1985) The  Next  Twenty-Five  Years  of  Peace  Research: Tasks and Prospects. Department of Politics, Princeton University. November 1985.

Lederach JP (2005) The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace. Oxford, MA: Oxford University Press, 2005.

2 Tilly C (1985) War making and state making as organized crime. In Theda Skocpol (ed.) Bringing The State Back. Cambridge: Cambridge University Press.

3 Bunker, Robert J. 2011. ‘‘Criminal (Cartel & Gang) Insurgencies in Mexico and the Americas: What You Need to Know, Not What You Want to Hear.’’ Testimony Before the House Foreign Affairs Subcommittee on the Western Hemisphere, Washington, DC, September 13.
Sullivan, John P., and Adam Elkus. 2008. ‘State of Siege: Mexico’s Criminal Insurgency.’ Small Wars Journal 12. Accessed May 19, 2015.

4 Shirk D and Wallman J (2015) Understanding Mexico’s Drug Violence.  Journal of Conflict Resolution 59 (8): 1348–76.

5 Lessing, B. 2015. Logics of violence in criminal war. Journal of Conflict Resolution, 59(8), 1486-1516.

6 de Hoyo R, Halsey R and Székely M (2016) Out of School and Out of Work : Risk and Opportunities for Latin America’s Ninis.World Bank, Washington, DC.
Enamorado T, López-Calva L and Rodríguez-Castelán C (2014) Crime and growth convergence: Evidence from Mexico. Economics Letters 125(1): 9-13.
Merino J and Gómez Ayala V (2012) ‘Ninis’ y violencia en México: ¿nada mejor que hacer o nada mejor que esperar? En: Aguilar JA (ed.), Las bases sociales del crimen organizado y la violencia en México, Mexico: México, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Centro de Investigación en Estudios en Seguridad (CIES), pp. 133–185
Osorio J (2012) Las causas estructurales de la violencia. Evaluación de algunas hipótesis. En: Aguilar JA (ed.), Las Bases Sociales del Crimen Organizado y la Violencia en México, Mexico : Centro de Investigación y Estudios en Seguridad–Secretaría de Seguridad Pública, pp. 73–132.