Resulta sencillo imaginar las razones que explican la recepción positiva que el populismo penal tiene en México. Un país marcado por cifras récord en homicidios y un sistema de justicia que investiga solo uno de cada 10 delitos es propicio para los discursos de mano dura. Ante este escenario, es necesario preguntar ¿qué tipo de sociedad se ha construido en un contexto marcado por doce años de guerra y una impunidad generalizada? ¿Qué esperan las personas de las instituciones de seguridad y justicia? ¿Retribución o perdón? ¿Incapacitación o reinserción? Aunque la pacificación y la disminución del crimen son objetivos compartidos, existe una significativa divergencia entre la ruta que recomienda la evidencia académica y aquella que demanda un sector de la sociedad cansada de vivir bajo la amenaza permanente del crimen y la violencia. En las recientes elecciones, ante la incredulidad de muchos, más de dos millones de personas dieron su voto al candidato presidencial que propuso incluir la amputación en el catálogo de sanciones del país. Vale la pena reflexionar sobre las posibles consecuencias de dicha divergencia, sobre todo en términos de su impacto en la legitimidad de las instituciones1 y en la posibilidad de construir un consenso sobre cómo esperan las personas que el Estado responda frente al delito. 

Ilustración: Jonathan Rosas

Las instituciones de seguridad y justicia del país tienen ante sí una clara disyuntiva: la posibilidad de realizar un proceso serio de evaluación de resultados para rescatar acciones valiosas y apostar por estrategias innovadoras que corrijan los errores del pasado, o repetir sin cuestionar las estrategias recurrentes que han dado resultados magros. Por una parte, la reforma penal de 2008 –en su dimensión garantista– y la agenda planteada por la administración que resultó electa en julio de este año proponen una ruta que parece sensible a la evidencia y que consiste en explorar alternativas al enfoque punitivo que ha caracterizado las labores de seguridad y justicia en México. La reforma penal contempla mecanismos que exploran formas distintas de entender y construir la justicia, en específico introducir un enfoque que priorice la reparación del daño provocado por el delito y la reinserción del ofensor. En un tenor similar, la administración federal electa se ha pronunciado por impulsar la justicia transicional y, en particular, comisiones de la verdad y una ley de amnistía para intentar resolver las consecuencias desastrosas de los sexenios anteriores.

Por otra parte, la incapacidad institucional para responder al fenómeno delictivo ha consolidado una agenda que demanda mano dura. Pocas palabras fueron pronunciadas con tanta insistencia durante las últimas campañas electorales como la palabra “populismo”; sin embargo, su análisis fue en su mayoría abstracto o superficial y prefirió evocar una amenaza vaga en lugar de reparar en la disección de expresiones populistas concretas y muy reales en el país, como su vertiente penal.2 El populismo penal –entendido como el discurso que promete una expansión del aparato punitivo del Estado para enfrentar al delito por medio de la amenaza y el castigo– fue ignorado por las mesas de análisis político mientras era enarbolado cínicamente por diversos candidatos. Aunque la sencillez del argumento detrás del populismo penal (más castigo es igual a menos crimen) explica su popularidad, la realidad ha demostrado sus limitaciones. Los beneficios en términos de seguridad derivados del expansionismo penal son marginales. Basta mirar el caso de Estados Unidos, donde un gasto de 33 mil millones de dólares para mantener a casi dos millones de personas encarceladas en el año 2000, produjo los mismos resultados en seguridad pública que un gasto de 7.4 mil millones en el año 1975 para mantener encarceladas a un millón doscientas mil personas menos.3

A pesar de la evidencia, la demanda por políticas de mano dura y un enfoque retributivo es constante en la conversación pública. Esto debería preocupar por sus posibles consecuencias en términos de la relación entre las personas y las instituciones. En particular, por sus efectos sobre la posibilidad de construir legitimidad y consensos en torno a apuestas institucionales como la introducción de mecanismos de justicia transicional. Entre los distintos factores que determinan la existencia de legitimidad institucional, destaca la necesaria convergencia entre las expectativas de las personas y el comportamiento de las instituciones.4 Es decir, la legitimidad de las instituciones no solo es producto de los resultados institucionales (disminución del delito) o de la calidad de las interacciones entre las personas y las autoridades (justicia procedimental) sino también de la compatibilidad entre la actuación de las autoridades y las expectativas que las personas tienen sobre el papel que dichas autoridades juegan en la sociedad.5

Por ello es importante detenernos a pensar en las expectativas que se han construido en el país a partir de un aumento sostenido en los índices delictivos.6 Los procesos de socialización generan en las personas ideas específicas sobre lo que constituye un actuar “apropiado” de las autoridades y la valoración de la legitimidad de dichas autoridades es influenciada por el grado en el cuál su desempeño se ajusta a lo que las personas consideran como la conducta apropiada.7 ¿Sabemos qué quieren ver las personas como resultado de la interacción entre las autoridades y el crimen? No existen datos certeros que permitan determinar hasta qué grado la sociedad mexicana espera que las instituciones se conduzcan de forma implacable o magnánima ante el delito;8 sin embargo, es difícil suponer que las personas favorecerían procesos de reconciliación sobre mecanismos de retribución. De entre las distintas propuestas del gobierno electo, el perdón a delincuentes es la menos popular: la mitad de las personas se encuentran en contra de un posible perdón, aún bajo la salvedad de que éste únicamente se aplique a quienes delinquieron como consecuencia de las condiciones de pobreza.9

La socialización de 12 años de guerra puede explicar el rechazo a la justicia restaurativa o la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas, así como la indolencia de los operadores institucionales que han optado por ignorar estos temas al suponer que no interesan a la ciudadanía. Esta divergencia debe atenderse principalmente porque implica que, incluso si las instituciones optaran por dejar atrás las estrategias de mano dura y apostaran por acciones con enfoques alternativos, ello no necesariamente se traduciría en una mayor legitimidad institucional. De nuevo, la legitimidad que se produce a partir de la evaluación del actuar de las autoridades no se determina por el grado en que dicha actuación se ajusta a la ley o a lo que recomienda la evidencia, sino por el grado en el cual la conducta se ajusta a la expectativa que las personas tienen sobre la función de la autoridad, una expectativa que puede ser distinta o incluso contraria a la ley.

Decantarse por la exigencia de mano dura debe descartarse, no solo porque de por medio están una serie de reformas que obligan a construir una relación distinta entre el Estado y las personas, sino también porque la evidencia da argumentos de sobra sobre sus efectos negativos. La apuesta debe ser corregir la divergencia, aunque el proceso para hacerlo no parezca sencillo. En principio, habrá que reconocer el fracaso de las instituciones públicas, y su responsabilidad en la socialización de una idea de justicia entendida exclusivamente como retribución. Además, estamos obligados a estudiar cuáles son y cómo se están construyendo dichas expectativas sociales y desarrollar estrategias para intentar incidir en ellas. Esto obliga a cuestionar los límites de la socialización desde las instituciones; diez años después de la reforma penal de 2008, quienes han dado seguimiento al proceso tienen claro que los esfuerzos por comunicar determinados temas tendrán efectos marginales si no se acompañan de un compromiso real de las instituciones. No habrá reconstrucción de credibilidad institucional ni compatibilidad entre las expectativas sociales y los objetivos institucionales, cualesquiera sean, si no hay garantías de que las instituciones serán capaces de responder a dichas expectativas de forma sostenida y consistente. 

 

Carlos De la Rosa Xochitiotzi
Abogado por la UNAM, maestro por la Universidad de Yale y candidato a doctor por la misma universidad. 


1 La legitimidad institucional importa porque su existencia favorece la obediencia de la ley y la cooperación con las autoridades, entre otras conductas benéficas.

2 Una excepción fue el siguiente texto, Juan Espíndola Mata, Sobre el populismo punitivo, Revista Nexos (2018).

3 Vera Institute, The Prison Paradox: More Incarceration will not make us safer, (2017).

4 Ver Rick Trinkner, Jonathan Jackson & Tom Tyler, (2018) Bounded Authority: Expanding Appropriate Police Behavior Beyond Procedural Justice, Law and Human Behavior.

5 Sobre la relación entre la calidad de la interacción entre las personas y las autoridades, ver Carlos De la Rosa Xochitiotzi, Legitimidad y justicia en México ¿Qué nos falta? El Juego de la Suprema Corte, Nexos.

6 Me refiero a la población en general y no únicamente a las víctimas de los delitos.

7 Ver Rick Trinkner, Jonathan Jackson & Tom Tyler, (2018) Bounded Authority: Expanding Appropriate Police Behavior Beyond Procedural Justice, Law and Human Behavior.

8 Sabemos por ejemplo que los sectores sociales que han sido históricamente expuestos a mayores niveles de violencia son más proclives a apoyar politicas criminales punitivas. Ver Omar García Ponce, Lauren Young & Thomas Zeitzoff, (2018) Anger and Support for Punitive Justice in Mexico’s Drug War.

9 De acuerdo con la Encuesta del Periódico Reforma del 25 de julio de 2018.