Recientemente se ha ventilado la posibilidad de despenalizar las drogas.

Tras la declaración de la ex-ministra y futura secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, el tema ha acaparado los reflectores y casi en automático distintas opiniones se han hecho visibles. La mayoría consdera la medida como un paso necesario más no suficiente  para lograr la pacificación del país. Para examinar tal afirmación vale la pena empezar por el origen del marco regulatorio en materia de drogas en México, sus consecuencias, y finalmente los posibles efectos de su transformación.

A partir de los años 20, la regulación de las drogas se ha desenvuelto en función de un régimen prohibicionista impulsado fundamentalmente por Estados Unidos, quien hasta hoy ha mantenido una presión por la permanencia de esta contención. Las consecuencias, ampliamente documentadas han sido, entre otras, el surgimiento de un mercado ilegal de droga, la criminalización de los consumidores y más recientemente la militarización de parte de las tareas de seguridad pública como medida de control ante la insuficiencia de las instituciones del sector.

Ilustración: Izak Peón

México se adhirió a un régimen que demandaba más de lo que el país podía proporcionar pero fue hasta la última década cuando la magnitud del problema quedó al descubierto: un país azotado por la inseguridad y la autoridad rebasada por un problema con cuya creación contribuyó.

La violencia como atributo del mercado ilegal de drogas no siempre fue la regla. Durante la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (1930-1985), éste controló al crimen organizado, a través de la venta de protección a cambio de una porción de sus ganancias y la obediencia irrestricta a la autoridad. La aparición de una nueva oposición política modificó las relaciones entre criminales y autoridades. En una importante aportación, Angélica Durán Martinez señala que la descentralización del régimen político generó incertidumbre en torno al suministro de protección de la aplicación de la ley, y bajo este nuevo esquema, los criminales debían ceder sus ganancias a más participantes sin tener la seguridad que gozaban anteriormente. Como consecuencia, las organizaciones criminales buscaron la independencia de las autoridades y con ello, el uso de la violencia para estructurar el mercado se volvió asequible y cada vez más frecuente. La violencia pasó a ser utilizada para eliminar adversarios, defender territorios, imponer disciplina, y asumir el mando de las organizaciones criminales.

A pesar de que es cierto que la violencia es más propensa en un mercado ilegal que en su contraparte, la violencia atribuida a las drogas en México fue producto de la transformación de las relaciones entre los participantes relevantes, no de la juridicidad del mercado. Existen numerosos casos de mercados ilegales carentes de violencia, por ejemplo el de animales en Sudáfrica y Namibia, o el de drogas en Australia y Birmania. Asimismo, se da el caso de mercados legales con fuerte presencia de violencia, como la extracción de minerales en Sierra Leona y Liberia.

Lo anterior es fundamental para entender el impacto potencial de la despenalización sobre los niveles de violencia. Para que la despenalización contribuya a la pacificación del país debe modificar las relaciones existentes de tal manera que la violencia deje de utilizarse con un medio para lo que tradicionalmente se ha utilizado. La despenalización implica liberar de un castigo a quienes consuman, posean o —en determinados casos— produzcan drogas dentro del país, lo cual sería una victoria para la autonomía y libertad individual que debe valorarse positivamente. Se trataría de un primer paso para abolir el régimen prohibicionista que a todas luces ha generado fatales consecuencias para nuestra democracia.

Sin embargo, más allá de esta importante victoria, debe evaluarse el impacto de la medida sobre los niveles de violencia. Me limitaré a hablar de algunos de muchos posibles escenarios que pueden surgir tras la despenalización del consumo y posesión de droga:

a) Despenalización del consumo:
La medida permitiría liberar recursos policiales destinados a la persecución del consumidor para que sean destinados al seguimiento de otros delitos violentos, lo cual, de implementarse correctamente, generaría una disminución en la incidencia delictiva.

b) Despenalización de la posesión:
La medida podría incentivar la entrada de nuevos participantes al mercado de venta de drogas, particularmente individuos con interés de realizar ventas de manera independiente a una organización. Si tales ventas se realizan en un espacio y territorio predecible (la esquina de una calle, o una casa) podría esperarse un aumento en la violencia, debido a la disputa territorial que generaría con otros participantes que pelean por una participación determinada del mercado. Sin embargo, si el vendedor tiene la habilidad de acordar la ubicación para realizar la transacción con su cliente, el riesgo de que se cometan actos violentos es casi nulo. Un ejemplo es el caso del mercado de crack en EEUU.

Por otro lado, existe la sospecha de que los ingresos de las organizaciones criminales serían negativamente afectados tras la medida. Suponiendo lo anterior, la entrada de nuevos participantes capturaría apenas una minúscula parte de los ingresos de aquellas organizaciones que se dedican a la producción y trasiego de droga, además del narcomenudeo, y que mantienen presencia en mercados internacionales —de donde provienen sus principales ingresos. Es diferente el caso de organizaciones que se dedican exclusivamente a la distribución en territorios reducidos, las cuales podrían resultar afectadas, aunque a niveles inciertos. Por el contrario, si las organizaciones existentes se percatan de la identidad de los nuevos participantes y las instituciones de seguridad se mantienen incapaces de protegerlos, la despenalización podría terminar desatando más violencia, un resultado totalmente contraproducente.

Lo cierto es que las principales fuentes de violencia en México provienen de factores que difícilmente se verían afectados por la medida, como la defensa de rutas claves para el trasiego de droga hacia el exterior, las disputas para definir el mando de una organización, o la lucha por obtener la protección efectiva de la autoridad. Dichos factores son desencadenados por alteraciones en la balanza de poder, impulsadas tanto por el Estado como por los grupos criminales. 

La despenalización es un cambio de ruta en la dirección correcta; un parteaguas para superar un paradigma agotado que debe complementarse con una adecuada política de seguridad pública y con una política social que atienda las causas estructurales del problema. La configuración actual que promueve el uso de la violencia como vía para ordenar el mercado puede ser exitosamente modificada. Además de despenalizar, es inaplazable una intervención que resuelva la debilidad de las instituciones de seguridad. La crisis de violencia demanda instituciones que formen profesionales que contribuyan a disuadir de manera creíble a las organizaciones criminales y sean capaces de lograr sus objetivos de manera coordinada y eficiente.

 

Manuel Durazo Bermudez
Premio Nacional de la Juventud 2010.