noviembre 26, 2018

Seguridad y derechos: otra vez, el falso dilema

La creciente criminalidad y la sensación de un miedo permanente han servido a la cultura punitiva como caldo de cultivo. En estos días vemos con más fuerza el resurgimiento de debates que se consideraban superados y que alientan el uso de medidas restrictivas de derechos, el uso de la fuerza y la prisión, como las únicas formas de alcanzar la seguridad y la justicia.

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El impacto de la presencia del Ejército en actividades de seguridad pública ha sido documentado ampliamente por instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Gracias al trabajo de estas instituciones, hoy se sabe que en los estados donde el Ejército tuvo presencia en la implementación de Operativos Conjuntos durante el periodo de 2007 a 2010, los homicidios dolosos aumentaron considerablemente.

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enero 15, 2018

Nace el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática

La evidencia disponible permite afirmar más allá de toda duda que las políticas de seguridad en México van a la deriva. El país está secuestrado por un patrón inercial político y social que recarga la expectativa de recuperar la seguridad en el crecimiento de los recursos y en el uso de la fuerza, aunque tal expectativa carezca de fundamentos racionales.

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Es muy difícil encontrar diagnósticos adecuados y ni qué decir de políticas basadas en evidencia sin información adecuadamente sistematizada a nivel local, si la policía de investigación —que depende del ministerio público estatal— poco comparte inteligencia o conocimiento con las policías municipales, y si prácticamente no existe ninguna fuente oficial a nivel local que permita a las instituciones conocer los factores de riesgo delictivo o la percepción de los habitantes de su municipio o región.

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agosto 14, 2017

Cambios de gobierno e incidencia delictiva en México

Con frecuencia, la falta de continuidad de los programas y políticas exitosas de los gobiernos salientes afecta negativamente sus resultados. De igual forma, el mantenimiento del statu quo de la administración estatal que se va, puede no ser adecuado ante escenarios de incidencia delictiva creciente.

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