0-89: La denuncia anónima como política contra la extorsión

A meses de concluir el año 2025, los datos del Inegi y del CNI (SESNSP) confirman un  descenso en el delito de homicidio doloso. Los datos mensuales del CNI revelan una tendencia de reducción significativa en casi todos los delitos de alto impacto. Ambas son muy buenas noticias para México.

Aún así, hay espacio para mejoras. En julio de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que, “la extorsión está entre los pocos delitos que los mexicanos aún no hemos podido disminuir”. Lejos de ser un fracaso, esa admisión permite medir y mejorar. En la misma línea, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad, detalló que se estaba trabajando en una Estrategia Nacional contra la Extorsión, entre la cual se encuentra la Línea Nacional 0-89 de Denuncia Anónima.

Comparto aquí mis reacciones en mi calidad de extitular del CNI, cuando le propusimos al expresidente López Obrador el despliegue de esta línea, tomando como base la capacidad instalada de los 192 C4 y C5s de todo el país. El 0-89 permite recibir llamadasanónimas desde cualquier teléfono para canalizarlas a las autoridades competentes. La línea ya existía desde 2005, pero nadie la tomaba en serio.

Pocos días después del anuncio del Secretario, el 0-89 ya ha recibido más de 32 mil denuncias anónimas de extorsión, superando -por mucho- las carpetas de investigación que abren y reportan las 32 fiscalías estatales al CNI. Esto muestra la evidente debilidad institucional de las fiscalías, y el valor de la denuncia anónima como instrumento indispensable para medir y combatir los delitos vinculados con el crimen organizado cuando la víctima o testigo temen identificarse. En este artículo explico qué es la extorsión, de dónde viene el 0-89, y por qué creo firmemente que la Presidenta hace bien en poner a esta línea al centro de la nueva Estrategia.

Sabemos poco de la extorsión pese a su alto impacto. Las encuestas de victimización del Inegi, como la ENVIPE y la ENVE, muestran un panorama más grave que datos reportados por las 32 fiscalías. Hoy, la extorsión es el tercer delito más frecuente en el país, con una tasa de casi 6 mil casos por cada 100 mil habitantes (2024). De seguir esta tendencia, en 2025 superará al robo/asalto en la calle/transporte público como el segundo delito más común. El delito más frecuente cometido contra las empresas mexicanas, representando casi 26 % del total, operando como un impuesto cobrado por el crimen que recae, principalmente, sobre las MIPYMES. El delito con  mayor pérdida social con un costo de 15 y 21 mil millones de pesos, cada año (ENVIPE, 2025), superior a las transferencias del SESNSP a estados y municipios vía FASP y FOFISP.

A pesar de su alta incidencia en las encuestas del Inegi, la extorsión apenas figura en los registros oficiales. El reporte de “Incidencia Delictiva” del CNI sólo registra las carpetas que los MPs quisieron abrir en las 32 fiscalías locales. En 2024, se registraron menos de 11,000 carpetas en todo el país (CNI), frente a los 5.7 millones de delitos estimados por la ENVIPE. La «cifra negra» alcanzó 97 % en 2024. Esto significa que 97 de cada 100 extorsiones no se denuncian, o se denunciaron pero el MP no quiso abrir carpeta.

Estos registros, pese al esfuerzo técnico, no son un buen proxy de la actividad criminal: funcionan más como indicador de capacidad institucional que de incidencia real. Un número bajo de carpetas puede significar dos cosas opuestas: (1) poca extorsión o (2) fiscalías débiles que no registran los delitos, distorsionando el mapa de riesgos.

Esta distorsión genera un costo de oportunidad: autoridades que cantan victoria donde hay problemas y asignan mal recursos, dejando desprotegidas las “zonas de silencio” donde domina la gobernanza criminal.

En este contexto, ¿cómo resolver lo que no se conoce? Como Titular del CNI, propuse empezar por construir datos, no perfectos pero sí los más completos posibles, considerando Covid y recursos limitados. Así, la denuncia anónima emerge como la herramienta más potente para conocer y combatir la extorsión.

La pregunta obvia es por qué, si la solución es tan buena, no se aplicó antes. El potencial de la denuncia anónima se ha desaprovechado por barreras institucionales y ciertos dogmas, como los siguientes.

• Resistencia de los MPs. Las 32 fiscalías suelen rechazar denuncias anónimas. Alegan que, sin denunciante con nombre y rostro, faltan elementos testimoniales para sostener una investigación. Es un argumento anacrónico, pero real.
• Desdén por los patrones. La visión ministerial ignora el poder de la repetición. El enfoque correcto —usado en muchos países— es repetición-priorización: una denuncia aislada puede ser falsa, pero si el mismo hecho se reporta miles de veces por distintas personas y con el mismo modus operandi, aumenta su probabilidad de verdad. Con un Pareto 80/20, puede priorizarse lo que, con menor acción, genera mayor impacto social.

Con esta convicción, durante mi gestión como Titular del CNI transformamos la línea 0-89. Existía en el papel desde 2005 (sexenio de Fox), pero sin estandarización, sin alcance nacional y sin anonimato real. Aunque prevista en la Ley General desde 2005, se le veía como gasto superfluo. Nuestro objetivo fue convertirla en motor de inteligencia para la acción, acorde con la Ley de Inteligencia impulsada por Harfuch y recién vigente.

En marzo de 2020, el DOF publicó un Lineamiento CNI mediante el cual se hizo obligatorio el registro de datos para el combate a la extorsión. Para materializar esta visión, en 2020 relanzamos el 0-89 bajo una estrategia integral con 7 objetivos clave:

1. Garantizar el anonimato real y universal: Implementar las salvaguardas técnicas y procesales para proteger la identidad de los denunciantes, estableciendo así la base de la confianza pública.
2. Financiar con un Presupuesto Basado en Resultados (PBR): Transformar el 0-89 en una inversión con resultados medibles (informes de inteligencia generados, números telefónicos cancelados, cuentas congeladas), justificando así su presupuesto.
3. Promover la metodología HAF (Homologación, Automatización, Focalización): Establecer el núcleo operativo del sistema para procesar la información de manera eficiente y estratégica.
4. Conectar los datos con instancias de acción: Construir los canales de datos seguros para enviar inteligencia procesable a socios clave como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las fiscalías locales y los centros de comando (C4/C5).
5. Transformar cada llamada en una acción concreta: Instituir el principio de que cada pieza de información valiosa debe desencadenar un resultado tangible, ya sea la cancelación de un número, el congelamiento de una cuenta o el inicio de una investigación formal.
6. Medir y reportar el impacto: Crear un sistema de retroalimentación para evaluar la efectividad de la inteligencia proporcionada y mejorar continuamente el modelo analítico.
7. Fomentar una cultura de coproducción ciudadana de la seguridad: Posicionar el 0-89 no sólo como una herramienta de denuncia, sino como un mecanismo de participación activa de la sociedad en su propia seguridad.

Este modelo sistémico crea una cadena de valor ininterrumpida. Su ethos: convertir colaboración ciudadana protegida —con anonimato real— en inteligencia procesable para desarticular redes criminales con precisión.

¿Funcionó la política pública? Sí, con matices. De 2018 a 2023 el CNI impulsó un ecosistema que no existía: homologamos imagen, establecimos protocolos, firmamos convenios con el sector privado y logramos coordinación inédita entre UIF, SAT, SEGOB, CONASE, GN, COFEPRIS, ASEA, FGR, SSPC, PYRS, CENAPI y CNI. Hubo cuentas congeladas e importantes detenciones, reflejadas en el RND.

Queda mucho por hacer. La extorsión —en sus diversas modalidades— no es sólo pérdida económica: es un sistema tributario paralelo, ilícito y regresivo; un Estado en la sombra inaceptable para la décima economía del mundo, que aspira a liderar en turismo, exportaciones de alto valor y nearshoring.

Contener la extorsión sería no sólo un éxito en seguridad, sino también un acierto de política económica, competitividad y distribución del ingreso a favor de quienes menos tienen. Ahora sí: por el bien de todos, primero los pobres.

David Pérez-Esparza

Doctor en Ciencias de la Seguridad, egresado de la Facultad de Ingeniería de University College London (UCL), en Reino Unido. Fue titular del Centro Nacional de Información (CNI) del Gobierno de México.