A grandes rasgos, por cada delito del que tenemos conocimiento a través de la estadística delictiva oficial, existen al menos nueve que no se registraron y de los cuales jamás nos enteraremos. ¿Por qué más del 90 por ciento de los delitos cometidos no existen administrativamente?

Son dos las razones principales por las cuales muchos delitos no se reflejan en los registros oficiales públicos: la llamada “cifra negra” y el subregistro. La cifra negra es una estimación estadística sobre los delitos que no fueron denunciados o que no derivaron en una carpeta de investigación (antes denominada averiguación previa).

Por otro lado, el subregistro se refiere a que existe una diferencia entre el número de delitos denunciados y registrados por las autoridades respecto al número de delitos que se dan a conocer públicamente. En días pasados México Evalúa (2017) presentó evidencia sobre la presunta manipulación de estadísticas delictivas oficiales –específicamente de homicidios dolosos– publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y cuya fuente son las procuradurías de justicia de las 32 entidades federativas. De acuerdo con la organización, existen dos formas principales de manipular esta información: por medio de la eliminación de datos delictivos y la otra, la clasificación incorrecta de delitos. Ambos son indicativos de una importante debilidad institucional y uno de los principales obstáculos para la generación de una política sólida de prevención del delito.

La siguiente infografía presenta el camino que se sigue entre que se comete un delito hasta que éste se registra de manera oficial en el sistema estadístico y se da a conocer mensualmente al público por medio del SESNSP. Queda en evidencia la limitación de estos registros como insumo para diseñar estrategias efectivas de seguridad.

SIMO Consulting es una institución dedicada al análisis de fenómenos sociales y económicos desde 2007. Su misión es llevar a cabo investigación disruptiva para el cambio social, mediante la aplicación de diversas metodologías que alimentan la teoría del pensamiento radical; es decir, repensar los problemas sociales a partir de su origen y sus causas primarias.

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El populismo punitivo se refiere a una estrategia que da prioridad a objetivos político-electorales sobre la reducción del crimen. Uno de los ejemplos más llamativos es la política represiva contra las pandillas que los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) han implementado desde el 2002. El enfoque punitivo hacia la delincuencia es de larga data e incluye la adopción de leyes más severas y la participación del ejército en tareas de seguridad pública. En El Salvador, por ejemplo, las Fuerzas Armadas empezaron a apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) en 1993, supuestamente porque este nuevo cuerpo policial no estaba preparado para enfrentar la ola delincuencial de la posguerra. Si bien el despliegue militar no ha hecho más que crear una ilusión de seguridad, la intervención militar se ha prolongado por tiempo indefinido y parece haber eliminado cualquier incentivo para profundizar la reforma policial.

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Febrero 6, 2017

México, una sociedad extremadamente violenta

México ha experimentado un recrudecimiento de la violencia que ha significado un cambio substancial en su historia, transformando completamente el panorama del país desde comienzos del siglo XXI. Actualmente, grandes organizaciones criminales combaten abiertamente entre sí; se ha generalizado el uso del armamento de grueso calibre; se ha extendido el uso de tortura y exposición de cuerpos mutilados y los perfiles de las víctimas se han diversificado en un estado abierto de violencia (Rodríguez Ferreira, 2016). Así, la violencia a principios de este nuevo siglo cuenta con nuevas y distintivas características: es impredecible, cambia con el tiempo y entre regiones y sus actores son diversos y están impulsados por una amplia gama de motivos. La violencia en México se ha vuelto participativa y multipolar.

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Enero 16, 2017

Sherlock Holmes no es popular: 10 años de guerra

Comencemos por lo más básico: ¿por qué en México los militares intervienen de manera regular en tareas de seguridad pública y de procuración justicia? Las autoridades civiles no pueden enfrentar solas el poder criminal, se suele explicar. La respuesta a primera vista parece convincente y la usan por igual gobiernos y gobernados. Es la versión más común y a la vez la más precaria del asunto; se trata de usar el mayor poder del Estado para contener el mayor poder del crimen. Pura y simple lógica, parece, y lo que sigue es dar certidumbre jurídica a esos militares que vienen haciendo un servicio urgente y necesario. La propuesta de creación de la nueva ley de seguridad interior no es otra cosa que la consecuencia lógica y necesaria para dar al Estado el respaldo jurídico en esta misión extraordinaria, de cara a un poder delictivo igualmente extraordinario. El argumento parece claro y contundente.

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