Hace poco más de tres meses el país despertó con la noticia trágica de una balacera al interior del Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León. Un joven de 15 años baleó a su maestra y a tres compañeros, para luego dispararse en la cabeza. Una tragedia que no se había visto en México. De inmediato, las autoridades prometieron establecer medidas firmes para evitar hechos similares. Varios gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México anunciaron medidas para reforzar la seguridad en las escuelas públicas y privadas del país. Dentro de ellas, la más visible fue el restablecimiento del programa Mochila Segura, mediante el cual se revisan las mochilas de los estudiantes en los planteles escolares para evitar que porten armas o droga. En la misma línea, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó tanto al secretario de Educación como al de Gobernación para revisar los protocolos existentes con el fin de inhibir que los estudiantes puedan llevar armas a sus escuelas. Dos días después, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, anunció la construcción de cuatro Colegios Bachilleres Militarizados, bajo la justificación de que se debe dejar de evadir el problema y lo que se necesita es alejar a los jóvenes de la tentación de las drogas, darles oportunidades pero poniéndoles disciplina y así lograr “que no haya mamás alcahuetas, que no haya papás tampoco alcahuetes, que tengamos que acabar con eso”.

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