abril 10, 2017

Homicidios con armas de fuego: contraste de fuentes

Las estadísticas oficiales deben considerarse un pilar de los estados democráticos ya que resultan indispensables para una efectiva rendición de cuentas por parte de las autoridades, permiten evaluar el desempeño de las políticas públicas y contribuyen a generar certidumbre sobre el rumbo que toman los países en múltiples rubros. Por ello, sería de esperarse que todos los recursos institucionales —humanos, presupuestales y técnicos— alrededor de generación de las mismas contarán con un blindaje contra cualquier embate de orden político. Desafortunadamente en México este no es el caso. Las controversias surgidas en los últimos meses surgidas alrededor del INEGI como la relativa al módulo de condiciones sociales de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) o la postulación de Paloma Merodio para ocupar una posición en la junta de gobierno dan cuenta de las presiones que enfrenta esta institución, que por cierto es la principal generadora y difusora de estadísticas a nivel nacional.

Desafortunadamente las estadísticas oficiales en materia de seguridad no eluden a esta coyuntura, ya que factores como presiones políticas y omisiones técnicas contribuyen a la distorsión en el análisis de la criminalidad en nuestro país. Llevamos más de 10 años sumergidos en una crisis de violencia y derechos humanos que no ha podido ser contrarrestada por el desdén y la complicidad de nuestras autoridades y a su vez , ha evidenciado la relevancia de las organizaciones de la sociedad civil y la academia en el escrutinio de las políticas públicas y acciones de gobierno encaminadas a la pacificación. En este sentido que cobra relevancia el análisis de las estadísticas delictivas  en México ya que uno de los primeros eslabones para enmendar cualquier crisis o problemática radica en su adecuada medición.

El debate en México sobre los registros estadísticos sobre delitos en general y sobre el homicidio en particular lleva ya un tiempo alimentándose de interesantes contribuciones como las realizadas por especialistas en la materia como David y Furzsyfer que recientemente realizaron un análisis FODA sobre las mismas. A su vez, Gallegos elaboró un comparativo estadístico entre las cifras de homicidio proporcionadas por el INEGI y aquellas sobre homicidios dolosos difundidas por el SESNSP. Por su parte, organismos de la sociedad civil como el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) se han dado a la tarea de solicitar explicaciones en distintas ocasiones a los gobiernos estatales los motivos detrás de los ajustes y cambios que han realizado en las estadísticas delictivas, principalmente a los estados de Sinaloa y Querétaro.

Otros autores han resaltado la importancia de amplificar el espectro de estadísticas utilizadas para el análisis de la criminalidad, sugiriendo la utilización de los reportes policiacos como fuente informativa. En este sentido destaca el trabajo de Valle-Jones, quien en su proyecto Hoyo de Crimen utiliza estadísticas por cuadrante provenientes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para mapear distintos delitos a nivel colonia, así como los estudios realizados por Ayala y David quienes trazaron la ruta del delito en la CDMX identificando los tramos más peligrosos para trasladarse en distintos medios de transporte.

Como vemos, el tema no es nuevo y la insistencia por la obtención de más y mejores estadísticas delictivas debe continuar. Son pocas las autoridades de seguridad pública que ponen a disposición del público los reportes policiales para su análisis y validación. El SESNSP por su cuenta, ha pospuesto por razones desconocidas el lanzamiento de la nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos para fines estadísticos, misma que contendrá mayor desagregación en la información incluyendo características como el bien jurídico tutelado afectado, grupo etario (mayores o menores de edad) y sexo de las víctimas, así como la inclusión de nuevos delitos (feminicidio y aborto, entre otros) y nuevas variantes y modalidades de los ya existentes (robo a transeúnte en espacio abierto al público o en vía pública, secuestro exprés y extorsivo, homicidio culposo cometido en accidente de tránsito, violación simple o equiparada).

Las procuradurías y fiscalías estatales debieron haber adoptado la nueva metodología a partir de enero de 2017, sin embargo, este no fue el caso y no se sabe claro cuándo comenzará su utilización. Si bien la desagregación dista de ser lo suficientemente robusta (no incorpora las coordenadas lo que impide la georreferenciación de los delitos, no desagrega los grupos etarios en su totalidad, no incluye la hora, etc.) es un paso en la dirección correcta, ya que el formato utilizado actualmente data de 1997.

Esperando haber contextualizado al lector de manera adecuada, comparto a continuación los resultados de contrastar a nivel estatal y regional las cifras de homicidio doloso con arma de fuego difundidas por el SESNSP y las cifras de muertes por agresión con arma de fuego provenientes del INEGI para el periodo que corre de 2000 a 2015.

A diferencia de los datos relativos a otros delitos, podemos argumentar que los de homicidio tienen una subregistro mucho menor por dos motivos fundamentales. En primer lugar, este delito se persigue de oficio lo que obliga a las autoridades a iniciar una carpeta de investigación, lo que a su vez se refleja en la estadística delictiva. En segundo lugar, los homicidios tienen como subproducto un cadáver que no puede ser inhumado sin que medie un certificado de defunción. Estos dos elementos combinados arrojan mayor certeza en lo que a la cuantificación de este delito se refiere. Sin embargo, no hay que dejar de lado lo que ocurre con las fosas clandestinas en cuyo interior se han encontrado en los últimos años un gran número de cadáveres cuya identificación y contabilización es altamente compleja.

Este análisis gráfico ilustra las diferencias anuales a nivel nacional entre ambas fuentes: SESNSP e INEGI. Las estadísticas del SESNSP consideradas corresponden únicamente a carpetas de investigación y no a víctimas, ya que esta información solamente está disponible a partir de 2014. La información del INEGI proviene de su sistema de consulta para defunciones por homicidio y considera exclusivamente los datos circunscritos en el rango X930 a X959 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) en su décima edición (los rangos de desglosan al final del texto). El análisis se presenta a nivel entidad federativa y regional en términos absolutos.

Gráfico 1

Elaboración propia con base en INEGI y SESNSP.

Este primer gráfico (Gráfico 1) nos permite observar el marcado crecimiento de las diferencias entre 2008 y 2013, que corresponde con el aumento en la tasa de homicidio en México. En este lapso el INEGI reportó 89 mil 249 homicidios con arma de fuego en tanto que el SESNSP dio cuenta únicamente de 61 mil 16 homicidios dolosos cometidos con el mismo tipo de arma: una diferencia equivalente a 31.7 por ciento que confirma la importante y delicada subrepresentación de las estadísticas recopiladas por las procuradurías y fiscalías estatales publicadas por el SESNSP.

Si se considera la longitud completa del periodo (2000-2015) se tiene que las diferencias en términos absolutos suman 49 mil 764 registros (Gráfico 2), equivalentes también a una subregistro del 32 por ciento.

Gráfico 2

Elaboración propia con base en INEGI y SESNSP.

Al iniciar la desagregación a nivel regional, utilizando para ello las cinco zonas delimitadas por la SEGOB para fines de seguridad pública al inicio de este sexenio (noreste, noroeste, centro, occidente y sureste), podemos observar que las regiones noreste y sureste presentan los menores niveles de subestimación, al promediar sus diferencias 238 y 432 registros anuales a lo largo del periodo. Por el contrario, la región con mayor subestimación es la noroeste al promediar 927 registros de diferencia por año.

Gráfico 3

Elaboración propia con base en INEGI y SESNSP.

Es posible observar que a partir del periodo 2008-2009 inicia una tendencia al alza en las subestimaciones en todas las regiones, salvo la región centro, donde las subestimaciones comienzan en 2010 (Gráfico 3). Sin embargo, las regiones con mayor y menor subestimación (noroeste y noreste) comienzan a mostrar reducciones en las diferencias en el último tramo del periodo en los años 2011 para la zona Noroeste y 2013 para la región Noreste colocándose por debajo de sus promedios (268 y 927 registros respectivamente).

Posiblemente esto obedezca en buena medida a la contención de la epidemia de homicidios en algunos estados clave en ambas regiones, principalmente en Chihuahua para la región noroeste y Tamaulipas y Nuevo León para la región noreste. La lógica sería que, a menor número de homicidios totales, menor subrepresentación. Sin embargo, no podemos dejar de lado la posibilidad de que los datos hayan sido manipulados de manera deliberada como lo han señalado estudios recientes como el realizado por México Evalúa y cálculos como los de Galindo.

Respecto al volumen de homicidios por agresiones con arma de fuego contabilizados por el INEGI, el siguiente gráfico da cuenta de las tendencias por región tomando en cuenta únicamente esta fuente. Destaca lo sucedido en las regiones occidente, sureste y centro, cuyos niveles de homicidios crecieron en los últimos años mientras que las regiones noreste y noroeste ha prevalecido una tendencia a la baja a partir de los años 2011 y 2012. No quedan del todo claros los motivos por los cuales estas dos regiones presentan importantes decrementos que se sostienen a lo largo de los últimos años.

Gráfico 4

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.

El último de los gráficos (Gráfico 5) muestra las diferencias a nivel entidad federativa entre las dos fuentes de datos para todo el periodo, a partir de lo que podemos concluir lo siguiente:

  • Nueve entidades federativas tuvieron diferencias entre los registros del INEGI y los del SESNSP mayores al promedio de mil 555 registros por estado entre 2000 y 2015. Dichas entidades son: Chihuahua, Estado de México, Baja California, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y Ciudad de México.
  • Chihuahua, Estado de México, Baja California y Oaxaca concentran 28 mil 854 diferencias entre estas dos fuentes, equivalentes a 57.98 por ciento del total nacional.
  • Únicamente en tres entidades federativas las cifras de homicidios dolosos con armas de fuego provistas por el SESNSP superan a aquellas relativas a homicidios por agresiones con armas de fuego del INEGI: Sinaloa, Chiapas y Puebla.
  • El punto anterior parece aducir al hecho de que el INEGI registra de mejor manera las defunciones por agresiones con arma de fuego ya que así lo marca el agregado de 29 estados, aunque como se mencionó previamente es necesario considerar que el SESNSP registra carpetas de investigación que pueden incluir homicidios múltiples en tanto que el INEGI registra certificados de defunción.

Gráfico 5

Elaboración propia con base en INEGI y SESNSPs

Tomando nota de las limitaciones señaladas al inicio del análisis (comparación de certificados de defunción individuales versus carpetas de investigación que pueden o no dar cuenta de defunciones múltiples) es necesario advertir sobre las grandes diferencias que existen entre los datos del INEGI y los del SESNSP en algunos estados. Las estadísticas delictivas, en este caso, las relativas a los homicidios dolosos cometidos con arma de fuego, son un insumo crucial para la medición de este fenómeno. Tener diferencias de tal magnitud entre los registros disponibles genera distorsiones en la medición del fenómeno y pone en evidencia la falta de solidez técnica de las cifras provenientes de los ministerios públicos estatales.

Las estadísticas delictivas recopiladas por las entidades federativas y por la federación son hoy en día susceptibles a presiones de carácter político ya que los mecanismos de supervisión de las mismas son inexistentes y están sujetas a las voluntades de los gobernadores o funcionarios en turno: pueden manipularse al alza cuando hay requerimientos de subsidios y apoyos federales o a la baja cuando sobrevienen periodos electorales.

Por su relevancia, los datos relativos a los homicidios dolosos cometidos con arma de fuego deberían representar la “joya de la corona” en lo que a estadísticas delictivas se refiere, sin embargo, ya constatamos que existen diferencias importantes en los niveles que presentan las fuentes oficiales (INEGI y SESNSP) particularmente a partir del año 2008. Resulta entonces necesario seguir documentando las discrepancias y ejercer presión sobre las autoridades estatales a efectos de generar mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas en el proceso de captación y procesamiento de sus estadísticas, tal como lo señalan David y Furszyfer en su análisis, y como han insistido organismos de la sociedad civil como en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y  México Evalúa.

Finalmente, considero importante señalar que las estadísticas delictivas conforman tan solo una de las dimensiones necesarias para el estudio de la criminalidad y por si mismas no nos indican componentes ni realidades que trasciendan los niveles delictivos. El estudio a profundidad del fenómeno delictivo si bien hecha mano de las estadísticas, debe de considerar una mayor cantidad de variables (económicas, demográficas, sociales, territoriales, situacionales, entre otras) para su mejor entendimiento y no solo enfocarse en los niveles y tendencias del mismo.

Yani Limberopulos Fernández es maestro en Demografía por el Colegio de México e investigador en temas sobre seguridad pública y procuración de justicia.


1.- Las regiones se conforman de la siguiente manera

Centro: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala

Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas

Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora

Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas

Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán

2.- Los rangos de la CIE edición 10 que consideran las defunciones por homicidio con arma de fuego son

(X930) Agresión con disparo de arma corta en vivienda

(X934) Agresión con disparo de arma corta en calles y carreteras

(X937) Agresión con disparo de arma corta en granja

(X938) Agresión con disparo de arma corta en otro lugar especificado

(X939) Agresión con disparo de arma corta en lugar no especificado

(X940) Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en vivienda

(X944) Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en calles y carreteras

(X948) Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en otro lugar especificado

(X949) Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en lugar no especificado

(X950) Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas en vivienda

(X951) Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas en institución residencial

(X952) Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas

(X953) Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas en áreas de deporte y atletismo, áreas de deporte y atletismo

(X954) Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas en calles y carreteras

(X955) Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas en comercio y área de servicios

(X956) Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas en área industrial y de la construcción

(X957) Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas en granja

(X958) Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas en otro lugar especificado

(X959) Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas en lugar no especificado

 

3.- Las estadísticas sobre homicidios del INEGI pueden consultarse aquí y las del SESNSP aquí.

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abril 3, 2017

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El populismo punitivo se refiere a una estrategia que da prioridad a objetivos político-electorales sobre la reducción del crimen. Uno de los ejemplos más llamativos es la política represiva contra las pandillas que los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) han implementado desde el 2002. El enfoque punitivo hacia la delincuencia es de larga data e incluye la adopción de leyes más severas y la participación del ejército en tareas de seguridad pública. En El Salvador, por ejemplo, las Fuerzas Armadas empezaron a apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) en 1993, supuestamente porque este nuevo cuerpo policial no estaba preparado para enfrentar la ola delincuencial de la posguerra. Si bien el despliegue militar no ha hecho más que crear una ilusión de seguridad, la intervención militar se ha prolongado por tiempo indefinido y parece haber eliminado cualquier incentivo para profundizar la reforma policial.

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enero 16, 2017

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