Una de las necesidades que surgen cuando se aspira a políticas públicas más incluyentes es contar con instituciones en las que la ciudadanía confíe y a través de las cuales se sienta respaldada. Por ello, considerando que la policía es, en muchos casos, el primer contacto que la sociedad tiene con la autoridad, es importante contar con una institución que no sólo esté blindada en la mayor medida posible ante posibles actos de corrupción, violencia o cualquier otro tipo de delincuencia, sino que, además, genere mayor confianza e invite a la comunidad a participar activamente.

De acuerdo con la encuesta de confianza en las instituciones en México, realizada por Consulta Mitofsky, la policía (sin especificar federal, estatal o municipal) se encuentra como la tercera peor calificada, solamente después de los partidos políticos y la Cámara de Diputados, con un puntaje de 5.3, siendo el más alto posible de 10. Aunque resulta aventurado generalizar a todos los cuerpos de policía, dado que la experiencia de la población varía dependiendo de la corporación con la que se ha tenido contacto –municipal, estatal o federal–, para el público en general no existe distinción entre éstas, pese a los cerca de dos mil cuerpos de policía que existen en el país. Esta falta de confianza en la autoridad en términos generales tiene un impacto: el 94 por ciento de los delitos no se denuncian y de éstos, cerca del 17 por ciento de las víctimas reportó que no lo hizo por desconfianza en la autoridad.

Es así, que resulta pertinente conocer no solamente lo que se está realizando en México sino también mejores prácticas internacionales y dejar de ser autorreferenciales. De igual forma, entre más cercanos a México sean esos puntos de referencia, se podrá llegar a entender mejor los diversos retos que hay que afrontar para lograr avances institucionales y poder tener un parámetro de expectativas realistas, siempre y cuando se adapten a los contextos de cada situación con el objetivo de minimizar sus riesgos. En ese sentido, y retomando el tema de la confianza en la policía, sale a la luz el caso de la policía hondureña que, con el apoyo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, implementa un proceso de reforma estructural que logró aumentar significativamente los índices de confianza de la ciudadanía en su institución. 

En 2011, la Policía Nacional de Honduras (PNH) alcanzó dos máximos históricos cuando solamente 20 por ciento de la ciudadanía confiaba en esa institución (según la encuesta 2011 de Latinobarómetro) y a una tasa de 86 homicidios por cada cien mil habitantes, cuando el promedio en América Central era de 26. Unos años antes, en 2009, la corrupción policial en aquel país se plasmó, producto de conspiraciones en su interior, en el asesinato de dos piezas clave en el combate al narcotráfico: el zar antidrogas, Julián González y, posteriormente, el de su ex asesor, Alfredo Landaverde.

Este diagnóstico llevó a las autoridades de Honduras a emprender una reforma integral de la policía en busca de un cambio institucional sólido. Con este objetivo se enfocaron en los siguientes tres retos: 1) mejorar el sistema educativo policial; 2) dignificar su labor; y 3) crear mecanismos de participación ciudadana. 

En cuanto al primer aspecto, a las instancias de formación policial en Honduras se les conoce como “Academias de Policía” y cuentan con divisiones estructuradas de acuerdo con el perfil del elemento que se está formando. El sistema educativo policial da forma y a la estructura policial, por lo que resulta crucial cubrir todas las aristas: desde el sistema de selección de candidatos, hasta el perfil de egreso y los contenidos del programa académico.

Por ejemplo, su Instituto Técnico Policial (ITP), centro educativo de nivel básico pasó de tener requisitos de ingreso mínimos, a contar con un proceso de selección riguroso, en el que ahora se requiere que los aspirantes tengan el grado de bachillerato, aprueben un examen de admisión y pruebas de poligrafía, toxicológicas y de entorno socioeconómico. Asimismo, el periodo de formación se extendió de tres meses a casi un año, con una práctica de campo. Estos cambios se acompañaron de una revisión de las materias impartidas, que ahora cuentan con un enfoque de policía comunitaria y un enfoque de género y derechos humanos.

Más allá de estos cambios pedagógicos, resulta interesante analizar que también se llevó a cabo un proceso de dignificación del aprendizaje al mejorar las instalaciones de lTP. Ahora cuentan con la última tecnología para el entrenamiento tanto policial como académico, además de ofrecer la oportunidad para que estudiantes y profesores –que son tanto académicos de nivel universitario como policías de carrera, respectivamente–, conviven de manera armoniosa, precisamente fomentando un enfoque comunitario.

En cuanto a la tarea de dignificar la labor policial, el segundo objetivo, consiste en aspectos operativos y de incentivos económicos y sociales. Cuando hablamos de aspectos operativos nos referimos a la mejora de infraestructura en la que se desempeña la policía. Esto es, desde las estaciones y jefaturas de policía, hasta los laboratorios de investigación criminal. La PNH se ha enfocado en la remodelación de estos recintos para que las estaciones sean más cercanas a la comunidad y los oficiales de policía tengan un desarrollo integral. Además, contar con laboratorios más modernos, con especialidades que van desde dactiloscopia hasta balística, pasando por retrato hablado, permite tener una investigación criminal mucho más expedita y confiable, que desencadena mayores índices de judicialización, lo que la postre debería disminuir los índices de impunidad.

Por lo que respecta a los incentivos económicos, es de destacar el aumento salarial –casi un 80 por ciento de incremento en un periodo de cinco años para los policías de recién ingreso–, así como el incremento de programas sociales en beneficio de su familia (becas para sus hijos y actividades extra-académicas), cuestiones que elevan la moral de las fuerzas de seguridad pública. De esta manera se busca generar procesos de transformación en el perfil de recursos humanos y que los futuros aspirantes vean la carrera policial como una opción profesional y de vida.

Las dos transformaciones descritas anteriormente –la del sistema educativo y la dignificación policial– van acompañadas de un mecanismo sólido de participación ciudadana en la figura de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, que es el tercer eje de la reforma. La Comisión está compuesta por miembros de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, que son interlocutores válidos entre los diversos actores sociales y las autoridades de seguridad y justicia del Gobierno de Honduras seleccionados tras una serie de consultas con la propia sociedad civil. Su objetivo principal es fungir como una instancia para la reestructuración de la policía y construir plataformas de diálogo con la ciudadana. Con ello, se observa un enfoque de corresponsabilidad ciudadana, a través del cual la sociedad civil asume su tarea de no solamente exigir, sino ser parte de las soluciones al momento de diseñar e implementar las políticas de seguridad. Esto, conlleva a tener como un resultado tangible en la duplicación del índice de confianza ciudadana en la policía desde 2011, ahora casi el 40 por ciento de la población tiene confianza en la policía (Latinobarómetro, íbid).

En suma, la transformación policial es un proceso complejo en diversos ámbitos, tanto en el administrativo al interior de las propias corporaciones policiales, como dentro del aula. También es un proceso cíclico que requiere de sostenibilidad apoyada en la voluntad política y de generar el sentimiento de pertenencia entre los elementos de policía. Otro aspecto importante es el aspiracional entre la comunidad, de la cual, emanarán los futuros candidatos para lograr incrementar la confianza ciudadana en los cuerpos de policía.

Gustavo Mauricio Bastién Olvera es consultor del área de seguridad ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington DC.