Estados Unidos de América (EUA) ha utilizado a México como aliado, pero la mayoría de las veces como chivo expiatorio. Esto no es algo nuevo, es una constante histórica. Bajo esta tradición bilateral, con Donald Trump se alcanzarán los mayores niveles de hostilidad y afectación para a los mexicanos, sobre todo para los que viven y trabajan allá sin los documentos migratorios requeridos. Del recuento histórico quedan: la invasión de 1847 y la posterior cesión de más de la mitad del territorio; la invasión de Veracruz en 1914; la campaña xenófoba y antimexicana de los años treinta que concluyó con la aprobación en 1937 de la Marihuana Tax Act y con Lázaro Cárdenas del Río de este lado, cancelando los dispensarios que proporcionarían la cannabis a los adictos bajo prescripción y vigilancia médica. Los ataques racistas a mexicanos (hispanos) en los Ángeles en junio de 1943, conocidos como los Zoot Suit Riots y la acusación de inacción y corrupción de México ante el Opium Advisory Committee (OAC) de la Liga de las Naciones por parte del representante de los EUA, que dio origen a la primera campaña de erradicación de amapola y mariguana por parte del Ejército Mexicano en la década de los cuarenta y continuó hasta los años sesenta con el nombre de Canador: el programa de erradicación permanente de cannabis y adormidera.

Con estos hechos como telón de fondo, en septiembre de 1969 se estrenó en el escenario el nuevo paradigma de relación bilateral entre México y Estado Unidos: el modelo de Presión-reacción, que se ejecuta con alta visibilidad mediática desde que el presidente número 37 de los Estados Unidos, Richard Nixon, decidió sellar su frontera sur a través de la Operación Intercepción. Desde entonces esta tradición se reedita con  devoción republicana y sin admonición demócrata.

Nixon, al igual que Reagan, Bush padre, Bush hijo y Trump, escogieron la típica estrategia de “la ley y el orden” como su estandarte de campaña y programa de gobierno. Para los EUA, México era una fuente muy importante de opio y mariguana que de ser eliminada, demostraría el compromiso presidencial en la lucha contra las drogas. En 1969 en un discurso ante el Congreso, Nixon afirmó que las drogas “de un problema local esencialmente de policía” se “habían trasformado en una amenaza grave a la salud y la seguridad de millones de Americanos”. Así, la primera acción en su guerra contra las drogas fue destinar 30 millones de dólares y enviar los Departamentos del Tesoro y de Justicia a revisar en busca de drogas a uno de cada tres vehículos que cruzaban la frontera sur. Ante la medida unilateral, el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz llamó a la operación “un error burocrático” y luego declaró que se había creado “un muro sospecha entre nuestros pueblos”. La Operación Intercepción fue un ejemplo clásico de presión diplomática directa y amenaza de sanción económica.

El 28 de septiembre, una semana después de iniciada la operación fronteriza, Nixon y Díaz Ordaz se reunieron y acordaron que la operación debía concluir, aunque se prolongó hasta el 10 de octubre. México accedió a firmar los protocolos que cambiaron la Operación Intercepción por la Operación Cooperación, denominado localmente Operación Cóndor, programa orientado fundamentalmente a la erradicación de mariguana y amapola. Este episodio allanó el camino y probó la utilidad del modelo presión-reacción, utilizado constantemente en los años ochenta y con particular precisión en los noventa.

El 12 de febrero de 1985, el exactor John Gavin, Embajador de los EUA en México salió a los medios de comunicación para anunciar que el agente de la Drug Enforcement Administration (DEA) Enrique Camarena, había sido secuestrado y asesinado en Guadalajara, Jalisco. La respuesta de EUA fue cerrar la frontera con México el 16 de febrero a través de la Operación Intercepción II. Los EUA argumentaron que estaban buscando drogas, pero en realidad lo que estaban exigiendo era celeridad en la investigación del secuestro y homicidio del agente antinarcóticos. Las revisiones fronterizas concluyeron el 25 de febrero, tres días antes el presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado había establecido comunicación con su contraparte, el ex actor y presidente 40 de los EUA, Ronald Reagan. Al igual que la primera Operación Intercepción, la segunda tuvo como resultado una insignificante cantidad de drogas decomisadas, no así la amenaza y presión norteamericanas que generaron la reacción mexicana: el 5 de marzo, el cuerpo del agente Camarena abducido el 7 de febrero frente al consulado de EUA en Guadalajara, fue encontrado junto a los restos de su piloto mexicano, Alfredo Zavala en un paraje del estado de Michoacán.

En este contexto de alta visibilidad mediática generada por la introducción de grandes cantidades de cocaína a EUA y la aparición del crack en sus calles, el Congreso estadounidense aprobó en 1986 la Ley Antidrogas (Anti-Drug Abuse Act), cuya versión original incluía la pena de muerte para los grandes traficantes, postulado que fue rechazado por el Senado. Esta ley de carácter extraterritorial, establece como delito la elaboración o distribución de drogas fuera de los EUA pero que tengan la intención de ser introducidas en su territorio. Esta ley deja abierta la posibilidad de llevar ante su sistema de justicia, por cualquier medio que sea necesario, a cualquier persona que cometa delitos relacionados con drogas. Ejemplos de esta determinación extraterritorial fueron la abducción por parte de la DEA del mexicano Humberto Álvarez Machain para llevarlo y ser procesado por su supuesta complicidad en el homicidio de Enrique Camarena en suelo estadounidense, cargos de los cuales sería absuelto; o el extremo, iniciar una operación militar llamada “Causa Justa” el 19 de diciembre de 1989 para invadir Panamá y detener el 3 de enero de 1990 al entonces presidente, Manuel Antonio Noriega acusado de delitos relacionados con drogas y llevarlo ante la justicia estadounidense.

El 26 de octubre de 2006 George Bush, el presidente número 43 de los EUA presentó The Secure Fence Act –la Ley del Muro como se le conoció entonces– y señaló: “(la ley) Autoriza la construcción de cientos de miles de millas adicionales de valla a lo largo de nuestra frontera sur. Más barreras móviles, puntos de revisión e iluminación para ayudar a prevenir que gente entre a nuestro país ilegalmente. La ley autoriza al Departamento de Homeland Security a incrementar el uso de tecnología avanzada como cámaras y satélites y vehículos aéreos no tripulados para reforzar nuestra infraestructura en la frontera. Estamos modernizando la frontera sur de los Estados Unidos para podamos asegurar al pueblo americano que estamos haciendo nuestro trabajo para asegurar la frontera”.

El 25 de enero de 2017 Donald Trump, actual presidente norteamericano firmó la Orden Ejecutiva denominada Border Security and Immigration Enforcement Improvements, algo así como Seguridad Fronteriza y Mejoramiento de la Aplicación de Leyes Migratorias, que en su sección 1 señala:“La seguridad en la frontera es críticamente importante para la seguridad nacional de los EUA. Extranjeros que entren ilegalmente a los EUA sin revisión o autorización representan un riesgo significativo a la seguridad nacional y a la seguridad pública. Estos extranjeros no han sido identificados o inspeccionados por agentes federales de inmigración para determinar su calidad de admisión a los EUA. El reciente incremento de inmigración ilegal en la frontera sur con México ha significado una presión a los recursos federales y sus saturadas agencias responsables con la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias, así como de las comunidades locales en las cuales la mayoría de los extranjeros se distribuyen.” Y para que no quede duda, en la sección 3 establece que “Wall” (muro) debe entenderse como un muro físico contiguo o cualquier otra barrera física segura, contigua e impenetrable” en la frontera entre Estados Unidos y México.

Debe quedar claro que el problema que México enfrenta no es sólo Donald Trump o su incontinencia tuitera, sino una política pública de Estado hoy defendida y aplicada por una legión de estadounidenses en posiciones de élite que tienen como doctrina y principio el considerar a los extranjeros –y particularmente a México y su población– una amenaza a la integridad de “su” proyecto histórico.

Para clarificar este punto y más allá de la recomendación siempre bienvenida de Carlos Slim para leer los libros de Donald Trump, mi sugerencia es revisar los textos del respetado profesor Samuel Huntington, quien luego del éxito de su libro El choque de civilizaciones (Clash of civilizations) siguió adoctrinando a las élites estadounidenses con su libro ¿Quién somos? (Who are we?), donde con aparente ciencia reflexiona lo siguiente, haciendo referencia a un publicista estadounidense de origen mexicano: “La continuación de altos niveles de inmigración mexicana e hispana, más los bajos niveles de asimilación de estos inmigrantes a la sociedad y cultura americanas, podrían eventualmente convertir a América en un país de dos idiomas, dos culturas, dos naciones. Esto no sólo transformará América. También traerá profundas consecuencias para los hispanos, que estarán en América pero no en ella. (Lionel) Sosa concluye su libro El Sueño Americano alentando con estas palabras a los emprendedores hispanos. “¿El sueño americano? Existe, es una realidad, y está ahí para compartirlo con todos nosotros”. Pero está equivocado. No hay “American Dream”. Sólo existe el Sueño americano creado por una sociedad Anglo Protestante. Los mexicoamericanos compartirán y estarán en esa sociedad sólo si ellos sueñan en inglés”.

Al buen entendedor sólo le queda redefinir la manera en que enseñamos, aprendemos y actuamos en materia de seguridad nacional; de lo contrario, seguiremos cada temporada teatral representando el papel de chivo expiatorio con el libreto y parlamentos que nos indique nuestro guionista y vecino del norte.

Mario Arroyo Juárez es especialista en seguridad y política criminológica. Integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C.