Aún estamos a tiempo de redirigir las naves desde los tres niveles de gobierno para tener un país menos violento. El año que inicia ofrece una última oportunidad antes de que no se hable y piense en otra cosa más que en el proceso electoral de 2018. Aunque aún no se publican las cifras delictivas de diciembre pasado, en 2016 fueron asesinadas por lo menos tres mil personas más que el año anterior1 y la tasa de victimización a nivel nacional es prácticamente la misma desde 2013 de acuerdo con la medición más reciente del INEGI.2 Mi propuesta es la siguiente: dejemos de hablar de prevenir el delito y la violencia en México. Así como se lee. Cuanto antes, mejor. Primero explicaré por qué lo creo y después, qué propongo en su lugar.

La prevención del delito llegó a ser el spin o la tendencia discursiva del sexenio en materia de seguridad. Escuchamos de ella de boca del presidente, del secretario de Gobernación, de gobernadores y alcaldes. Todo mundo hace prevención y la prevención está en todos lados, o al menos eso podríamos pensar. En septiembre de 2015 el alcalde interino de Acapulco, Luis Uruñuela, declaró: “Por supuesto que estamos previniendo, es una obligación que nos corresponde, en eso estamos. (…) no estamos de brazos cruzados”. Hoy, el puerto sigue siendo de los tres municipios más violentos del país.

Prevenir el delito y la violencia es, necesariamente, reducir el número de víctimas y victimarios. Esto se puede lograr si se atienden sus causas de raíz a nivel individual, familiar y comunitario. También y hasta cierto punto, con disuasión y contención a cargo de las instituciones de seguridad y justicia. Esto quiere decir que tomar el tema en serio implica que instituciones a nivel federal, estatal y local intervengan simultáneamente en más de un ámbito de la vida de miles de mexicanos. No es poca cosa, pero me parece que nuestros gobernantes han optado por explotar el término en el discurso, sólo eso. ¿Dónde está la tan aclamada prevención? ¿Alguien puede verla, aterrizada y concreta? Por mucho, se habla más de ésta de lo que se lleva a cabo.

Dicho esto, va mi propuesta: que todo funcionario que hable del tema desde cualquiera de los tres niveles de gobierno –secretario de Gobernación, comisionado nacional de Seguridad, o titular de la oficina para la prevención del delito del estado o municipio– lo haga en los siguientes términos:

¿Cuántos individuos que cumplieron una sentencia recibieron una capacitación que les permita emplearse? ¿Cuántos jóvenes que se encontraban en conflicto con la ley retomaron sus estudios? Y a partir de esto, ¿cuántos se reintegraron a sus comunidades con éxito un año después?

¿Cuántas familias con violencia en su interior reciben el apoyo terapéutico que requieren y cuántos niños con problemas serios de conducta en la escuela? ¿Cuántos hijos de individuos que cumplen una sentencia en la cárcel reciben atención integral?

Incluso, dado nuestro contexto, sugiero que vayan aún más lejos: ¿cuántos individuos dejaron las filas de la delincuencia común, de la organizada o de pandillas violentas como resultado programa de reintegración? Finalmente, ¿cuántas víctimas menos?

Sólo después de haber completado estos procesos –como parte de estrategias de reducción de delitos específicos– podremos esperar un impacto y, entonces sí, hablaremos de menos víctimas y victimarios. Antes de eso, la prevención se reduce a una tendencia en el discurso sobre seguridad en México.

En diciembre pasado hice esta propuesta durante un foro para jóvenes emprendedores sociales en Tijuana, Baja California. Quien se encargó de la relatoría digital no pudo haber resumido el mensaje de mejor manera: tenemos que dejar de hablar sobre prevención de la violencia y comenzar a hablar de resultados contra la violencia.

Presidente, gobernadora, gobernador, alcaldesa, alcalde: no esperen un día más para empezar.

Lilian Chapa Koloffon es especialista en seguridad ciudadana y prevención del delito. Ha evaluado programas en la materia implementados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en entidades del norte de México y en Honduras, así como por los gobiernos federal y estatales en el marco del PRONAPRED. Es co-autora de la serie “Prevención del delito en México: ¿dónde quedó la evidencia?” y “Prevención del delito en México: ¿cuáles son las prioridades?”


1 Con base en el número de víctimas de homicidio doloso reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2015 y entre enero y noviembre de 2016.
2 Tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, referida en este indicador a 2015.