En menos de 20 segundos, un hombre con sombrero afuera de un OXXO baja de una camioneta y descarga varios disparos sobre un individuo que estaba a bordo de un automóvil. Primero dispara con un arma corta y luego se da tiempo para ir por una larga al vehículo en el que llegó, con la que regresa y arremete de nuevo. Las imágenes grabadas en el municipio de China, Nuevo León a finales de agosto pasado, nos muestran cómo alguien puede cometer un homicidio y darse a la fuga cómo si nada hubiera pasado.

Casi a diario llegan a los contenidos de medios periodísticos y redes sociales videograbaciones de hechos delictivos como éste, captados por sistemas de vigilancia públicos y privados que han sido instalados como una estrategia de prevención y reducción del crimen. Sin embargo los resultados indican que no en todos los casos existe la posibilidad de cerrar el ciclo que permita sancionar a quienes cometen un delito, aun y cuando este haya quedado registrado en un vídeo.

Vayamos por partes. La violencia y la incidencia delictiva han generado nuevas necesidades en cuanto a medidas de protección, entre las que se incluye la instalación de cámaras de videovigilancia. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 del INEGI muestra que a nivel nacional, 40 por ciento de los hogares refirió contar con alguna medida de protección para evitar ser víctimas de la delincuencia. La primera más frecuente es cambiar o colocar cerraduras y/o candados (40 por ciento), la segunda fue cambiar puertas o ventanas (26.9 por ciento), y en tercer lugar, colocar rejas o bardas (15 por ciento).  Asimismo, aunque en menor medida también eligen llevar a cabo acciones conjuntas con sus vecinos (10.2 por ciento) así como otros tipos de medidas entre las que se incluye la instalación de alarmas y/o videocámaras de vigilancia (9.3 por ciento).1

La demanda ciudadana de videocámaras de vigilancia y las propias necesidades de seguridad a nivel local han llevado a los gobiernos a invertir recursos públicos en la instalación de estos sistemas. De esta manera, considerando los datos reportados al INEGI, en 2016 operaban 33 mil 646 videocámaras de vigilancia para el ejercicio de la función de seguridad pública en todo el país, destacando Ciudad de México con 12 mil 72, el Estado de México con nueve mil 550, Guanajuato con dos mil 693 y Michoacán de Ocampo con mil 296 cámaras.

Aunque el mecanismo causal que motiva la instalación de estás videocámaras de vigilancia es la prevención y reducción del crimen, la evidencia empírica no ha sido del todo clara en este sentido. En algunos casos se ha encontrado un efecto deseable en la reducción del crimen,2 en casos se ha identificado el desplazamiento del delito a otros lugares, horarios o víctimas, y en otros casos –los menos- no se ha encontrado efecto alguno.

Sin embargo, además de la reducción del crimen, lo que resultaría realmente útil para un ciudadano común es que cuando se registre en video un delito, éste pudiera ser inmediatamente investigado y sancionado. La realidad es que en los registros de imágenes quedan grabados una gran cantidad de delitos que quizá no son vistos por alguien, y que nunca serán castigados.

La Ciudad de México es una de las entidades federativas que integra estadística en la materia, por medio del reporte estadístico del Centro de Atención de Emergencias y Protección Ciudadana. En éste se informa la totalidad de incidentes que son captados por las cámaras de videovigilancia de la capital del país. Así, entre enero y junio de 2017 los Centros de Comando y Control (C2) y el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, Integración, Información e Investigación (C4) captaron 103 mil106 incidentes a través de estas cámaras:41.8 por ciento de los registrados a través del número único de emergencias 911 y 185.4 por ciento de los incidentes captados por botones de pánico.

En suma, las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México captaron dos mil 370 delitos de alto impacto (homicidio doloso, violación, robo de vehículo, etc.), 988 delitos (robo de autopartes, riñas, robo a casa habitación, etc.), 46 mil 934 faltas cívicas, 216 emergencias, 130 urgencias médicas y 52 mil 468 servicios. Las delegaciones Cuauhtémoc e Iztapalapa son las que concentran mayor número de delitos registrados en videos, con 672 y 505 delitos respectivamente. Por su parte, la delegación con más cámaras es Gustavo A. Madero.

Considerando el total de la incidencia delictiva en el periodo, se tiene que las cámaras de videovigilancia captaron aproximadamente el 3.4 por ciento de los delitos que generaron una averiguación previa en la Ciudad de México. En delegación Venustiano Carranza fueron 4.6 por ciento, mientras que en Cuajimalpa apenas 0.7 por ciento.

Además, aún cuando se registra un correlación positiva (0.7733) en la que, a mayor número de cámaras instaladas hay un mayor número de delitos registrados por las cámaras de la Ciudad de México, el promedio de ilícitos captados por cámara en el periodo de análisis es de apenas 0.4 y 0.6 delitos en las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc y de 0.05 en Milpa Alta.

Sería de esperarse que quien ha sido víctima de un delito pudiera tener acceso a las videograbaciones y, desde luego, a la justicia que además del castigo a los agresores, incluya la reparación del daño. En el discurso y de acuerdo a la Ley en la Ciudad de México, al menos lo primero debería ser posible. Mediante un requerimiento a la Secretaría de Seguridad Pública, “un particular que requiera un vídeo podrá solicitar se resguarde el video, a fin de evitar que las grabaciones se borren del sistema transcurrido el plazo de almacenamiento”. Esto último es importante, porque aún y cuando la Norma Técnica de Videovigilancia3 señala que “para los reportes de incidentes verídicos el periodo de almacenamiento debe ser permanente” los vídeos captados por las cámaras de la Ciudad de México únicamente se “quedan guardados en el sistema por un lapso de siete días, término al cabo del cual, se inicia su depuración automática”.

No obstante, de acuerdo con las narrativas de víctimas del delito en la Ciudad de México, acceder a estos vídeos no es tan sencillo y el argumento principal suele ser que “la cámara no está funcionando”. De  acuerdo con la misma información referida anteriormente un total de mil 202 cámaras estaban entonces en proceso de mantenimiento o sustitución, 807 por obsolescencia del equipo y 395 por diversas fallas entre las que destaca el vandalismo.

Aunque falta mucho por analizar y estudiar respecto a los efectos y resultados de la videovigilancia, esta información permite concluir que hasta el momento, los recursos invertidos en estos sistemas no están ofreciendo los resultados esperados, el número de delitos captados por las cámaras es magro y los ciudadanos no tienen la garantía de que los delitos registrados en estas imágenes serán sancionados. ¿Cuántos de los más de 3 mil delitos captados por cámaras de videovigilancia se convertirían en una averiguación previa? ¿Cuántos habrán quedado en la completa impunidad?

Lucía Carmina Jasso López es doctora en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE) e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente desarrolla la investigación titulada: Prevención del crimen y tecnología. Los efectos de la videovigilancia. Análisis de la incidencia delictiva y de las percepciones ciudadanas para la elaboración de políticas públicas.


1 También incluye las siguientes medidas: instalar alarmas, contratar vigilancia privada en la calle o colonia, contratar seguros, adquirir armas de fuego, cambiarse de vivienda o lugar de residencia y otras precauciones.
2 Welsh y Farrington en una revisión de estudios sobre cámaras de videovigilancia, encontraron que la mitad de los estudios (9 de 18) mostraron evidencia de un efecto deseable en la prevención del crimen.
3 Elaborada por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consultada aquí.