Existen múltiples factores que pueden determinar parcial o completamente la incidencia delictiva en una entidad federativa y, dada la importancia de las acciones de las autoridades, es imposible no considerar entre ellos el cambio de titular de los gobiernos en este ámbito. Esto no se deriva exclusivamente del impacto que puede tener el cese o implementación de ciertos programas en el sector de la seguridad, sino del reconocimiento de los acuerdos que pudieran existir entre actores gubernamentales y grupos delincuenciales. Por ello, la edición 2016 del estudio Incidencia de los delitos de alto impacto en México publicado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) incluye un apartado sobre cambios de gobierno e incidencia delictiva. El objetivo fue analizar el comportamiento de los delitos de alto impacto entre 2011 y 2016 en aquellas entidades en las que hubo elecciones para gobernador e identificar escenarios de riesgo en función de las tendencias.

En 2016, se llevaron a cabo elecciones para gobernador en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Algunos de estos presentaron o padecen actualmente periodos graves de violencia e inseguridad, escándalos de corrupción, entre otros factores económicos y sociales que con toda certeza influyeron en los resultados electorales. Los resultados de la jornada electoral supusieron cambios considerables en términos del liderazgo partidista pues hubo relevo del partido gobernante en 8 de las 12 entidades. Por ejemplo, en Veracruz, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo nunca había ganado un partido distinto al PRI.

Hay al menos dos perspectivas analíticas desde las cuales resulta interesante vincular la inseguridad con los cambios de administración estatal. En primer término, la inseguridad suele ser una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía, por lo que la satisfacción o insatisfacción con los resultados –aparentes o reales– obtenidos durante determinada administración estatal puede incidir parcialmente en las elecciones. El electorado evalúa la gestión del gobernador saliente y de su administración en función de los incrementos y disminuciones de la prevalencia e incidencia delictiva y la percepción de inseguridad.

En segundo término, las actividades del crimen organizado están involucradas en alguna medida en asuntos políticos; la evidencia en este sentido abunda en este país. Por ejemplo, la colusión bajo amenaza o connivencia de políticos con miembros de organizaciones delincuenciales o bien, la participación directa en cargos de alta jerarquía de las administraciones estatales por parte de integrantes de estos grupos. Este involucramiento, tácito o explícito, no implica necesariamente la incidencia sostenida de delitos de alto impacto.

Sin embargo, ante cambios de administración estatal, el ejercicio de la violencia constituye una estrategia valiosa. De acuerdo con Alesina et. al. (2016)1 ejercer la violencia previo a las elecciones puede servir para 1) eliminar candidatos opuestos, 2) interrumpir las campañas electorales de candidatos contrarios, 3) intimidar a posibles votantes y 4) amenazar a los candidatos rivales en caso de que estos ganen. Naturalmente, los canales descritos inciden en los resultados, pero dependen del tipo de reglas electorales vigentes (sistema proporcional vs. sistema mayoritario). Este modelo predice que las organizaciones delincuenciales ejercerán la violencia en distritos muy competidos bajo sistemas mayoritarios. Por el contrario, no será beneficioso ejercer la violencia cuando el partido o candidato que apoya la organización es demasiado fuerte o bien cuando es demasiado débil. En contraste, bajo sistemas proporcionales se ejercerá la violencia cuando el partido o candidato apoyado por la organización es menos popular.

La evidencia empírica que utilizaron los autores para probar las implicaciones de su modelo consistió en analizar los resultados electorales en Italia desde 1887. Lo que encontraron fue que previo a las elecciones se observa un incremento de los homicidios en las regiones o distritos dominados por la mafia . A su vez, cuando hubo un cambio de reglas electorales y se optó por un sistema mayoritario, el incremento de los homicidios fue más pronunciado en los distritos con mayor competencia electoral.

¿Cuál es la evidencia del caso mexicano? Algunas de las entidades con procesos electorales en 2016 han sido epicentro de olas de violencia significativas como Chihuahua, Durango, Sinaloa y Tamaulipas. En contraste, otras entidades se caracterizan por presentar tasas consistentemente bajas como Aguascalientes, Hidalgo y Tlaxcala. Por esta razón fue necesario examinar algunos datos antes de formular y verificar alguna hipótesis sobre los cambios de gobierno y el comportamiento de los delitos de alto impacto. En el apartado del estudio se pueden consultar tablas y gráficas que apuntalan las dificultades de probar algún tipo de hipótesis mediante el análisis gráfico.2

Al considerar las gráficas disponibles en el apartado del estudio realizados por el ONC, cabe destacar que en algunas entidades como Oaxaca y Veracruz, los incrementos en la incidencia delictiva pudieron haber influido en la decisión del electorado. En el primer caso, la tasa de homicidio doloso y culposo creció de manera sostenida durante la administración de Gabino Cué. El primer delito pasó de 12 a 21 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes entre 2012 y 2016, mientras que el segundo pasó de 3 a 24 carpetas de investigación entre 2011 y 2015.

Un par de contraejemplos son Chihuahua y Durango, pues todos los delitos analizados reportaron una tendencia a la baja acentuada entre 2011 y 2016. Con excepción del homicidio culposo, la tasa máxima de todos los delitos se registró en 2011, en tanto que la tasa mínima se presentó en 2015 o 2016. En ambas entidades federativas cambió el partido gobernante.

Las transiciones de gobierno representan oportunidades para rediseñar las instituciones y redefinir las políticas de gobierno en diversas materias. Sin embargo, la seguridad pública y la procuración de justicia son dos áreas críticas en las que malas decisiones ocasionadas por  la falta de diagnósticos certeros pueden resultar en graves consecuencias para la población.

Veracruz, Oaxaca y Zacatecas presentan riesgos potenciales en términos de la evolución de ciertos delitos de alto impacto de acuerdo con la información al cierre de 2016. Los pronósticos que se muestran a continuación (Gráficas 1, 2 y 3) apuntan a que en 2017 podría presentarse un deterioro de las condiciones de seguridad con base en las tendencias de delitos como el homicidio doloso en los tres estados, y en las de secuestro en Veracruz y Zacatecas (Gráficas 4 y 5).

Pronósticos para homicidio doloso

Pronósticos para secuestro

  

Con frecuencia, la falta de continuidad de los programas y políticas exitosas de los gobiernos salientes afecta negativamente sus resultados. De igual forma, el mantenimiento del statu quo de la administración estatal que se va, puede no ser adecuado ante escenarios de incidencia delictiva creciente. Por estas razones, los primeros periodos de una administración estatal nueva requieren una serie de ajustes organizacionales que abren la posibilidad de desequilibrios en el corto plazo.

Es urgente implementar acciones que detengan el crecimiento de estos ilícitos en el corto plazo pues de lo contrario el crecimiento real podría ser mayor al esperado. Estos escenarios constituyen señales de alarma para las administraciones estatales de Miguel Ángel Yunes, Alejandro Murat y Alejandro Tello. Sin embargo, otros gobiernos estatales analizados requieren intervenciones clave para disminuir la incidencia delictiva. Tal es el caso de Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Quintana Roo.

Doria Vélez es directora de Investigación del ONC y Manuel Vélez es coordinador de Estudios Especiales del ONC.


1 Alesina, A., Piccolo, S. y Pinotti, P. (2016). Organized crime, Violence and Politics. CSEF Working Papers 433, Centre for Studies in Economics and Finance (CSEF), University of Naples, Italy.

2 La relación entre el comportamiento de los índices de los delitos de alto impacto durante la administración estatal pasada y las transiciones de gobiernos derivadas de las elecciones de 2016 no es del todo clara. Un análisis más extenso requeriría calcular grados de competencia electoral, más y mejores datos de incidencia delictiva así como un modelo estadístico.