Las autoridades del Gobierno del estado de Nuevo León han señalado, para explicar el trágico tiroteo en una escuela de Monterrey, a las condiciones psicológicas del niño que disparó contra varios compañeros y su maestra, a la educación de sus padres y al contacto de este con grupos en redes sociales como las motivaciones principales. Aunque efectivamente sea necesario, en el contexto de una investigación criminal, establecer el perfil criminológico del niño, enfocar la discusión sobre este suceso de manera exclusiva en situaciones individuales no ayuda a explicar por qué un niño tenía un arma de fuego en una escuela. Que un niño tenga un arma de fuego en una escuela ejemplifica una falla regulatoria grave, ¿cómo consiguen armas las personas de este país? ¿Cómo un niño puede tener acceso a un arma? En este texto lanzo algunas hipótesis.

A reserva de conocer los detalles de este caso, hay dos maneras en las que probablemente un infante que realizó el tiroteo hubiese obtenido el arma, y cada una con sus implicaciones: la consiguió en casa de algún familiar o se la proporcionó alguien más. Parece ser en este caso, es un arma de cacería del padre del niño. Esto coincide con los datos sobre los tiroteos en Estados Unidos que, según el reporte del Servicio Secreto y el Departamento de Educación sobre tiroteos en Escuelas de Estados Unidos, dos terceras partes de los tiradores obtuvieron el arma en su propia casa o en casa de un familiar. Con la información disponible queda la duda ¿cómo obtuvo el familiar dicha arma y por qué estaba accesible al menor? Estas no son preguntas menores porque resolverlas implica encontrar omisiones del Estado en la regulación de armas.

Suponiendo que el arma fue obtenida mediante una venta y permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, no sólo sería una omisión (y probablemente un delito) de los padres, también implica que la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene un programa estricto para capacitar a personas usuarias de armas sobre cómo almacenarlas. Claramente la Ley de Armas de Fuego y Explosivos no mandata un entrenamiento previo a quién obtiene un permiso de usar armas y no establece reglas para almacenarlas en los domicilios (donde está permitido tener un arma). En el caso de Estados Unidos, 27 estados cuentan con regulaciones para evitar que los niños puedan tener acceso a armas, estableciendo medidas como responsabilidades legales si alguien autorizado con armas si da acceso a un infante a un arma de fuego, si el infante usa un arma, si no la almacena en un lugar seguro sin carga (aunque algunos estados liberan de responsabilidad legal si el infante accede de manera forzosa al arma).

No obstante, el escenario que vive el país de jóvenes y niños que utilizan armas en homicidios de manera cotidiana nos pone en un dilema mucho más grande. A diferencia de Estados Unidos, aquí hay un régimen regulatorio más centralizado y estricto, no sólo porque la Secretaría de la Defensa Nacional es la única entidad capaz de regular el armamento en este país, sino también porque la ley determina que hay un número importante de tipos de armas que son ilegales para civiles. No obstante, nuestro problema principal es el tráfico de armas ilegales provenientes de otros países, sobre todo de Estados Unidos. Por eso mismo, en el país circulan sin control numerosas armas de fuego y la autoridad claramente no ha podido controlar la situación. Mientras que, para 2012, se registraron más de tres millones de armas legales, diferentes mediciones han estimado diferentes cifras para las ilegales. La Oficina de las Naciones Unidas ha estimado al menos 600 mil armas ilegales en el país para 2012.1 Otro reporte de la misma oficina afirmó que en México hay más de 10 millones de armas ilegales.2 Claramente estimar el número de armas ilegales en el país es un reto metodológico mayúsculo y se podría dudar de estas cifras, pero en el escenario más conservador se podría decir que hay proporciones mayores a 40 mil armas ilegales en nuestro país, dato derivado de los aseguramientos de armas por parte de la autoridad.

En ese sentido, el Estado mexicano tiene una responsabilidad en revisar la laxitud de su regulación legal para permitir el uso de armas e intensificar sus actividades en el decomiso de armas, además de atender el grave problema del tráfico de armas que pasan por la frontera norte. Sin embargo, un defensor del derecho a portar armas (al estilo de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos), podría argumentar que la medida preventiva no debería ser regular de manera más estricta el uso de armas sino atender de manera generalizada los factores de riesgo detrás de que alguien decida disparar un arma.

Aceptando sin conceder que es necesario que se atiendan los factores psicológicos y sociales detrás de que un niño o joven decidan usar armas, hacer perfiles generales para prevenir los tiroteos no podría resultar efectivo. El reporte citado del Servicio Secreto y el Departamento de Educación de Estados Unidos afirma que no hay un perfil general que pueda descubrir a todos o la mayoría de los tiradores. De hecho, la mayoría de los tiradores vienen de familias de dos padres biológicos, no tenían problemas escolares, no son antisociales, no tienen problemas psicológicos, menos de la mitad utilizaban videojuegos violentos o veía alguna representación gráfica de violencia de manera repetida (televisión, redes sociales), no son usualmente consumidores de drogas y no suelen tener antecedentes penales.3 En suma, todos los aspectos que se arguyen en la discusión pública con los cuales se sospecha que un niño o joven podría ser tirador no suceden para el caso de Estados Unidos. El único dato que destaca el reporte como relevante es que el niño o joven haya sufrido de acoso escolar.

Por eso mismo, es muy probable que fallen las políticas punitivas para prevenir tiroteos, no sólo porque no siempre será posible evitar que un joven entre a una escuela con un arma mediante la inspección de su mochila (incluso se implemente un detector de metal como se hace en escuelas de comunidades negras en Estados Unidos). También porque una aproximación hostil a un menor de edad puede resultar contraproducente dado que ésta resultaría en acoso, no sólo de sus compañeros, también de las autoridades escolares. Esto lo destaco porque la mayoría de las alternativas que han propuesto políticos al tema del ascoso escolar son punitivas y no de atención como se recomienda en psicología especializada en temas de violencia.4 Evitar que un niño tenga acceso a un arma y crear ambientes escolares amables y libres de acoso son las políticas de prevención más idóneas según los reportes especializados, esperemos que las autoridades tomen nota.

Raúl Zepeda Gil es politólogo por la UNAM y El Colegio de México. Investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Las opiniones aquí expresadas son a título personal.


1 UNODC, “Value of the Global Firearms Market (Licit and Illicit).” En The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment (TOCTA), Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2010, Capítulo 6, p. 129.
2 Karp, Aaron, “Country Analyses: Mexico.” En Measurement and Use of Statistical Data to Analyze Small Arms in the Caribbean and Latin America, Ciudad de México, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) e INEGI, 2012, Sección 4, pp. 24-25.
3 United States Secret Service/United States Department of Education, Op. Cit., pp. 19-28.
4 Escribí un resumen de este tema en mi blog, disponible aquí.