Se concibe al Estado como el único titular del uso lícito de la fuerza y, así, el garante de la convivencia. La administración de la fuerza pública, en un contexto de asociación directa y casi exclusiva de la seguridad con el control, hasta hace poco tiempo se hallaba concentrado en los Estados nacionales y, a lo sumo, en los estaduales o provinciales.

Por otra parte, los Estados locales (municipalidades, alcaldías, comunas) son los más cercanos a los vecinos. Por lo tanto, son los que reciben las demandas más inmediatas de los temas que afectan su cotidianidad. Cada vez más, esos reclamos contenían aspectos vinculados con la seguridad ciudadana.

Estas demandas fueron abordadas por los gobiernos locales de maneras que, aunque se dieron en diferentes épocas y con modalidades diversas, pueden sistematizarse en tres grandes estadios. El primero es el del desentendimiento. Los reclamos son redirigidos a las instancias superiores de la administración pública, sobre todo basándose en el argumento de que los Estados locales no suelen contar con policías propias.

La superación de ese primer estadio, por razones directas, implica una decisión política de «hacerse cargo» de parte de la seguridad de sus vecinos. Esto da pie a la comprensión de la gestión local de la seguridad no solo como la administración inteligente de los recursos y las políticas de la alcaldía, la comuna o el municipio, sino también como la coordinación territorial de las políticas de niveles más altos (provinciales y nacionales) en diversas cuestiones vinculadas. Aquella decisión política recibe apoyo, además, de la prevalencia creciente en la región de concepciones más amplias de la seguridad, que ya no la ven como un problema aislado, sino como una problemática con causas múltiples y efectos diversos. El enfoque policialista de la seguridad va dejando su espacio a un abordaje multidisciplinario.

El segundo estadio de los tres mencionados es el de las respuestas parciales y no sistematizadas. En él, los gobiernos locales se ocupan o bien de cuestiones ajenas a la actuación policial, o bien colaboran, las más de las veces solo con recursos materiales, con las fuerzas regionales o federales. Es típico el establecimiento de programas locales de prevención de la violencia, de asistencia a las víctimas de delitos o de reinserción de personas liberadas, y el aporte de dinero para la compra de combustible o equipamiento policial.

El tercer estadio es el de las políticas integrales. Los gobiernos locales asumen en él un compromiso mayor, en varios sentidos, con las políticas de seguridad. Se diseñan, generalmente con la ayuda de expertos externos a los municipios, programas de seguridad local que incluyen la creación de direcciones, subsecretarías o aun secretarías de seguridad, con estamentos ocupados de diferentes aspectos del problema, y con o sin la creación de fuerzas policiales locales con distintas características (armadas y no armadas, con competencias amplias o muy restringidas, etc.).

Esos estamentos van desde organismos de prevención o asistencia como los ya mencionados hasta centros de investigación sobre causas y efectos de los crímenes que afectan a la sociedad local, oficinas de videovigilancia, programas de trabajos comunitarios para ciudadanos egresados temporaria o definitivamente de la prisión y, finalmente, observatorios de delitos y violencias.  Su denominador común es la aspiración de partir de información de calidad como fundamento para la toma de decisiones en la materia. Son prácticas innovadoras, muchas veces reconvertidas desde ámbitos académicos (formales e informales), con ciertas dificultades para el pasaje de la teoría a la práctica.

Este tercer estadio importa dos cambios fundamentales en los gobiernos locales. Por un lado, un aumento significativo del presupuesto local para la materia. Por otro, la gestión de cuestiones complejas y nunca antes abordadas por parte de los gobiernos locales.

En el campo de los estudios sobre seguridad ciudadana es pequeño. Pero el de los referidos a las incumbencias y potencialidades locales para la gestión de los conflictos, a pesar de este interés creciente, parece una huerta (y recién plantada). El libro Municipios: los nuevos actores de la seguridad ciudadana (Buenos Aires, ILSED, 2017),1 que tuve la fortuna profesional de editar junto con M. Eugenia Carrasco, quiere ser un brote, el primero de muchos, que permita conocer más sobre las problemáticas de la seguridad a nivel territorial y los modos de abordarlas desde el propio gobierno municipal.

La publicación reúne artículos inéditos de Martin Appiolaza, Javier Ávila, Agustina Baudino, Damián Berri, Alberto Binder, Gabriel Bombini, Maria Eugenia Carrasco, Carola Cóncaro, Gonzalo Grande, Hernán Olaeta, Gastón Pezzuchi, Diana Rodríguez Lopez, Tobías J. Schleider, cuenta con un prólogo de Mariano Ciafardini y una entrevista a Marcelo Saín, a modo de epílogo. El cuerpo del libro se divide en tres partes. En la primera, se plantea un modelo para la toma de decisiones en políticas de seguridad, con énfasis en la producción de información. La segunda parte está dedicada al rol crucial de los observatorios locales. La tercera y última parte se aboca a los principales desafíos actuales en el abordaje municipal de la gestión de la seguridad.

Si se aspira a forjar una estrategia de abordaje local de la seguridad, la presencia de observatorios de delitos y violencias en los municipios es crucial. Su aparición cada vez más frecuente (aunque no exenta de dificultades técnicas y de otras índoles) muestra una evolución favorable de la preocupación por los gobiernos municipales sobre la materia. Pero es importante notar que, aun siendo central, su rol no puede considerarse fundacional: es común que se intente comenzar por la realización de un «mapa del delito» para mostrar, a la vez, acción y modernidad por parte de los dirigentes políticos. Una de las lecciones aprendidas más interesantes es la que nos dice que sin una estructura seria y formada, en la que los observatorios puedan insertarse, con la que puedan interactuar y que pueda aprovechar sus avances, están condenados al ostracismo, la banalización o, directamente, la desaparición.

Vemos, entonces, que los observatorios más fortalecidos, funcionales para una política local para el abordaje de la conflictividad, son aquellos que respondieron a decisiones políticas orientadas a mejorar las capacidades institucionales en materia de seguridad ciudadana, para conocer, analizar e identificar las problemáticas sobre violencias y delitos a partir de políticas sostenidas e integrales. Para esto, los gobiernos locales asignaron recursos y formaron equipos técnicos especializados y profesionalizados en materias específicas relacionadas con el campo de la seguridad. En algunos distritos, los observatorios se independizaron de las demás áreas gubernamentales, respondiendo a estrategias de planeación y evaluación. Este es un ideal al que, poco a poco, debería aspirarse.

Tobías Schleider es doctor en Filosofía del Derecho. Consultor internacional e investigador del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y la Universidad Nacional de Mar del Plata.


1 Disponible para su descarga aquí y aquí.