Después de haber revisado algunos indicadores clave a nivel nacional en la primera entrega de esta serie sobre impunidad, proseguiremos en este texto con el análisis a nivel entidad federativa, también con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016. Si bien el análisis muestra una cierta heterogeneidad entre los estados, lo cierto es que ninguno destaca por alcanzar niveles óptimos de desempeño al que estarían obligados.

En este apartado se revisan brevemente diversos indicadores relativos al ministerio público, entre ellos, la percepción de la corrupción e ineficiencia, el nivel de confianza ciudadana, los tiempos que toma a un ciudadano realizar el proceso de denuncia. A su vez, el comparador de mapas permite visualizar el nivel que tuvieron en 2015 cerca de veinte indicadores clave el interior de los estados, entre ellos la prevalencia delictiva y la condición de victimización, así como la causa de la no denuncia.

Los datos ponen en evidencia la terrible percepción que tiene el Ministerio Público (MP) tanto en la CDMX como en el Estado de México, donde más del 75 por ciento de los encuestados percibe corrupción, seguidos –no muy de lejos– por los estados de Morelos y Tlaxcala. En contrasentido, Nuevo León es el estado donde existe la mayor confianza en este organismo, elemento que parecen no estar del todo relacionado con la elevada cifra negra que presenta esta entidad puesto que se sitúa en un nivel cercano a 93 por ciento.

Otro elemento a considerar es el tiempo requerido para tramitar una denuncia ya que una de las causas de la no denuncia atribuibles a la autoridad considera este factor. Quienes hemos sido víctimas y denunciantes de delitos hemos experimentado la nada placentera experiencia de apersonarnos en una agencia del MP, en donde una de las tácticas predilectas de las autoridades reside en la disuasión de la denuncia por parte del ciudadano. Si bien hay entidades federativas que permiten levantar pre denuncias virtuales como sucede con el MP Virtual de la CDMX, que en teoría facilitan este trámite, la realidad es que aún estamos lejos de lograr niveles adecuados. (Los tableros permiten al lector hacer búsquedas por estado que facilitan la visualización y el contraste de la entidad federativa seleccionada).

A la tortuosa espera hay que sumar las experiencias de revictimización que suelen sufrir quienes deciden denunciar, situación que en muchas ocasiones acompaña a las víctimas a lo largo de todo el proceso judicial. Esto acontece con mayor profundidad en delitos como la violación, en el cual la carga del delito se traslada hacia la mujer al presumirla corresponsable de su situación.

El siguiente gráfico presenta el ranking nacional en lo que a eficiencia del MP y percepción de confianza se refiere, da cuenta por las respuestas que aludieron a “Poco o Nada efectivo” y a “Algo o Mucha desconfianza”. Las entidades mejor calificadas son Nuevo León, Yucatán, Nayarit, Sinaloa, Aguascalientes e Hidalgo. Como es de esperarse, por lo general hay una correlación positiva entre los niveles de desconfianza y de percepción de inefectividad.

Finalmente, el ultimo gráfico contrasta los tiempos requeridos para realizar una denuncia con el nivel de la cifra negra por entidad federativa1 Los niveles de la cifra negra oscilaron entre 87.6 por cada 100 delitos ocurridos en Baja California Sur —la entidad con el nivel más bajo— y 97.48 por cada 100 delitos ocurridos en Guerrero, la del nivel más alto. Esto último es particularmente ¿grave? dados los altos índices de criminalidad que ha presentado esta entidad en los últimos años, principalmente en materia de homicidio doloso, así como por ser sede de eventos paradigmáticos en materia de inseguridad y violencia.

El contenido de la visualización parece indicar la falta de una correlación fuerte entre los tiempos de denuncia y los niveles de la cifra negra, sin embargo, Guerrero y el Estado de México, además de ser las entidades con la mayor cifra negra, también se encuentran entre los estados donde más tiempo se requiere para levantar una denuncia.

Es prioritario fomentar la denuncia por medio de campañas mediáticas que sensibilicen a la ciudadanía en torno a las repercusiones negativas de la no denuncia, y que recalquen los derechos que tienen los ciudadanos cuando acuden al MP. En este sentido destaca el papel de México Unido contra la Delincuencia (MUCD) que a través del programa “cultura de la legalidad en agencias del ministerio público” instaló módulos de atención ciudadana al interior de las agencias del MP con el objetivo de orientar a los ciudadanos que acudían a presentar sus denuncias. Ejemplos como éste deben de ser replicados, no solo por organismos de la sociedad civil, sino por las contralorías o visitadurías de las procuradurías locales. En las más de las ocasiones los ciudadanos desconocemos como proceder en caso de recibir tratos inadecuados por parte del personal del MP. Resulta importante también revisar la pertinencia que tiene la ratificación de la denuncia que implica una segunda visita al MP o ampliar los mecanismos para realizar este procedimiento.

En segundo lugar, es necesario ampliar los mecanismos alternativos de denuncia (telefónica, vía correo electrónico, aplicaciones en teléfonos inteligentes). Profundizando un poco sobre la alternativa que representan las aplicaciones, sería conveniente desarrollar una sola aplicación a nivel nacional que permitiera a las víctimas levantar una pre-denuncia, recibir una serie de alertas notificándoles sobre el curso que tiene su denuncia en las distintas etapas del proceso, así como toda la relación documental en formato PDF, lo que permitirá a los ciudadanos un mejor monitoreo y seguimiento de la situación.

Por último, es indispensable que las procuradurías locales fortalezcan sus contralorías o visitadurías para dotar a la ciudadanía de mayores herramientas para la denuncia de actos de corrupción o malas prácticas al interior de los MP. Es muy poca la información que se encuentra disponible públicamente sobre el papel de estos organismos revisores. De manera paralela, las procuradurías deben de profundizar sus mecanismos de comunicación y colaboración con la sociedad civil organizada a efectos de incrementar el número de colaboraciones exitosas como las realizadas entre el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y su Red Nacional de Observatorios Locales (RNO) conformada hoy en día por 20 organizaciones que colaboran en múltiples materias con dichas autoridades para fortalecer sus procesos internos.

Estamos conscientes desde luego que el incremento en el número de denuncias por sí mismo no resuelve el gran problema que tenemos en materia impartición y procuración de justicia, ya que la denuncia es tan solo el primer paso en este proceso. Sin embargo, un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo en el número de denuncias ciudadanos incrementaría la presión en todo el sistema haciendo evidente la necesidad de mejoras y cambios, así como de recursos humanos y económicos.

 

Yani Limberopulos Fernández es maestro en demografía por el Colegio de México y estudioso de temáticas relacionadas con la violencia, seguridad pública e impartición de justicia.

Jade le Van es maestra en finanzas corporativas y politóloga por la universidad SciencesPo analista de datos en Tableau Public desde 2015.


1 Se debe considerar que los datos no suman 100 por ciento ya que no se consideran las respuestas nulas o en blanco dentro de la encuesta.