En estos días se ha escuchado al presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Miguel Ángel Mancera, “alertar” a la ciudadanía de que gracias al nuevo sistema de justicia penal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación alrededor de cuatro mil personas “saldrán de prisión”.


Sin embargo, cabe hacer algunas aclaraciones al respecto:

¿Qué es la prisión preventiva?

Es la decisión de un juez de enviar a una persona a prisión antes de que el juez lo declare culpable de un delito. También es una “medida cautelar” que, igual que otras, se puede imponer cuando una persona está siendo investigada por algún delito.

México es el único país en toda América y Europa que tiene prisión preventiva oficiosa, pues se considera una violación a la presunción de inocencia además de que existe evidencia sobre sus efectos negativos. En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016,1 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que en ese año se presentaron 1,538 incidentes violentos, entre los que se encuentran riñas, desórdenes, homicidios, abusos, suicidios y motines. Según Guillermo Zepeda Lecuona, director general de Jurimetría, la tasa de homicidios entre la población penitenciaria en las prisiones mexicanas es más del doble de la que registra la población en general.

Los delitos de “prisión preventiva oficiosa” son aquéllos por los que, según la Constitución, se debe imponer forzosamente la medida cautelar de prisión preventiva al presunto responsable mientras se le investiga para que un tribunal decida si es culpable o no del delito o delitos por los que se le acuse.

Todos los delitos, desde el más simple hasta el más “grave”, pueden tener prisión preventiva aun cuando no estén en el catálogo de la Constitución siempre y cuando se acredite que la medida es necesaria (tratándose de delitos que merezcan pena de prisión en caso de resultar culpable, por supuesto, como ocurre con la gran mayoría de ellos). Los delitos de prisión preventiva oficiosa establecidos por la Constitución son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Según México Evalúa, para 2013 en México aproximadamente un 41.3% de los internos no tenían condena todavía.2

¿Cómo se decide si una persona a la que se le está investigando por un delito debe estar o no en prisión mientras es investigada?

Por la necesidad de “cautela”. Es decir, se analiza si esta medida de verdad se requiere para lograr lo siguiente:

  1. Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Es decir, que no se escape.
  2. Garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o de algún testigo.
  3. Evitar que se obstaculice el procedimiento. Es decir, que la persona no interfiera con la investigación.

¿Saldrán los 4 mil imputados que menciona Mancera?

No. No saldrían todos, ni lo harían al mismo tiempo. Cada una de estas personas deberá solicitar la revisión de la medida cautelar, que se realiza en audiencia pública ante un juez. Caso por caso, el Ministerio Público y la defensa presentarán sus argumentos y el juez decidirá si esta persona seguirá en prisión preventiva mientras se le investiga o si le sujeta a otra medida cautelar distinta.

Difícilmente se harían todas las audiencias en poco tiempo, pues la cantidad de jueces, defensores públicos y agentes del Ministerio Público sería insuficiente. Éstas tendrán que programarse en tiempos diferidos. Además, no todos los imputados se enterarán de esta posibilidad dado que es información generalmente proporcionada por sus defensores, que tampoco tendrían tiempo —los públicos al menos— para hacer los trámites de todas las personas a la vez.

¿Estas personas se librarán de la cárcel o de reparar los daños que pudieron haber ocasionado?

No. La decisión de la Suprema Corte solamente les da el derecho de solicitar que revisen su caso para ver si les cambian la medida cautelar de prisión preventiva. Si acaso el juez decide que no amerita prisión preventiva, puede cambiarla por una o más de las siguientes medidas:

  • El pago de una garantía económica;
  • usar un localizador electrónico;
  • acudir a firmar periódicamente ante la autoridad;
  • embargo de bienes;
  • inmovilización de cuentas bancarias o valores financieros;
  • no salir del país o del territorio que el juez indique;
  • el sometimiento a cuidado, vigilancia o internamiento en una institución;
  • no concurrir a reuniones o acercarse a los lugares que el juez indique;
  • no convivir, acercarse o comunicarse con la víctima, testigos u otras personas;
  • suspensión de un cargo público o de una determinada actividad profesional o laboral;
  • resguardo en su propio domicilio.

Es decir, estas personas no solo “saldrán” y ya. En toda la audiencia y el procedimiento siempre estará presente el agente del Ministerio Público para argumentar lo necesario, además de que la víctima y su asesor también puede intervenir.

La investigación sigue su curso y, en caso de que al final se le encuentre culpable, se dicta una sentencia y la pena que corresponda (reparación del daño, prisión y/o multa).

¿Beneficia a delincuentes la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

No; la decisión beneficia a quienes están siendo procesados por algún delito. Es decir, dado que la investigación aún no concluye, no se ha demostrado que sean culpables.

Si no están en prisión preventiva, ¿quién vigila a las personas sujetas a algún proceso penal?

La Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS), que empezaron a funcionar desde 2011 son las encargadas de hacer un análisis de riesgo, es decir, verificar en cada caso la “necesidad de cautela”. Iniciaron en Morelos y desde entonces se han implementado en otras entidades ya que el Código Nacional las estableció como obligatorias desde 2014. Por ejemplo: si usted va manejando descuidadamente, atropella a una persona y ésta muere o queda muy lesionada, la UMECA verificará qué tan probable es que usted se dé a la fuga. Para hacerlo, busca datos objetivos como si tiene familia, casa, trabajo fijo, o elementos que impliquen “arraigo” en su comunidad. También verificará si está en posibilidad de hacer algo que entorpezca la investigación o afecte la integridad de algún testigo o de la propia víctima u ofendido. La UMECA envía esta información a Ministerio Público y a la defensa para que la expongan ante el juez y éste decida qué medidas cautelares es necesario imponer a la persona, según la información recibida.

Después de la audiencia en la que se imponen una o más medidas cautelares, la UMECA revisa que la persona cumpla sus medidas mientras permanezca en esa situación.

¿Qué tan efectiva es la evaluación y vigilancia que realiza la “UMECA”?

Altamente efectiva, según los datos. Javier Carrasco, Director Ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, A. C., una de las principales organizaciones que se ha encargado de apoyar en la implementación de las UMECAS en el país, menciona que el porcentaje de efectividad de éstas es de un promedio de 90 por ciento. Es decir, que de cada 100 personas que la UMECA vigila, solamente 10 no llegan a alguna audiencia y, en estos casos, no necesariamente es porque se escaparon, en ocasiones la ausencia es por olvido, descuido o falta de transporte. En la Ciudad de México, la UMECA se ubica en la estructura del Tribunal Superior de Justicia, con una efectividad registrada por el Instituto de Justicia Procesal Penal del 87 por ciento. Es decir, un mínimo de personas incumple sus medidas cautelares en libertad.

¿Qué pueden hacer los miembros de la CONAGO? Fortalecer a las UMECAS con más capacitación, recursos humanos y materiales, así como convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para el mejor cumplimiento de sus funciones que, si así ya tienen alta efectividad, pueden mejorar aún más.

Además de la Federación, el Instituto de Justicia Procesal Penal registra que todavía hay dos entidades federativas que no han cumplido aún con la obligación de tener UMECAS (Chiapas y Quintana Roo). Esto sí podrían impulsarlo los gobernadores para beneficio de todas y todos. El problema no es de las leyes, sino de la operación del sistema y esto no se corrige con reformas, sino con capacitación, monitoreo, evaluación e inversión responsable de los recursos. Una reforma solamente ayudaría a disfrazar las deficiencias en lugar de resolverlas.

 

María Maltos Rodríguez es Maestra en Derecho Penal y Consultora internacional en justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de controversias.


1 Ver http://bit.ly/2uyNPSu, página 613

2 Ver http://bit.ly/2u0bJ6f, página 23.