No resulta aventurado afirmar que en México las instituciones de impartición y procuración de justicia tienen una gran deuda con la sociedad. Los altos niveles de corrupción que dieron vida e impulso al régimen revolucionario y que hoy en día, en lo que algunos consideran el periodo de transición democrática continúan expandiéndose, han imposibilitado en gran medida la conformación de instituciones sólidas que respondan a los intereses de los ciudadanos, tema del cual nos habremos de ocupar en este artículo.

Esta situación adquiere dimensiones particularmente críticas en un contexto como el actual, en el cual, la criminalidad en sus distintas expresiones ha tenido carta blanca para actuar a sus anchas sin tener que enfrentar una respuesta contundente por parte del Estado y de sus instituciones. Ya sean ex gobernadores impunes o fugados, custodios coludidos con redes criminales al interior de los penales, criminales de cuello blanco y estafadores, células o carteles del crimen organizado, o delincuentes comunes, el combustible detrás de su actuación es el mismo: la impunidad.

Hoy como nunca, la sociedad mexicana vive atemorizada, se percibe insegura en sus colonias, municipios y estados. En este sentido, de acuerdo al último boletín referente a la  Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que consideró en su último levantamiento a 51 centros urbanos, el 74.1% de la población mayor de 18 años manifestó percibir inseguridad en sus ciudades. Los porcentajes relativos a la percepción de inseguridad oscilan entre 33.8% en ciudades como Mérida y 97.5% en urbes como Villahermosa. A todas luces, estos niveles de inseguridad resultan inaceptables, máxime si consideramos que nos encontramos en el cierre de la primera década de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Fuente: ENSU, cuarto trimestre 2016.

 

Una de las instituciones clave para el combate al delito en México es el ministerio público (MP), ente que previo a la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) detentaba el monopolio para el ejercicio de la acción penal. El MP en el país forma parte de las procuradurías o fiscalías de justicia y tiene entre sus obligaciones recibir denuncias por actos criminales, iniciar y conducir el proceso de investigación y judicializar los expedientes ante los tribunales correspondientes.

Al desempeñar este papel el MP representa a las víctimas a lo largo del proceso judicial teniendo como objetivo último, idealmente, la encomienda de obtener justicia para sus representados, y en caso de que aplique, la reparación del daño. Sin embargo, esto no sucede así, desafortunadamente el MP es considerado uno de los órganos más corruptos en el entramado institucional correspondiente a las esferas de la impartición y procuración de justicia.

En un entorno de inestabilidad política y de criminalidad rampante como el actual, resulta menester ampliar y agudizar el escrutinio social hacia organismos e instituciones relacionados con la procuración e impartición de justicia. Es en este contexto en el cual se enmarca este ensayo que busca ilustrar de forma breve e interactiva a través del empleo de tableros de datos como herramienta gráfica para él análisis, el comportamiento de variables clave en el proceso de justicia, enfocándonos en fenómenos como la cifra negra de múltiples delitos, así como en datos relativos al desempeño del MP. La primera entrega del texto se ocupará de revisar lo acontecido a nivel nacional, en tanto que la segunda hará una revisión a nivel estatal.

Para estos efectos hacemos uso de los datos provistos en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)1 en su edición 2016. Vale la pena recalcar la importancia que ha tenido esta serie de encuestas sobre victimización en el estudio científico que se ha realizado sobre inseguridad, victimización y criminalidad. La creación del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ) del INEGI ha sido una pieza vital en la conducción de proyectos demoscópicos indispensables para el estudio y la mejor comprensión de estos fenómenos sociales.

Este primer tablero que muestra información a nivel nacional y permite observar el diferencial entre los delitos ocurridos y los denunciados. Este tramo representa el mayor componente de la cifra negra, definida esta por el INEGI como “la razón de los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició averiguación previa, entre el total de delitos por cien”.

Como vemos, el delito más denunciado y con menor cifra negra en 2015 fue el robo de vehículo, esto obedece en gran medida a dos factores, en primer lugar, las aseguradoras exigen una denuncia para poder iniciar los trámites correspondientes al pago del monto asegurado. En segunda instancia, existe un interés por parte de los propietarios de los vehículos por deslindarse de posibles hechos delictivos que pueden realizarse utilizando el vehículo que les fue robado. En contrapartida, el robo en transporte público es el delito más voluminoso al detentar un nivel superior a los 8 millones de robos, sin embargo, el porcentaje de denuncia apenas alcanza 4.1 por ciento. El ilícito menos denunciado de todos es la extorsión ya que apenas 1.57 por ciento de las 7.1 millones de extorsiones fueron denunciadas.

VIZ 1

La segunda sección del tablero muestra los porcentajes de no denuncia por causas atribuibles a la autoridad. Esta categoría incluye los siguientes motivos: Miedo a ser extorsionado, pérdida de tiempo, tramites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y actitud hostil de la autoridad. Tanto las lesiones como las amenazas verbales dan cuenta por los delitos en los que la autoridad tiene menos responsabilidad en la no denuncia, mientras que sucede lo contrario con el robo en la calle o transporte público y con el robo de vehículo.

El segundo tablero señala en su primera sección qué ocurre con los índices de consignación de los delincuentes ante un juez. Es necesario recalcar que para que esto suceda primero tiene que presentarse una denuncia y que únicamente 6.2 de cada 100 delitos en México son denunciados de acuerdo con ENVIPE 2016. Los delitos denunciados con mayores grados de consignación son las lesiones y las amenazas verbales con 24 por ciento cada uno, mientras que el robo de vehículo presenta los menores niveles de consignación.

VIZ 2

La segunda sección del tablero indica los niveles en los cuales las víctimas obtienen una reparación del daño considerada en el articulado del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que sufrieron a causa de los delitos cometidos en contra de ellas. Esta medida comprende idealmente la restitución o pago de las cosas perdidas por el delito, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados y la indemnización por el daño material y moral causado. Lamentablemente la justicia restaurativa brilla por su ausencia. En México, los niveles de reparación del daño son extremadamente bajos, ya que en promedio únicamente 3.9 por ciento de las víctimas que denunciaron obtuvieron en los beneficios de esta medida.

La información desplegada en estos dos tableros habla por si sola, nos encontramos ante una situación de atraso institucional que ralentiza y entorpece los esfuerzos llevados a cabo por lograr una transformación real de las instituciones de procuración e impartición de justicia. La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial a partir de 2016 pondrá a prueba a todo el entramado institucional que orbita en torno a la procuración e impartición de justicia, entre ellos al ministerio público.

Está por verse si los mexicanos logramos percibir mejoras sustantivas derivadas de este proceso de cambio institucional, de esto en gran medida dependerá el nivel de confianza que depositemos ante nuestras autoridades. De no lograrlo, será muy difícil que se logren esquemas de colaboración amplios y acuerdos entre autoridades y ciudadanos que faciliten el proceso de transformación. La segunda parte de esta entrega hará una breve revisión de lo que acontece a nivel entidad federativa y sugerirá una serie de elementos que pudieran contribuir para lograr mejoras.

Yani Limberopulos Fernández es maestro en demografía por el Colegio de México  y estudioso de temáticas relacionadas con la violencia, seguridad pública e impartición de justicia.

Jade le Van es maestra en finanzas corporativas y politóloga por la universidad SciencesPo analista de datos en Tableau Public desde 2015.


1 Este instrumento estadístico recopila información relativa a diez delitos entre los que destacan distintos tipos de robo (vehículo, casa habitación, vía pública, otros), fraude, extorsión, lesiones, amenazas verbales y una categoría que aglutina delitos distintos a los anteriores, entre los que se encuentran secuestros y delitos sexuales. La cobertura temporal de la encuesta refleja lo acontecido en 2015 para victimización y en 2016 para percepción.