Hace poco más de una década, Felipe Calderón anunció el Operativo Conjunto Michoacán con el despliegue de cinco mil elementos del Ejército. Luego vinieron los operativos Noroeste, Laguna, y otros más. Todos estos despliegues serían temporales, sin embargo, sucedió lo contrario. Desde 2006, al menos 40 mil militares han participado implementando retenes, arrestando a presuntos delincuentes, coordinando operativos, y hasta dirigiendo corporaciones policiales y de procuración de justicia,1 como ha ocurrido en Tamaulipas. Por todo ello, no sorprende que la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior (LSI) haya revivido preguntas clave: ¿Hasta qué punto es buena idea utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública? ¿Cuándo regresarán los militares a los cuarteles? Y sobre todo, ¿qué piensan los mexicanos al respecto?


Ilustración: Patricio Betteo

I. El General exige una ley

A finales de 2016, el General Cienfuegos exigió al Congreso un marco jurídico para las labores que el ejército ha desempeñado en los últimos años.2 Ante la magnitud del reclamo, se presentaron tres iniciativas: la de Camacho y Tamayo (PRI); la de Gil Zuarth (PAN); y la de Barbosa (PRD). Aún con sus variantes, las tres proponían otorgar más instrumentos a los elementos castrenses para combatir al crimen organizado.

Si bien hay voces a favor de dichas iniciativas,3 otros actores han enfatizado que de aprobarse una ley bajo estos términos se estaría entregando un “cheque en blanco” a las fuerzas armadas. Al no incluir ningún tipo de contrapeso democrático, la LSI generaría incentivos perversos que resultarían en abusos y violaciones a los derechos humanos. A pesar de la importancia del tema, hasta ahora nadie nos había consultado a los mexicanos qué pensamos sobre esta iniciativa. En este contexto, PropuestaMx y Estadística Aplicada presentan la Primera Encuesta Urbana sobre Gobernanza del Sector Seguridad a fin de dar a conocer cuál es el sentir de los mexicanos ante esta situación.

II. ¿Qué nos dice la encuesta?: la opinión sobre las instituciones

Estadística Aplicada realizó la encuesta en seis ciudades clave del país con más de 500 mil habitantes: Ciudad de México (CDMX), Ciudad Juárez, Monterrey, Veracruz, Mérida y Puebla.4 A continuación, presentamos algunos de los resultados. La primera sección abarca el conocimiento que tienen los mexicanos sobre las instituciones de seguridad y la confianza que éstas generan.

III. ¿Qué nos dice la encuesta?: las estrategias

A los participantes se les preguntó qué opinan sobre la decisión de Calderón de utilizar a las fuerzas armadas para combatir la delincuencia. Como se puede observar, la mayoría de las ciudades consideran que fue un acierto o que no habían otras alternativas.

Para el caso de Peña Nieto, los encuestados reprobaron al mandatario con un 40 sobre 100. Esta percepción indica el fracaso de su estrategia –a un año de que concluya su administración-. En principio, pretendió resolver discursivamente la violencia al suponer que desaparecería evitando hablar de ella. Luego, fue incapaz de sancionar violaciones a los derechos humanos como sucedió en Ayotzinapa, Tlatlaya, y Tanhuato.

Su gobierno ni siquiera implementó las medidas que él mismo propuso. El montaje está desde la Gendarmería que no fue, pasando por el incremento de 20 veces el gasto a seguridad —sin que sepamos a dónde fueron los recursos—, hasta la desaparición del Programa Nacional de Prevención de la Violencia y sus 10 mil millones de pesos que nunca dieron resultados. El abandono al sector seguridad es tan evidente que otros delitos se han posicionado en la agenda nacional como los asesinatos de alcaldes y periodistas, y la consolidación de los huachicoleros.

IV. ¿Qué nos dice la encuesta?: las fuerzas armadas

Como parte de la discusión de la LSI, se consultó a los ciudadanos su sentir ‘al ver a un militar en las calles’ y cuáles deberían ser las atribuciones de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública (si éste fuera el caso).

Gráfica 1. ¿Qué siente al ver un militar en las calles?

En ambos casos es evidente que existen importantes variaciones regionales. Es posible sugerir que éstas parecen ser el resultado de la intensidad de la presencia militar, por un lado; y el éxito de sus operaciones, por el otro. Resulta interesante observar cómo dos ciudades -Monterrey y CDMX- pueden tener visiones tan encontradas. Mientras que 90 por ciento de los regiomontanos está de acuerdo en otorgar más atribuciones a los militares, la CDMX (que nunca ha tenido una operación militar de gran escala) aparece como urbe con mayor escepticismo sobre éstas. La CDMX y Monterrey se constituyen como los polos ideológicos opuestos mientras que el resto de las ciudades aparecen como puntos intermedios en el debate.2

Gráfica 2. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que las fuerzas armadas…?
(% de la población que dice estar ‘de acuerdo’ o ‘muy de acuerdo’)

Contrario a lo esperado, la mayor parte de los mexicanos no cree que los elementos castrenses incurran en abusos o violaciones de derechos humanos. De hecho, la mayoría cree que si el Ejército regresara mañana a los cuarteles los delitos subirían. Esta perspectiva es interesante a la luz de lo que será la salida del Ejército de Tamaulipas a petición del gobernador en marzo pasado.

Gráfica 3. ¿Qué pasaría con la violencia y los delitos si el Ejército
dejara de realizar funciones policiales?

Los consultados también respondieron cómo ha evolucionado su percepción sobre el Ejército en los últimos diez años y  la evidencia indica que ésta ha mejorado.6

Gráfica 4. ¿Qué tanto ha cambiado su percepción del Ejército vs. hace 10 años?

Por último, preguntamos si el desempeño de las policías locales mejoraría si se aprobara la Reforma del Mando Único7 y encontramos que la sociedad respalda dicha propuesta.

Gráfica 5. ¿Mejoraría el desempeño de las policías municipales si se aprobara la reforma del Mando Único?

V. Consideraciones finales

Con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert México, la Primera Encuesta Urbana sobre Gobernanza del Sector Seguridad elaborada por PropuestaMx y Estadística Aplicada permite conocer la percepción específica que tienen los mexicanos en torno a esta crisis, y ayuda a tener un debate informado sobre qué hacer con el Ejército.

Aunque los resultados deben tomarse con muchísima cautela -justamente por la naturaleza de desesperación en que vivimos-, la evidencia que nos dejan es la desconexión entre el círculo rojo de activistas y lo que los mexicanos —nos guste o no— siguen pensando sobre las instituciones, los derechos humanos, y la inseguridad.

En todo caso, la LSI es tan compleja que su discusión deberá ser pública y minuciosa, recordando que el objetivo final es la seguridad del ciudadano. Por ello, es elemental diseñar una ruta doble. Por un lado, que permita dignificar la profesión del policía civil a través de mejores prestaciones, salarios, turnos y condiciones de vida, y por otro, que fije plazos y costos que comprometan a gobernadores y presidentes municipales a una ruta real de profesionalización de sus cuerpos policiacos como el paso elemental para lograr que las militares regresen a sus cuarteles.

Aceptémoslo: una situación de emergencia simple y llanamente no puede ser una condición de justificación para que las fuerzas armadas operen de manera permanente. Este es quizá el último llamado para que la transición ocurra en tiempo y forma.

 

David Pérez Esparza es candidato a doctor en Ciencias de la Seguridad por University College London (UCL), y consejero de PropuestaMx.

Helden De Paz Mancera es maestra en Combate a la Delincuencia Organizada y Terrorismo por University College London (UCL), y consejera de PropuestaMx.

Rodrigo Reyes Muguerza es maestro en Administración Pública por la London School of Economics (LSE), y consejero de PropuestaMx.


Agradecemos infinitamente el apoyo del Mtro. Rodrigo Alagón y a todo el equipo de Estadística Aplicada por la aplicación de esta encuesta. Igualmente, agradecemos a Elisa Gómez y a Hans Mathieu de la Fundación Friedrich Ebert México (FES) por todo el apoyo otorgado para la organización del evento de presentación de dicha encuesta. Si desea consultar los resultados completos y descargar la base de datos de la Primera Encuesta Urbana sobre Gobernanza del Sector Seguridad, de click aquí.


1 Artz, S. (2011). Democracia, Seguridad y Militares en México. University of Miami Scholarly Repository.

2 La operación de emergencia de las fuerzas armadas tiene sustento en dos fallos de la Suprema Corte de Justicia. El primero (1996) indica que las fuerzas armadas pueden participar en tareas de seguridad pública siempre y cuando sea en ‘condiciones especiales’, a solicitud expresa del mando civil, y subordinado a éste. El segundo (2008) definió que las instituciones de seguridad pública deberán ser encabezadas por una autoridad civil; situación que claramente no se ha cumplido. Madrazo (2017) ha sugerido que el primer fallo ya no está en vigor en virtud del segundo. Benítez Manaut (2017) ha señalado que además existe un doble reto en la interpretación constitucional: (a), los artículos 29 y 129 constitucional no especifican con claridad quién y qué condiciones se requieren para emitir un ‘estado de excepción’, y (b) el artículo 73 que no define si el Congreso está facultado para legislar en materia de seguridad interior. 

3 El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los gobernadores del PAN, y algunos miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

4 El detalle sobre la metodología puede consultarse aquí.

5 La encuesta sugiere cómo un mismo fenómeno (como el contar con un mando policial de origen militar) puede ser recibido de manera tan distinta dependiendo la experiencia local. En Cd. Juárez el mando policial ha recaído en militares como David Rivera Bretón (General de División retirado) y en Julián Leyzaola (Teniente Coronel del Estado Mayor). En Nuevo León, las últimas administraciones han perfilado a militares y marinos al frente de las corporaciones, como los casos de Jaime Castañeda Bravo (General de División) y Cuauhtémoc Antúnez Pérez (General de División del Estado Mayor Presidencial) en la Secretaría estatal, o de José Guadalupe Ávila Gil (Vicealmirante de la Marina) a nivel municipal. El caso de la CDMX ha sido muy distinto. Durante la administración de López Obrador, el mando policial estuvo en profesionales con un perfil no militar: Joel Ortega (ingeniero), y Marcelo Ebrard (internacionalista). Manuel Mondragón y Kalb (Médico naval) estuvo a cargo de la seguridad pública durante la administración de Ebrard. La diferencia en perfiles explicaría la heterogeneidad en las percepciones.

6 De nuevo, Monterrey y la CDMX nos muestran dos escenarios. La capital del país -que no tiene un despliegue de fuerzas armadas- ha empeorado su percepción; sin embargo, Monterrey (que sí la tuvo), ha cambiado su percepción de manera positiva aún a pesar de que el Ejército ha cometido errores, como asesinar en fuego cruzado a dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en el año 2010.

7 La propuesta para eliminar las policías municipales (o fusionarlas con las estatales) fue presentada por primera vez por el entonces candidato presidencial Felipe Calderón en 2006. Cuatro años después, Calderón envió formalmente al Senado de la República la Iniciativa para la creación de un mando único policial (7/octubre/2010). Un análisis de las implicaciones legislativas, operativas, financieras de esta propuesta se encuentra en González-Arechiga, B.; Pérez Esparza, D.; Caballero, J. y Salgado, J (2017). ¿Cómo transformar las policías? Análisis de opciones, estrategias y costos para reformar el mando policial en México. Editorial Tirant Lo Blanch: México.