La muerte de 19 personas y las lesiones de cinco policías en un operativo en la sindicatura de Villa Unión, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, exige varias lecturas. La primera es que el enfrentamiento es un episodio más en el proceso de la violenta reconfiguración del mapa del crimen organizado a nivel nacional como resultado del colapso del Cártel de Sinaloa, después de la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el estallido de los conflictos entre los aspirantes a sucederlo, tanto internos como externos. Ésta, como primera aproximación, es relativamente buena. Por lo que se sabe, la guerra entre grupos desatada en Sinaloa desde la tercera detención de “El Chapo” continúa su curso inexorablemente, provocando agresiones y muertes que se acumulan semana con semana.

De acuerdo con la versión oficial, el operativo de Villa Unión habría comenzado justamente cuando un grupo de policías municipales se “encontró” con un comando que había atacado a dos personas en la sindicatura momentos antes—aunque, de acuerdo a versiones periodísticas, los policías municipales habrían recibido una denuncia telefónica y habrían llegado justo en el momento en el que el comando estaba “levantando” a un individuo que previamente habría asesinado a otros dos. Esto es, en Villa Unión las autoridades se habrían enfrentado con un grupo de presuntos delincuentes en el preciso momento en el que se desarrollaba otro episodio de la guerra del crimen organizado.

Pero tan buena como puede ser, esta lectura es necesariamente incompleta y no es demasiado útil. Es necesario saber que transcurre un conflicto entre grupos del crimen organizado e identificar a los principales actores del conflicto, sus posiciones, sus alianzas y, sobre todo, sus victorias y derrotas. Es necesario documentar los eventos de este conflicto, incluso si la mayor parte del tiempo es necesario especular sobre las identidades y motivaciones de los participantes con la poca información de la que se dispone. Pero este parte de guerra deja más preguntas que respuestas. Al final del día, no basta con tener una cierta idea de lo que pasó, es necesario también, urgente incluso, saber si debió pasar. Ésta es la segunda lectura que debe hacerse del operativo en Villa Unión.

Ningún funcionario que se precie debería albergar la idea de que sus dichos pueden deben valer por sí mismos. La sospecha sobre los operativos en contra del crimen organizado es ya permanente y está plenamente justificada. Sin una investigación profunda y contundente de cada acción en la que haya civiles fallecidos, las acciones de las autoridades estarán permanentemente bajo sospecha. Pensarse o declararse incomprendido o vilipendiado porque haya quien exige, con pleno derecho, respuestas precisas y respaldadas por evidencia frente al fallecimiento de presuntos delincuentes es simplemente inaceptable y contraproducente: ¿alguien cree realmente que debe apostarse la credibilidad del Estado para ahorrarse los inconvenientes de una investigación? ¿Qué percepción se tiene de las propias fuerzas a las que se envía todos los días a proteger a la población, que se teme esclarecer plenamente sus acciones en casos como estos? La confianza y la credibilidad, son bienes preciados en los tiempos que corren. El costo de investigar a fondo cada enfrentamiento en el que haya civiles fallecidos es mínimo comparado con el de apostar a la indiferencia frente a la muerte de presuntos criminales.

La misma lógica aplica, sin embargo, a quienes tratan de deslegitimar las acciones de los policías y soldados que intervinieron el operativo acusándolos sin mayor trámite de violaciones de derechos humanos. Utilizar el mero saldo del operativo para señalar a priori que hubo ejecuciones extrajudiciales es simplemente inaceptable sin una investigación de por medio. No vale la pena entrar aquí en un debate sobre las ventajas tácticas que tienen las fuerzas federales o la enorme complejidad de reconstruir los hechos a partir de periciales. Debe bastar con recordar que la presunción de inocencia, que en este caso se traduce específicamente en la presunción de que las autoridades involucradas actuaron conforme a la ley, no se cancela a partir de que a uno le parece que el saldo del enfrentamiento fue “disparejo”, como si en lugar de un enfrentamiento se estuviera analizando un partido de futbol del que uno no se enteró más que del resultado.

Y esto lleva a la tercera lectura, la más compleja, que debe hacerse sobre Villa Unión. No basta saber si el operativo fue llevado a cabo de manera competente y apegada a la ley. Debe saberse también si esta clase de operativos son, en última instancia, necesarios. Esta es una discusión amplia, compleja e inevitablemente polarizada.

Se puede argumentar que el régimen de prohibición de la marihuana es un motor de violencia inaceptable y crecientemente arcaico. Y es un hecho ineludible que, a paso lento pero firme, la idea de que la marihuana debe ser ilegal está perdiendo terreno de manera inexorable—y defenderla probablemente lo pone a uno en el lado equivocado de la historia y la ciencia. Pero pensar que los hechos de Villa Unión tienen como causa única y directa la prohibición de las drogas ignora la complejidad de los mercados ilegales y del comportamiento criminal. Por decirlo en términos simples, dejar de combatir la marihuana y a sus usuarios no implicará dejar de combatir a las personas y grupos que buscan poder y dinero ilegalmente. Vivimos ya en un mundo en el que los productores ilegales de marihuana están siendo desplazados por fuerzas de mercado y regulación.

¿Qué significa eso para la guerra de los cárteles? ¿Para la violencia en general? ¿Qué significa eso para Villa Unión? ¿Debió, por ejemplo, evitarse la extradición del Chapo para evitar el colapso del Cártel? ¿Qué nos hace pensar que las facciones que están peleando ahora no hubieran entrado en conflicto eventualmente? ¿Todavía se puede creer, sensatamente, que la “pax narca” es posible o deseable? No hay una respuesta simple ni, siendo honestos, ninguna que resulte plenamente satisfactoria.

El enfrentamiento del pasado viernes en Villa Unión es preocupante y terrible para la imagen de México y, sobre todo, para la tranquilidad de los mazatlecos. Pero no encontraremos las soluciones que estamos buscando si pretendemos explicar todos los hechos de violencia con una sola respuesta, por atractiva que sea. Es simplemente una aproximación demasiado simplista.

Estos son tiempos de hacerse preguntas y ensayar, una y otra vez, respuestas, hasta que demos con algunas que funcionen, aunque sea temporalmente. No hay de otra.

Jaime López-Aranda Trewartha es especialista en seguridad y justicia. Fue titular del Centro Nacional de Información del SESNSP y asesor del Comisionado General de la Policía Federal. Ha colaborado también con CIDAC y es autor de diversos libros y artículos sobre seguridad pública y justicia penal.