México vive un proceso paulatino en el reconocimiento de un problema de género donde la condición de ser mujer coloca a esta mitad de la población en una situación de vulnerabilidad distinta a la de un hombre, tanto en espacios públicos como privados. Este reconocimiento se debe en gran medida a la intervención de la sociedad civil organizada. No obstante, las medidas que han tomado las autoridades van desde el ridículo —como los silbatos de la Ciudad de México— hasta elaboradas leyes de difícil aplicabilidad, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, este reconocimiento es aún insuficiente por varias razones. Este análisis se enfoca en dos de ellas: por un lado, se desconoce el tamaño real del problema y, por el otro, no se conocen evaluaciones formales del impacto que tienen las medidas que ha tomado la autoridad con la intención de resolver el problema. Existe discurso, presupuesto y reformas legales, pero no una idea clara de qué sirve y qué no; si hay avances o retrocesos. El único indicador que guía la opinión, parece ser, el escándalo mediático.

Medir el problema

Sabemos que la violencia de género es un problema. Hay notas y estudios sobre feminicidios en México, se aborda en foros públicos y hasta un Instituto Nacional de la Mujer pero, ¿por qué no existe claridad sobre el tamaño del problema?  Existen tres fuentes de información para aproximarnos a la dimensión del problema de la violencia contra la mujer en México: estadística delictiva oficial, encuestas de victimización (las más utilizadas) y alguna valoración sobre el grado de normalización de la violencia, que implica que incluso las encuestas de victimización tengan un sub-reporte. 

La estadística delictiva oficial indica el número de “presuntos delitos”, es decir carpetas de investigación abiertas en los Ministerios Públicos. Esta información es recopilada y reportada por las procuradurías estatales de justicia y publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los delitos sexuales no son el único tipo de violencia contra la mujer, sin embargo, al no poder diferenciar por sexo a las víctimas registradas en el SESNSP, al menos sabemos por encuestas de victimización que casi el 100 por ciento de estos delitos es perpetrado contra la mujer. La suma de “violación” más “otros delitos sexuales” arroja un total de 27,186 presuntos delitos en 2015. Sin embargo, sabemos que los delitos sexuales son especialmente poco denunciados, la ENVIPE 2016 estima que sólo el 6.6% de este tipo de delitos fueron denunciados y 4.4% pasaron a tener una investigación abierta, es decir una cifra negra de 95.6%. Esto quiere decir que la cifra “real” de delitos sexuales es de más de 700 mil al año.

Finalmente, responder en una encuesta que uno ha sido víctima de violencia implica reconocer, en primer lugar, que existe violencia y dos, que uno es víctima. En muchas ocasiones la violencia contra la mujer se considera por parte de la víctima como parte de una dinámica normal, por lo que no es reconocida como tal. Adicional a ello, en otros casos, cuando sí se reconoce la existencia de violencia, ocurre que la mujer se considera culpable o causante (y no víctima) del comportamiento violento. Esta normalización se pone en evidencia con la Encuesta sobre Capital Social Negativo (2014)1 como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Normalización de la violencia contra la mujer

Esta forma de representar los datos pone de manifiesto que existe un hueco considerable de información sobre la magnitud del problema. Esta desinformación ha dificultado la generación de líneas base para evaluar el éxito o el fracaso de las acciones realizadas.

¿Qué se ha hecho y con qué resultados?

La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es, de acuerdo al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad), un objetivo primordial del Gobierno de la República.

De acuerdo al 4º informe de Gobierno, el presupuesto asignado a promover la igualdad entre mujeres y hombres tuvo un incremento en términos reales de 37.3 por ciento entre 2012 y 2016. Además, entre 2013 y julio de 2016 congresos locales reformaron, adicionaron o derogaron 138 normas en sus códigos penales y 58 en sus códigos civiles y familiares para armonizarlos con instrumentos internacionales en materia de igualdad de género.2 Aunado a esto, el gobierno federal da cuenta de una importante cantidad de campañas y acciones de difusión sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Finalmente, cada Secretaría de Estado reporta un número importante de estrategias, talleres, comisiones, acciones y programas enmarcados en el mismo objetivo.

El Proigualdad se divide en seis objetivos, uno de los cuales es específicamente el de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y garantizar su acceso a la justicia. Oficialmente, el gobierno mide el logro en este objetivo a través de tres indicadores:

Indicadores del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres

Es claro que los indicadores son, cuando mucho, indicadores de resultado sobre la atención de la violencia de género, pero dicen nada de posibles logros en la prevención, sanción o erradicación de la violencia. Más aún, el hecho de que haya más mujeres atendidas, más delitos ingresados y más denuncias presentadas podría significar lo contrario, es decir, una mayor incidencia de eventos de violencia contra la mujer. Por otro lado, las metas planteadas para 2018 no se pueden entender como objetivos deseables: no queda claro por qué la meta de mujeres atendidas es de 10 mil, cuando en 2016 se atendieron a más de 190 mil. En otras palabras, se ejercen una gran cantidad de recursos y no tenemos idea de cómo han impactado en la violencia contra las mujeres.

Este es el contexto en el que surgen, una tras otra, las trágicas historias de feminicidios, violaciones y abusos que generan olas de indignación y repulsión social, principalmente por su difusión en redes sociales. El contexto de un gobierno que no tiene certeza sobre si lo que hace sirve para algo y mucho menos de cómo mejorarlo. Saltamos de coyuntura en coyuntura y la presión social resulta en una mayor inversión en comunicación social gubernamental para sofocar la crisis mediática, sin embargo, se ven poco o nada de cambios de estrategia en las políticas para hacer frente y reducir la violencia contra la mujer.

 

SIMO Consulting


1 Casede y Simo (2014) Encuesta sobre Capital Social Negativo.

2 Presidencia de la República. 4º Informe de Gobierno, Perspectiva de Género.