La reforma constitucional en materia penal de 2008 transformó los cimientos de la procuración y administración de justicia en nuestro país. Lo anterior ha provocado que se alcen voces a favor y en contra del nuevo proceso penal acusatorio y oral. Algunas son muestra de un gran descontento por la aparente impunidad que a su criterio genera la dinámica de un sistema de corte garantista.

Debemos recordar que uno de los ejes de la reforma en cuestión fue implantar en México un sistema en el que se respetaran los derechos tanto de la víctima u ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último. Asimismo, se establecieron mecanismos alternativos de solución de controversias para transitar al paradigma de la justicia restaurativa. Dichos mecanismos tendrían como objetivo, entre otras cosas, disminuir la presión que causan sobre los órganos jurisdiccionales las altas cargas de trabajo y para que la víctima u ofendido obtuviera de forma más rápida la reparación del daño.

En este contexto es importante concentrarnos en la medida cautelar de prisión preventiva (y su relación con el principio de presunción de inocencia), así como en los mecanismos alternativos de solución de controversias, ya que son estos temas los que han generado una percepción de aparente impunidad. Recordemos por ejemplo, una de las más recientes declaraciones del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, en el sentido de que, a partir de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, 13 mil internos han salido de las cárceles, y que es necesario hacer reformas porque “[no] puede ser posible que cuando hay un robo con allanamiento, con fractura de cerraduras, con un riesgo claro para la sociedad sea opcional para la víctima que se decrete una prisión preventiva o no”.

En principio, hay que tener en cuenta que con el nuevo modelo procesal penal se estableció un catálogo de delitos que merecen la aplicación automática de la medida cautelar de prisión preventiva. Esto significa que sólo en ciertos supuestos los indiciados deberán permanecer presos durante el tiempo que dure su proceso. Sin embargo, el hecho de que una persona acusada no sea sometida a prisión preventiva no supone una absolución de responsabilidad, ya que el proceso debe continuar para que exista una determinación de tal naturaleza. Incluso pueden imponerse otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, tales como el arraigo domiciliario, o la colocación de localizadores electrónicos. Entonces, considerar que el hecho de que una persona no sea puesta en prisión preventiva genera impunidad es un error. Si consideramos que la prisión preventiva es una medida extraordinaria, y que en virtud del principio de presunción de inocencia el indiciado debe ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario, nada más natural que una persona pueda llevar un proceso penal en libertad, con las debidas excepciones.

Esta apreciación de aparente impunidad ha generado iniciativas legales que pretenden ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva. Entre éstas se encuentra la suscrita por los diputados César Camacho Quiroz y Álvaro Ibarra Hinojosa, del grupo parlamentario del PRI, la cual propone “incorporar como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa para los delitos de portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; tráfico de personas, así como para el delito de sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y de financiamiento al terrorismo, debido a su alto nivel de peligrosidad, incidencia y repercusión social como meritorios de la máxima medida cautelar.”

Como vemos, por medio de esta iniciativa se intenta ensanchar los supuestos de prisión preventiva oficiosa con el propósito de anticipar una pena que sólo debería ser impuesta después de determinar la culpabilidad de una persona. Claramente se tiene la idea de que el no imponer prisión preventiva genera vacíos de justicia; sin embargo, el uso de la prisión preventiva solamente como medida extraordinaria va de acuerdo con los estándares internacionales. Incluso, la legislación podría ser más garantista al eliminar por completo los supuestos de prisión preventiva oficiosa, dejando la aplicación de esta medida sujeta a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y subsidiariedad.

Esa es la intención la iniciativa de reforma constitucional presentada por las senadoras y los senadores Cristina Díaz, Angélica de la Peña, Fernando Yunes, Roberto Gil, entre otros, la cual expone los siguientes motivos:

“La prisión preventiva y otras medidas cautelares sólo deben ser procedentes cuando resulten indispensables para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Su aplicación debe estar gobernada por los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y subsidiariedad”.

Ahora bien, la miscelánea penal de 2016 estableció que las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que se decreten durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente antes de la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, podrían ser revisadas a solicitud del inculpado o imputado, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Esto ha traído como consecuencia la libertad de diversos indiciados, destacando el caso del ex líder de autodefensas en Michoacán José Manuel Mireles. Sin embargo, esto no debe generar una percepción de impunidad, ya que esto es consecuencia de la aplicación del principio de presunción de inocencia, que establece que todo indiciado debe ser considerado y tratado como tal hasta que se demuestre lo contrario. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la aplicación de la prisión preventiva es de carácter excepcional, por lo que no nos debe sorprender que una persona siga su proceso en libertad, el cual puede, por cierto, terminar en una sentencia condenatoria.

Por otro lado, en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, se menciona que estos fueron establecidos para transitar hacia una justicia restaurativa que persiga el reconocimiento y la reparación de los delitos. Dichos mecanismos –como los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso– contribuyen a dar una respuesta rápida al conflicto surgido con motivo de la comisión del delito. Por ello, no sólo no generan vacíos de justicia, sino que por el contrario, permiten reparar el tejido social sin colapsar el aparato de procuración y administración de justicia. Si bien los asuntos no se resuelven con un fallo que absuelva o condene, estos se zanjan con un acuerdo debidamente autorizado por la autoridad competente, o con una suspensión condicional del proceso que satisfaga la reparación del daño.

Claramente nuestro país existe un grave problema de impunidad, pero esto no se puede atribuir directamente a la forma en que opera la medida cautelar de prisión preventiva (con todo y las críticas que se puedan hacer), o a la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Existen otras causas que podrían estar provocando el descontento con el nuevo proceso penal. Entre éstas destaca la falta de investigaciones eficientes, exhaustivas, profesionales e imparciales por parte de los órganos de procuración de justicia. En este sentido, basta traer a colación los datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura Federal, de los que se desprende que 99 por ciento de las causas penales a nivel federal se han judicializado en flagrancia. Es decir, la investigación por parte de los ministerios públicos necesita mejorarse. Lo anterior podría estar provocando desconfianza en el sistema, pero generada no por la forma en que está estructurado el proceso, sino por la falta de una capacitación más robusta para los órganos de procuración de justicia.

El nuevo sistema procesal penal se encuentra en una etapa de implementación aún complicada, al punto de que se lanzó una Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia convocada por la UNAM, el INACIPE, el CIDE, el Congreso de la Unión, entre otras instituciones, con el objetivo de recibir, sistematizar y analizar propuestas y planteamientos de todas las instituciones y personas interesadas para mejorar la calidad de la procuración de justicia en México.

En suma, si bien es cierto que existen reformas constitucionales y legales pendientes, lo importante es que se cuenta con un proceso penal acusatorio y oral, que descansa en el principio de presunción de inocencia. Por otro lado, es importante poner énfasis en la continua capacitación de los órganos de procuración de justicia: estos tienen una gran responsabilidad para hacer que el sistema funcione. La coordinación entre los distintos actores del nuevo modelo es fundamental. Sin grandes esfuerzos institucionales será imposible garantizar un sistema que dé respuesta a las demandas de la sociedad.

Héctor Ivar Hidalgo Flores es estudiante de la Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el INACIPE