Hoy, gracias a publicaciones como Homicidios 1990 – 2007 y Homicidios 2008 y 2009 de Fernando Escalante o Trayectorias de Violencia: Homicidios 2008 – 2014 de Miguel Ángel Berber en esta revista, todo mundo en México conoce esta curva. Es la silueta del paisaje de nuestra violencia. Un paisaje que a pesar de tanto trabajo y tanto sufrimiento no hemos sido capaces de borrar de nuestro horizonte. Como ya se ha documentado, a principios de 2015, después de una disminución importante entre 2012 y 2014, la violencia comenzó a registrar un nuevo repunte caracterizado, a diferencia de periodos anteriores, por una mayor dispersión territorial.

¿Por qué no hemos podido frenar este lastre de forma definitiva? ¿Por qué seguimos inmersos en esta espiral? Soy de la opinión que gran parte de éste y otros problemas en materia de seguridad pública tienen que ver con que no contamos con un conocimiento cabal de los fenómenos que nos aquejan. Y si no sabemos realmente de qué van los problemas, poco podremos hacer para resolverlos. Esta afirmación no surge de una posición arrogante. Al contrario, es producto de un ejercicio crítico que busca explorar los límites materiales de nuestro entendimiento y contribuir con ello a encontrar la salida al ciclo de violencia en el que nos encontramos desde 2007.

¿A qué me refiero específicamente? A que hoy, gracias al trabajo especializado de muchos y muy buenos analistas, sabemos cómo se distribuye y cuál ha sido la evolución de la violencia en nuestro territorio; sabemos qué segmentos de la población la originan y quiénes la padecen. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta qué la genera (o qué la reduce), qué motiva a quienes la ejercen, por qué se concentra en ciertos lugares, si se concentra o no en algunas organizaciones o en algunas personas o por qué ha sido tan expresiva o tan discreta en distintos momentos de nuestra historia. Que no contemos con todas las respuestas no quiere decir que no se hayan propuesto explicaciones sobre el fenómeno. Lo que pretendo ilustrar es que éstas, al menos las que han tenido mayor incidencia en el debate público, no han sido suficientes.

Buena parte de las hipótesis surgidas en los últimos años explican la violencia en términos de las confrontaciones entre organizaciones criminales, producto a su vez de la competencia por mercados ilegales.1 Por lo general, estas hipótesis ven al estado como un regulador accesorio que puede irritar seriamente las dinámicas de violencia (mediante intervenciones poco planeadas o de plano como un promotor corrupto de las mismas) o, en el mejor de los casos, ayudar a contenerlas.

Si bien este tipo de explicaciones son válidas y cuentan con sustento empírico, considero que tienen dos limitantes. La primera, parafraseando a Garland (1996, 2000), es que “definen el problema hacia abajo” y lo simplifican. Por un lado, al centrar su atención en la violencia generada por la delincuencia organizada – concepto por demás problemático como veremos más adelante –  dejan de lado cerca del 50% del fenómeno, eso que algunos llaman “violencia por convivencia” y que al parecer se considera tan heterogénea e imprevisible que ni para qué voltearla a ver. Por otro, al explicar la violencia en términos del conflicto entre organizaciones criminales y no como actos individuales, convierten el problema en una especie de juego de estrategia, donde los “adversarios” son grandes colectivos bélicos, claramente discernibles y articulados, que operan como cajas negras, y a los que sólo pueden hacerles frente las entidades análogas del estado.

Lo anterior resulta por demás conveniente, tanto para la sociedad como para las autoridades. Al final del día, ver las cosas de esta forma simplifica el problema, facilita el discurso y reduce la carga de trabajo de manera importante. Acabar con el problema de la violencia se convierte simplemente en acabar con las organizaciones criminales o, para los más realistas, en administrar sus relaciones. Por ello es común que las soluciones a la violencia en el país se planteen en términos de “neutralizar objetivos prioritarios”, de “igualar la capacidad de fuego” o “recuperar territorios” en manos de las organizaciones criminales; es decir, en medidas de tinte belicista que ponen todas sus esperanzas en la aniquilación del adversario mediante la confrontación directa.

Algunos dirán que esta perspectiva es necesaria en vista de la amenaza que estos grupos representan para el estado y la urgencia que tenemos por acabar con ellos. Sin embargo, a 10 años de la última escalada de violencia, yo me preguntaría si no es justo esta forma de entender y enfrentar la violencia lo que ha profundizado el problema. Valdría la pena preguntarse si al atender los homicidios según su pedigrí e igualar la reducción de la violencia a la batalla contra el crimen organizado no estamos fomentando una visión centralista de la seguridad, contribuyendo a que los gobiernos locales eludan su responsabilidad y sobrecargando al aparato de seguridad federal de problemas cuya solución seguramente pasa, también, por fortalecer otras dimensiones del control social mediante la participación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil en su conjunto. 

El segundo problema con este tipo de explicaciones es que carecen de “profundidad criminológica”; es decir, dan por hecho ciertos fenómenos sin preguntarse por sus causas (y las causas de sus causas). Al hacerlo, no sólo atentan contra la exquisitez académica, sino que constriñen de manera significativa el abanico de posibles soluciones a nuestros dilemas. No es lo mismo lidiar con un sicario natural e irremediablemente violento que con un joven que a lo largo de su vida enfrentó diversas situaciones que lo llevaron a ser violento. A uno lo neutralizo, al otro puedo rehabilitarlo. En este sentido, si nuestra estrategia de reducción de violencia va a ser acabar con la delincuencia organizada creo que podemos hacer un mejor trabajo para entenderla y de esa forma ampliar nuestro catálogo de respuestas. Sólo así podremos romper nuestra dependencia en los despliegues de la marina y el ejército.

Al respecto valdría la pena hacernos varias preguntas que hasta el momento han estado guardadas en el cajón. Primero que nada, tenemos que discutir a qué demonios nos referimos cuando hablamos de crimen organizado. ¿Cómo es posible que habiendo en el mundo al menos 180 definiciones distintas de este fenómeno, exista un debate tan magro en México sobre el tema? ¿ Por qué hemos validado sin mayor cuestionamiento términos como el de “cártel” para describir prácticamente cualquier expresión de delincuencia organizada en el país y peor aún, asegurar que podemos identificar cuántos homicidios son cometidos por la delincuencia organizada y cuántos no?

¿Qué evidencia tenemos de que todas las organizaciones son u operan como un “cártel”? ¿Sabemos si todas las organizaciones se estructuran bajo el clásico esquema compacto y piramidal que una y otra vez nos recetan en los medios? ¿No sería lógico esperar que haya diferencias importantes en este sentido entre organizaciones? ¿Dónde empieza y dónde termina una organización? ¿Todas sus partes se organizan igual? ¿Cómo reclutan las organizaciones a su personal? ¿Qué lleva a alguien a pertenecer y mantenerse en una organización criminal?

¿Todas las agrupaciones criminales se dedican a lo mismo? ¿Todas operan igual? ¿Todas usan la violencia de la misma forma y con los mismos objetivos? ¿Todas tienen la misma cultura? ¿Cómo se relacionan las organizaciones criminales con el gobierno y la sociedad civil? ¿Todas responden a los embates del gobierno y de sus adversarios de la misma forma? ¿Qué tanto dependen las organizaciones de la corrupción o del lavado de activos?

No sé si estemos todos de acuerdo, pero considero alarmante que sepamos tan poco del fenómeno que podría estar detrás de la mitad de los homicidios que se cometen en el país. No entiendo cómo pretendemos desarrollar política efectiva de atención y combate a la delincuencia organizada si no estudiamos este fenómeno con el mismo rigor científico que estudiamos otros fenómenos sociales.

Por desgracia, esta situación no es exclusiva de los temas de violencia y crimen organizado. El abandono histórico de los estudios especializados ha hecho de esta situación una constante para todas las dimensiones de la delincuencia y las conductas antisociales. Si bien hay ejemplos extraordinarios (como los estudios sobre corrupción) y gente a la que debemos agradecer infinitamente por sus contribuciones a la comprensión de estos fenómenos, el atraso respecto a otros países es notable y los retos son mayúsculos. Como en muchas disciplinas, hemos avanzado sobre los hombros de pocos especialistas y no nos hemos preocupado por institucionalizar la generación de conocimiento. Es aquí donde encontramos los límites materiales de nuestro conocimiento y que en términos concretos se ven reflejados en cosas como las siguientes (perdonen si las generalizaciones son injustas):

  • Nuestras universidades no cuentan con carreras y especialidades suficientes para formar los cuadros académicos y operativos que se necesitan para promover soluciones que resulten de la deliberación, el contraste de ideas y la generación de evidencia empírica. Por consiguiente tampoco existen en nuestro país suficientes publicaciones especializadas que documenten el avance del conocimiento y faciliten su cuestionamiento.
  • La mayor parte del conocimiento que se genera y se difunde sobre estos temas proviene de la Ciudad de México. ¿Cómo pretendemos resolver un problema con tantas diferencias a nivel local si no contamos con instituciones y especialistas que nos traduzcan la realidad que viven en sus territorios? Sin el apoyo de organizaciones e investigadores a nivel local, no nos daremos abasto.
  • Nuestros gobiernos no se han preocupado por fomentar el estudio de la violencia: Actualmente no existen políticas estructuradas de financiamiento a proyectos de investigación en México y el extranjero en la materia; con las salvedades prácticas y legales del tema, no ha habido la disposición para abrir la información con la que cuentan las autoridades sobre estos fenómenos (averiguaciones previas, posibilidad de entrevistar a internos en centros penitenciarios, analizar escuchas telefónicas, etc.) de modo que pueda ser estudiada con rigor científico tal como sucede en otros países; no hemos protegido suficiente a los investigadores y periodistas que se han atrevido a dar un paso al frente y arrojar luz sobre un fenómeno sin ellos sería completamente obscuro.   
  • No hemos establecido una conversación a gran escala con el exterior. Desde luego que hay ejemplos notables en este sentido, sobre todo en el caso de América Latina y Estados Unidos donde las agencias de cooperación y los organismos internacionales han jugado un papel fundamental. Sin embargo, no hemos aprovechado todo el conocimiento que existe sobre el tema a nivel internacional. ¿Qué enseñanzas tienen las experiencias de países como Rusia, Italia, Bulgaria, Serbia o Japón para nosotros? No lo sabemos realmente porque los especialistas rara vez vienen a México y pocos mexicanos realizan estudios o hacen estancias en el extranjero.
  • No hemos abierto espacios suficientes para todas las voces que tienen algo que decir sobre el tema. En México existen muchos especialistas, provenientes de muchas disciplinas, que actualmente están excluidos de la conversación, pero cuyas aportaciones serían de gran utilidad para imaginar e implementar nuevas soluciones a nuestros problemas de siempre. Estos especialistas no sólo están en México ni tampoco son sólo mexicanos. No debemos fomentar el “malinchismo criminal”.
  • No existe una interlocución permanente entre el gobierno y las organizaciones e investigadores especializados en el tema. Los problemas de inseguridad suelen tocar fibras muy sensibles en todos los gobiernos. Al final no hay tema que ponga más en entredicho su razón de ser que éste. Ello dificulta el diálogo y la interacción crítica entre funcionarios y especialistas, pero todos sabemos que cuando ésta ha tenido lugar es cuando mejores resultados se han obtenido.

Con estos temas en mente, el día de hoy Nexos inicia el blog “Prevención y Castigo” especializado en temas de Seguridad Pública. Su objetivo no es otro que contribuir con un granito de arena a superar los problemas arriba planteados. Prevención y Castigo será un espacio donde especialistas nacionales e internacionales aporten elementos para comprender mejor los fenómenos de violencia y la delincuencia en nuestro país de modo que podamos fortalecer las políticas orientadas a su control.

Este espacio tendrá como propósito cuestionar ciertas lecturas canónicas del tema, explorar los espacios y situaciones donde ocurren los delitos, hurgar en  los impulsos y aptitudes detrás de la conducta criminal, evidenciar  la racionalidad técnica o expresiva de nuestras decisiones, además de evaluar los resultados de las políticas de prevención y castigo de nuestros gobiernos.

Hoy más que nunca, a diez años de la “guerra contra el narcotráfico” y a muchos más de la incesante lucha contra la inseguridad, resulta indispensable abrir la conversación y promover la construcción de nuevas y mejores soluciones a partir del debate y la deliberación. Con Prevención y Castigo esperamos contribuir de forma decidida a esta urgente causa.     

Pablo Vázquez Camacho es editor del blog. Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Maestro en Política Criminal por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.


1 Hay quienes han comenzado a explicar la violencia como producto mismo del quehacer de la delincuencia organizada cuando ésta incurre en negocios de carácter extorsivo donde la violencia es una suerte de “medio de producción”. Sin embargo, este tipo de argumentos rara vez se esgrimen para explicar incrementos pronunciados en alguna región o en el país en general.

Referencias

Garland, D. (1996), “The Limits of the Sovereign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society”, en The British Journal of Criminology, 36 (4): 445 – 471.

————— (2000), “The Culture of High Crime Societies”, en The British Journal of Criminology, 40 (3): 347-375.