El pasado 15 de mayo, en este blog, se publicó el texto “Mitología de la seguridad interior”, en el cual el autor pretendió demostrar que el debate sobre la aprobación de una ley de seguridad interior está instalado en el “mito atractivo y poderoso” de la ausencia legal de facultades de las Fuerzas Armadas para intervenir en labores de seguridad pública, omitiendo dos elementos fundamentales que –cuesta arriba- hemos intentado posicionar quienes nos oponemos al golpe autoritario que significaría la aprobación de una ley de seguridad interior: la Constitución y la realidad.

Cuesta trabajo tomar en serio planteamientos que omiten por completo la grave crisis de derechos humanos que padecemos y el horror de los 10 años de la guerra que inició Felipe Calderón y que mantiene Enrique Peña Nieto. Alarma las propuesta de trascender a la Constitución para hacer una “interpretación legal y operativa  más amplia” del artículo 21 (como se propone en el referido texto), que restringe las tareas de prevención, investigación y persecución de delitos a las autoridades civiles. Mirar la ley sin observar la realidad que pretende regular es un despropósito.

No se puede intentar ordenar el debate afirmando que las dos posiciones (de apoyo y oposición a la ley de seguridad interior) son beneficiarias del “mito”. Cuando se concluye que con la oposición o el bloqueo a reformas legales, como las que abrieron este debate, inexorablemente se perpetuaría el statu quo y que de ello no resultaría el regreso del ejército a los cuarteles, se hacen de lado los diagnósticos y alternativas que se han propuesto desde la sociedad civil y se reducen los fines de las recomendaciones de organismos internacionales a una demanda simplista y no al fin último de exigir seguridad sin guerra.

Nadie pretende hacer a un lado en su totalidad a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, como si se pensara que las policías deben hacerse cargo, por ejemplo, del tráfico de personas, armas y estupefacientes en el mar. Pero la renuncia del Estado a fortalecer las instituciones civiles, no puede orillarnos a forzar interpretaciones legales y a crear legislación que legitime su actuación en tareas de seguridad, sino a exigirle al mismo Estado que cumpla con la responsabilidad de capacitar, profesionalizar y fortalecer a quienes tienen la función constitucional de la seguridad pública.

Cuando la Suprema Corte de Justicia, en la Acción de Inconstitucionalidad 1/96 determinó que las autoridades militares pueden y deben auxiliar a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, no existía en la Constitución el concepto de “seguridad nacional” (añadido en 2004), ni había Ley de Seguridad Nacional. En la referida Acción de Inconstitucionalidad, la Corte reconoció la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico al ser un problema que afecta a la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad exterior. En el caso, la Corte estimó que los casos en los que participarían las Fuerzas Armadas, podrían controlarse con rapidez.

¿No hay  un salto inmenso entre el “auxilio” reconocido por la Corte (en una época muy distinta a la que vivimos) y el proceso de sustitución progresiva de las autoridades civiles encargadas de la seguridad pública? Es evidente que sí.

Ni la tesis de la Corte, la Ley de Seguridad Nacional, ni mucho menos las leyes orgánicas del Ejército y la Marina son el marco jurídico para la actuación de las Fuerzas Armadas como lo han venido haciendo. La realidad, tras una década de fracasos en las estrategias de seguridad, ha provocado que el debate surja en una falsa necesidad de definir el concepto de “seguridad interior” y de paso dotar ¿a las Fuerzas Armadas? –como lo proponen las iniciativas del PRI y el PAN en el Congreso–, de facultades para inspeccionar a personas y bienes, ejecutar órdenes de aprehensión, realizar detenciones e intervenir comunicaciones privadas, entre muchas otras cosas que, sin marco legal, han hecho los marinos y soldados desde hace una década.

Intentar encontrar y resaltar las facultades legales de las Fuerzas Armadas (como hizo el autor en el texto publicado la semana pasada) sin contemplar lo descrito en estas líneas y mucho menos reconocer las múltiples violaciones a la ley y a los derechos humanos, no abona nada al debate y aleja a la ley de su fin último, que la legitima: el bien común.

El debate no debe estar centrado en el marco legal existente ni en uno nuevo, sin antes generar los diagnósticos correctos y atender las causas del abandono al fortalecimiento de las policías. Más aún, cuando muchas de esas causas pasan por la corrupción y la falta de rendición de cuentas, por ejemplo, sobre los recursos asignados a la seguridad pública.

El pasado 28 de marzo, mientras Enrique Peña Nieto sostenía un encuentro con soldados, marinos, pilotos y sus familias, el colectivo #SeguridadSinGuerra dio una conferencia de prensa en la que se ofrecieron datos y elementos que dibujan muy bien la indignante abdicación a la obligación de fortalecer a las instituciones de seguridad en los tres niveles de gobierno.

En el informe sobre la Cuenta Pública de 2015, la Auditoría Superior de la Federación reportó haber realizado 147 auditorías a recursos federales destinados a la seguridad pública, incluidas auditorías de desempeño a la Policía Federal y otras de cumplimiento fiscal de recursos otorgados a municipios y estados. Cada una de esas auditorías, tiene, en promedio, tres Promociones de Responsabilidad Administrativa, 443 en total, como consecuencia de las irregularidades encontradas en el ejercicio de los recursos asignados.

A nivel federal, es escandaloso lo encontrado en la Gendarmería Nacional, un cuerpo de seguridad de élite creado en este sexenio, al que se le destinaron 2 mil 842 millones de pesos para la realización de 10 mil operativos de disuasión, reacción, contención y restablecimiento del orden público. De esos 10 mil operativos, la Auditoría solo acreditó la implementación de 75, el 0.8 por ciento.

A nivel estatal, en 2015, el Gobierno del Estado de Sonora recibió 317 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), de los cuales hubieron irregularidades por 108 millones de pesos –una tercera parte de lo recibido–, en gastos no comprobables de equipo de cómputo y comunicación, chalecos antibalas, vehículos y armamento, así como la simulación de obras de ampliación y remodelación. El 65% de las metas establecidas por el FASP fueron incumplidas.

A nivel municipal, en el mismo año, Veracruz recibió 29.4 millones de pesos por parte del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN), de los cuales ejerció 5 millones en la compra de material escolar como computadoras, pizarrones, pupitres y videoproyectores, por lo que destinó cerca de 20 por ciento de los recursos de un programa de seguridad a gasto educativo.

¿No tendríamos que empezar desde ahí? Exigir #SeguridadSinGuerra no proviene de una necesidad ociosa de posicionar hashtags o eslóganes para campañas inocuas, como si la sociedad civil estuviera aburrida y no encontrara algo mejor que hacer; sino de las voces de víctimas, de las cientos de miles de muertes, del fracaso de estrategias de seguridad que se han perpetuado sin diagnósticos y de la corrupción que impide que haya estrategia o ley que justifique horrores como los vividos en la última década. Porque mientras hay quienes piensan que “el mito más peligroso” es la ausencia de facultades legales de las Fuerzas Armadas, la realidad golpea y ejecuta en la oscuridad de la noche. Porque lo que se evidenció en el video de la ejecución de un presunto delincuente por parte de un militar en Palmarito Tochapan, Puebla, debería reorientar el debate si quienes impulsan la aprobación de una ley de seguridad interior no minimizaran la universalidad de los derechos humanos. Porque la ley la ejecutan las personas y en los últimos años los comandantes supremos la han ejecutado a sangre y plomo para imponer su poder a otro poder. Porque el horror no es un mito.

Alfredo Lecona Martínez es activista, defensor de Derechos Humanos e integrante del Colectivo #SeguridadSinGuerra.