El mito más peligroso en torno a la seguridad interior, y ciertamente el más popular, sin importar en qué lado del debate se ubique uno, es que el Ejército y la Marina se encargan de asuntos de seguridad pública porque “las policías” no tienen la capacidad para hacerse cargo de sus responsabilidades. Esto es, se asume erróneamente y sin mayor examen, que todas las actividades del Ejército y la Marina que están conectadas en alguna forma con la seguridad pública son estricta competencia de las autoridades civiles y le son por completo ajenas a las Fuerzas Armadas. Y se asume también, en consecuencia, que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es coyuntural y forzada por las circunstancias, susceptible de terminarse en un momento no definido del futuro en que, presumiblemente, las policías contarán con las capacidades de las que carecen ahora.

Este mito es atractivo y poderoso porque sirve bien tanto a quienes argumentan que el Ejército y la Marina no debería tener ningún papel fuera de conflictos armados y asistencia en casos de desastre, como a quienes pretenden que las Fuerzas Armadas atiendan toda clase de crisis coyunturales. Pero no deja de ser un mito y un mito peligroso, porque simplifica a un nivel inaceptable el debate sobre el papel que el Ejército y la Marina deben tener en la protección de los mexicanos, tanto en la actualidad como en el futuro, así como sobre lo que se necesita para lograr este objetivo. A partir de este mito se construye la idea de que el futuro de la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos en el país depende de la aprobación o rechazo de una ley de seguridad interior. A partir de este mito, se perpetua la noción de que la seguridad pública es un tema esencialmente de despliegue operativo —de “botas en el terreno”, sean de policías, militares o marinos. Y lo que es más importante, a partir de este mito se garantiza, inadvertida pero inexorablemente, que las cosas permanezcan exactamente como están ahora, en detrimento de todos.

Lo primero que debe ponerse sobre la mesa es que las Fuerzas Armadas, aún en ausencia de una ley de seguridad interior, tienen responsabilidades legales que deben considerarse simultáneamente como de seguridad nacional y de seguridad pública y bajo ninguna circunstancia están operando en un vacío legal. Las leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras, prevén que el Ejército y la Marina realicen actividades que legal y prácticamente implican combatir de manera directa al menos a los grupos criminales más poderosos. Aunque se puede argumentar—y gente razonable puede estar en desacuerdo sobre este punto—que el Artículo 21 Constitucional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública restringen en alguna medida las tareas de prevención, investigación y persecución de delitos a las autoridades civiles, una interpretación legal y operativa más amplia del resto del marco legal vigente obligaría a repensar las cosas a profundidad. ¿Se quiere argumentar, por ejemplo, que las policías deben hacerse cargo de los robos y el combate al tráfico de armas, personas y estupefacientes en el mar, todas ellas atribuciones explícitas en la actualidad de la Armada de México? ¿O quizá se pretenda señalar que la misión de garantizar la seguridad interior y las atribuciones en materia de armas de fuego del Ejército y la Fuerza Aérea no cubren la interdicción de grupos armados circulando por el territorio nacional como parte de sus actividades delictivas? ¿Y qué decir del hecho de que la Ley de Seguridad Nacional prevé explícitamente que impedir el combate a la delincuencia organizada—no la delincuencia organizada, sino impedir el combate a ésta, lo que por definición es una de las principales actividades de cualquier grupo criminal—es una amenaza a la seguridad nacional?

Uno puede estar en desacuerdo con las disposiciones vigentes e incluso podría proponer una reforma amplia, pero resulta un despropósito argumentar que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es un acto político sin sustento legal y peor aún, que es un acto político atribuible de manera directa y exclusiva al gobierno de Felipe Calderón. Se esté o no se esté de acuerdo con la necesidad de “regresar al Ejército a los cuarteles”, debe tenerse en claro que esto implicaría una reforma amplia del marco legal vigente; no se trata de un acto de voluntad política ni, para el caso, de la consecuencia deseable del fortalecimiento de las policías.

Incluso contando con las policías idóneas, incluso bloqueando la aprobación de una ley de seguridad interior, las fuerzas armadas tendrían aún atribuciones y responsabilidades muy bien definidas que, independientemente de que se clasifiquen como de seguridad nacional, pública o interior, implican un combate directo a los grupos que amenazan la seguridad de las personas en México, cuando no a las instituciones del Estado.

No es necesario pues enfocarse en el concepto de seguridad interior para discutir el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. De hecho, es posible que en el contexto actual el énfasis en la seguridad interior haya resultado contraproducente. Y es que al enfocarse en ésta como la reglamentación del despliegue operativo de soldados y marinos en tareas que no están contempladas explícitamente en la ley actualmente, el debate ha estado pasando por alto, una y otra vez, un hecho crucial: la seguridad pública, en términos de la Constitución, va mucho más allá del despliegue físico de elementos policíacos—o de soldados o de marinos. La seguridad pública, en México y a nivel internacional, involucra no sólo la capacidad de estar en el terreno para prevenir o disuadir delitos, sino también la investigación y la persecución penal de los que ya ocurrieron y la reinserción social de los responsables. No se trata de un tema de policías exclusivamente, sino de policías, ministerios públicos, peritos, jueces y custodios. ¿O alguien cree que el Ejército substituye, sea inevitable o indeseablemente, a las instituciones de procuración de justicia? ¿Al sistema penitenciario? ¿No es exactamente uno de los argumentos más populares el hecho de que no se sanciona a los delincuentes que detienen las fuerzas armadas—o en general? Como en el caso de la discusión sobre las violaciones a los derechos humanos, la reducción del debate a la presencia o ausencia del Ejército “en las calles” borra la visión amplia que requiere la seguridad en el país.

Nadie en su sano juicio argumentaría que todas las policías del país cuentan con las capacidades mínimas necesarias para atender todas las funciones de seguridad pública. Sin embargo, el hecho es que, por principio, tampoco deberían tenerlas. Si el argumento es que el problema estriba en los grupos criminales más poderosos—en lugar de, digamos, los ladrones en el transporte público—no se puede obviar el hecho de que esta clase de organizaciones representa simultáneamente una amenaza a la seguridad nacional y a la seguridad pública federal y local, una tormenta perfecta si se quiere, que obliga a involucrar de manera simultánea también jurisdicciones y capacidades de los tres niveles de gobierno—y que implica, conforme a la ley, la participación de las Fuerzas Armadas. Pretender que las policías locales podrán hacerse cargo del crimen organizado por sí mismas en algún momento del futuro resulta, bueno, un tanto cándido.

Y este es quizá el problema más importante de todos. Aunque ni el Ejército ni la Marina operan en un vacío legal, la ampliación permanente del discurso sobre la amenaza que representa el crimen organizado—con el paso de los años cada vez más crisis, cada vez más delitos se le atribuyen directamente a los grupos criminales más poderosos—se ha traducido también en una ampliación indeseable de la misión de las Fuerzas Armadas. A los únicos a los que conviene tener a soldados y marinos haciendo labores de policía municipal, –atendiendo fenómenos cuya conexión con las atribuciones que sí tienen y con el crimen organizado es a lo más tenue–, es a las autoridades que obtienen una inyección instantánea de legitimidad política y capacidad para posponer la reforma de sus cuerpos de seguridad. Pero nadie debe confundirse: esta ampliación de misión continuará, se apruebe o no se apruebe una ley de seguridad interior. Bloquear la regulación de las actividades de las Fuerzas Armadas a nivel local, que sería el resultado ideal de una ley de seguridad interior o cualquier otra modificación al marco legal vigente, no resultaría en “el regreso a los cuarteles” sino a la permanencia del status quo y de todos los riesgos que implica. Es tiempo de aceptar que no hay alternativas perfectas. O continuar hablando en hashtags y eslóganes, claro. Para todo hay espacio.

Jaime López-Aranda Trewartha es especialista en seguridad y justicia. Fue titular del Centro Nacional de Información del SESNSP y Asesor del Comisionado General de la Policía Federal. Ha colaborado también con CIDAC y es autor de diversos libros y artículos sobre seguridad pública y justicia penal.