La libertad de expresión1 es indispensable para la formación de opinión pública, sienta las bases de una ciudadanía informada, y, por tanto, es piedra angular para una sociedad democrática. Es posible afirmar que una sociedad que no está informada no es plenamente libre.2 En este sentido, el periodista es un actor clave para la democracia, en algunos casos incluso forjador de la misma, en tanto que desahoga información en la arena pública para alimentar la deliberación política.

Sin embargo, en México el periodista es el eslabón más vulnerable dentro del complejo entramado de relaciones de poder y generación de información. Si bien existen factores de riesgo que le son comunes a los periodistas de todo el país, existen condiciones particulares a nivel estatal y municipal que determinan el tipo y nivel de riesgo para aquellos que ejercen el periodismo. Si bien se cuenta con información sobre las condiciones de riesgo en estos niveles, sin embargo, en este texto se realizará una aproximación analítica a las condiciones de riesgo que se identifican a nivel nacional.

Contexto nacional de riesgo para la libertad de prensa

En el periodo 2011 y 2012, como parte de una serie de consultas en nueve ciudades del país, en el marco de una consultoría para la UNODC, se llevaron a cabo talleres con periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de gobierno. Se identificaron tres tendencias a nivel nacional que impactan sobre el ejercicio periodístico.3 La primera es que prevalece la cultura política del cacicazgo y el autoritarismo, lo cual también se refleja en la relación de control que el poder político establece con los medios de comunicación y los periodistas. Lo anterior se vuelve legal e institucional a través de la publicidad oficial, figura legal que permite destinar recursos públicos para medios de comunicación a nivel estatal. Esta es la forma clásica y no violenta de control de la información a nivel local.

La segunda, se desarrollan relaciones de corrupción entre grupos de poder político y grupos de la delincuencia organizada, lo cual ha trascendido de una simple distribución de las ganancias derivadas de las actividades delictivas, hacia el control del territorio. La tercera, en la medida que los grupos delictivos desarrollaron una estrategia de comunicación a través de medios tradicionales y redes sociales, los periodistas se convirtieron en el instrumento de comunicación entre grupos criminales, así como entre éstos y el gobierno federal.4 En este proceso, el uso de la violencia adquirió niveles cada vez más extremos particularmente entre 2008 y 2011.5

En una segunda etapa realizada entre 2014 y 2015, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia con el apoyo de Freedom House, se propuso como objetivo desarrollar análisis cualitativos locales sobre las condiciones estructurales de riesgo que inhiben la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.6 Se clasificaron los riesgos en dos niveles. Primero los de carácter estructural, entendidos como aquellos que rodean el entorno del ejercicio periodístico y que inciden directamente sobre éste. A través de estos factores ejercen su influencia actores con diferentes grados de poder político, económico o social. Cada factor tiene su propia lógica y nivel de riesgo, pero están interrelacionados, lo cual da forma y contorno a la estructura. En este ámbito se identificaron los siguientes:

  • Laboral: La mayoría de los periodistas trabajan sin contrato laboral, con remuneraciones sumamente precarias. Por ejemplo, Gregorio Jiménez, periodista de Veracruz asesinado el 11 de febrero de 2014, percibía $20 pesos (1.3 dólares) por nota publicada.
  • Social: Trabajar sin contrato implica que carecen de prestaciones sociales como cobertura médica, fondo de ahorro, aguinaldo, etc.
  • Justicia: El sistema de justicia en México está rebasado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)I, la cifra negra a nivel nacional es de 93.7%.7 Los casos de delitos contra periodistas tienen niveles más altos de impunidad con respecto a los que afectan a la sociedad en general.
  • Marco jurídico: Falta de leyes e instituciones especializadas en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. Adicionalmente, una de las grandes deficiencias en las instituciones de procuración y administración de justicia en México es la sensibilización y capacitación en derechos humanos.

Segundo, los riesgos que experimentan los periodistas sin importar a cuál medio de comunicación pertenecen, su corriente ideológica o grupo de poder. De acuerdo con las consultas se pueden mencionar los siguientes:

  • Profesional: A pesar de que cada vez hay más periodistas con carrera universitaria, pero en realidad muy pocos tienen formación profesional en periodismo. En la década de los años noventa proliferaron en diversas universidades las carreras de ciencias de la comunicación, sin embargo se orientaron más hacia la producción de televisión o radio, comunicación política, entre otros ámbitos de desarrollo profesional.
  • Capacitación: La mayoría de los periodistas no se capacita. Por una parte esto tiene efectos directos sobre la calidad del periodismo realizado. Esto tiene que ver con la falta de vocación, muchos de ellos trabajan como periodistas porque no tienen otra opción laboral, condición que no los motiva a capacitarse y profesionalizarse. Lo anterior también los vuelve vulnerables en contextos de corrupción y violencia, ya que no tienen el oficio o la capacitación para corroborar o contrastar información.
  • División: En prácticamente todo el país prevalece la división entre periodistas y entre asociaciones de periodistas, debido diversas razones como desconfianza, posiciones ideológicas, individualismo, entre otras. La división tajante más fácil de identificar es la que se establece entre aquellos periodistas ‘oficialistas’ y los ‘independientes’, sin embargo, el contexto es más complejo porque también los hay entre periodistas y actores empresariales, así como con actores criminales.

Derivado de lo anterior, los efectos más perniciosos para la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país son la censura y la autocensura, así como el miedo y la desconfianza. Esto se conjuga con los bajos niveles de profesionalización y capacitación del grueso de los periodistas en el país, para quienes resulta más sencillo reproducir la información oficial que se vierte a través de boletines de prensa. Estos periodistas también son más vulnerables, a las relaciones de poder en el ámbito local, ya sea por ingenuidad o corrupción, en donde participan dueños y directivos de medios de comunicación, empresarios de agencias informativas, partidos políticos, funcionarios de gobierno y grupos criminales principalmente. Cabe señalar que en México existen casos también de periodistas que han sido obligados por medio de la violencia a trabajar para la delincuencia organizada o para agentes del gobierno.

En particular, los periodistas independientes que ejercen su labor con profesionalismo, rigor y calidad son los que enfrentan los mayores riesgos en contextos en donde se diluyen las fronteras entre el poder político y el poder criminal. Estos periodistas han desarrollado mecanismos de prevención y autoprotección a través de la capacitación y vinculación con organizaciones internacionales como Freedom House, Artículo 19, entre otras.

Es fundamental mejorar las condiciones laborales de los periodistas a nivel nacional, al mismo tiempo que se les debe garantizar el acceso a la justicia. Para ello es clave también atacar frontalmente los altos niveles de corrupción. Sin tomar en cuenta estas condiciones estructurales, los procesos de capacitación, prevención y autoprotección resultan importantes pero paliativos ante los riesgos y agresiones que enfrentan los periodistas en el país.

Armando Rodríguez Luna es miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede). Ha sido consultor para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y para Freedom House.


1 Este texto es un extracto de un artículo más extenso que se publicará en el Atlas de la Seguridad y Defensa de México 2016, (Casede: 2017), en prensa.
2 Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza, La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2007, p. 17.
3Esta consultoría fue realizada por Raúl Benítez Manaut, Armando Rodríguez Luna y Malgorzata Polanska, para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito entre 2011 y 2012. Las consultas se realizaron en Tijuana, Baja California; Durango, Durango; Chihuahua, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; Culiacán, Sinaloa; Cuernavaca, Morelos; Oaxaca, Oaxaca; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Ciudad de México.
4 Günther Maihold, “Las comunicaciones criminales: el caso de las narcomantas” en Raúl Benítez Manaut y Sergio Aguayo, Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2012, Casede, México, 2012, p. 83-93, 
5 Estrategia nacional de fortalecimiento en Seguridad y Justicia para medios de comunicación en México, Secretaría de Gobernación, México 2012, 70 p.
6 El proyecto ‘Seguridad y libertad de expresión en México’ fue financiado por Freedom House y coordinado por Armando Rodríguez Luna y contó con la participación de Raúl Benítez Manaut, Federico Lefranc y Carlos Dorantes.
7 De acuerdo con INEGI, este porcentaje engloba los delitos no denunciados, más los delitos denunciados sin averiguación previa, más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició averiguación previa, entre el total de delitos por cien. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016.