El índice de letalidad es un indicador de posibles usos ilegítimos de la fuerza letal. En un contexto de falta de investigaciones ministeriales y de información forense sobre el uso de la fuerza, como actualmente existe en México, se agudiza la necesidad de construir indicadores que permitan identificar posibles patrones del uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de los distintos cuerpos de seguridad. En fechas recientes, hemos leído en este espacio cuestionamientos sobre los alcances y límites de dicho indicador, incluso sobre su utilidad. Aquí pretendemos responder a esos cuestionamientos y aclarar confusiones que dichas críticas generan. El índice de letalidad, así como otros indicadores, hacen notorias las carencias y necesidades que hoy tenemos en materia de información y de controles —legales, institucionales y sociales— sobre los abusos en el uso de la fuerza, en particular la fuerza letal. No podemos, en consecuencia, dejar de señalar que varias de las iniciativas de ley impulsadas en materia de Seguridad Interior plantean una mayor opacidad y menor capacidad de control sobre el uso de la fuerza. De aprobarse la Ley en los términos propuestos, tendremos aún mayores dificultades para conocer y evaluar el uso de la fuerza pública.

El índice de letalidad: definición, críticas y otros indicadores del abuso de la fuerza letal

Empecemos por una redundancia: un indicador siempre es un indicador de algo. Es decir, el indicador es un dato que no interesa en sí mismo, sino como una forma de conocer un fenómeno o un concepto que no podemos observar directamente. El indicador contribuye a develar un fenómeno y necesariamente lo hace de manera parcial. Por ello, un solo indicador no agota la descripción de un fenómeno, y hace deseable disponer de distintos indicadores, así como saber qué dimensión del fenómeno mide cada uno, cómo se complementan y cuáles son sus limitaciones. El índice de letalidad sirve para alertar de posibles abusos de la fuerza letal. No es una descripción general sobre el uso de la fuerza o de la actuación de las fuerzas de seguridad. Existen otros indicadores útiles para identificar abusos, y muchos más sobre el uso de la fuerza en general.

Ahora bien, este índice en particular se construye como un cociente de “opositores” muertos sobre “opositores” heridos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. El indicador ha sido usado anteriormente para estudios en Brasil (Chevigny 1987, 1991; Cano 1997, 2003, 2010; Loche 2010) y ha sido retomado en Argentina (Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, 2002; Máximo Sozzo, 2002; Verónica Aimar et al, 2005). Ha servido para identificar posibles patrones ilegítimos del uso de la fuerza letal al comparar su variación en el tiempo en una misma fuerza de seguridad, variaciones entre fuerzas de seguridad de distintas ciudades, o variaciones en relación a los espacios urbanos o la raza de las personas que se enfrentan a las fuerzas de seguridad.

¿Cuál es la lógica de este indicador? Los enfrentamientos con fuerzas de seguridad suelen arrojar (a partir de la observación empírica) un número igual o mayor de personas heridas que de personas muertas (Coupland y Meddings, 1999; Comité Internacional de la Cruz Roja, 2010). Por lo tanto, si el saldo de los enfrentamientos es de más muertos que heridos, se prende una alerta sobre posibles comportamientos abusivos en el uso de la fuerza letal. Pueden existir otros factores que expliquen el valor elevado o el aumento del indicador, pero la alarma no debería desconocerse.

El artículo “¿Qué mide exactamente el índice de letalidad?”, de Marco A. Morales y Virgilio Muñoz, publicado en este mismo espacio el 3 de abril, busca señalar alcances y limitaciones del índice de letalidad. Se trata de un objetivo bienvenido para el enriquecimiento de la discusión sobre el uso de la fuerza, su rendición de cuentas y los indicadores necesarios para conocer de mejor forma dicho fenómeno. Sin embargo, el texto se enfoca en las supuestas limitaciones de la información que no es considerada en la construcción del cociente, sin mencionar su evidente aporte para el conocimiento de la situación actual del uso de la fuerza letal en México. 

El punto de partida del texto de Morales y Muñoz es clave: afirman que “en los eventos donde participan fuerzas del orden público y presuntos miembros del crimen organizado, pueden producirse cuatro posibles combinaciones en el resultado del evento en términos de muertos y heridos”, y luego de presentar un cuadro de doble entrada con las cuatro posibilidades lógicas agrega: “Estas cuatro casillas deberían aparecer reflejadas en una medición completa sobre la acción de las fuerzas del orden público, sin embargo, no ocurre así con el índice de letalidad”.  Es decir, se da a entender que la inclusión de información sobre todos los enfrentamientos es un requisito que el índice de letalidad no cumple. Pero tal requisito no existe: la información que es deseable incluir en un indicador sólo puede determinarse en función del fenómeno que interesa observar. Morales y Muñoz no definen qué es lo que quieren medir sobre “la acción de las fuerzas del orden público” para saber si es adecuado, o no, incorporar información de todos los eventos. Los autores critican que el indicador no contempla los enfrentamientos sin muertos ni heridos, pero obvian que no tiene sentido incorporar, en un índice que busca detectar el posible uso ilegítimo de la fuerza letal, información de enfrentamientos donde no existe constancia de la aplicación de este tipo de fuerza. Podemos querer conocer qué porcentajes de enfrentamientos caen en cada una de las casillas con distintos resultados de muertos y heridos (por ejemplo, vea aquí). Ello sería un aporte a una mejor descripción de la actuación de las fuerzas de seguridad, pero sólo si sabemos qué dimensiones estaríamos midiendo y cómo interpretar su variación. Pero el índice de letalidad no pretende ser una evaluación “completa” sobre el uso de la fuerza letal, sino un indicador de posibles usos desproporcionados o innecesarios. Es decir, cuándo se recurre a la fuerza letal a pesar de que las amenazas a la vida de los integrantes de las fuerzas de seguridad, o de terceras personas, han cesado o no han existido.

Otros indicadores que reflejan posibles abusos de la fuerza letal también consideran la información de algunos eventos mientras que no son sensibles a otros resultados. Un ejemplo es el número de opositores muertos en enfrentamientos sobre el número de muertos en las fuerzas de seguridad (donde una muy elevada desproporción de este cociente a favor de las fuerzas de autoridad da lugar a preguntas sobre cuál es el grado de amenazas que enfrentan en relación a su respuesta). En este caso, los enfrentamientos donde no hubo muertos, tampoco aportan información relevante para lo que pretende medir el indicador.

Cada uno de estos indicadores parte de una idea clara de qué se quiere medir, y luego se pregunta cómo poder medirlo de forma válida y qué información es necesaria para su cálculo. La alternativa de incorporar, sin un concepto que guíe las operaciones metodológicas, “toda la información posible” es un error básico que termina por generar indicadores que no se sabe cómo interpretar.   

Morales y Muñoz critican que el uso agregado del índice de letalidad refleja la relación entre totales de muertos y heridos, y que por lo tanto no da cuenta plenamente de lo que sucede en cada evento. Es cierto que el indicador no da cuenta de cada evento particular, pero decirlo es trivial pues aplica a todo indicador agregado. Por ejemplo, el índice de homicidios por cada 100,000 habitantes no nos dice nada sobre un homicidio en particular. Sin embargo, es muy útil para entender la evolución de los niveles de violencia en una comunidad. Más allá de las dinámicas particulares, el índice de letalidad, como medida resumen, permite señalar que la relación entre muertos y heridos para el Ejército pasó de ser de  en el 2009 a ser de 14.7 muertos por cada herido en el 2012. Un cambio así nos permite identificar que algo relevante ocurrió y lleva a preguntarnos: ¿por qué hubo este cambio?

En nuestros trabajos no utilizamos el índice de letalidad como vara de medida de posibles abusos en eventos singulares, ni tampoco hemos interpretado el índice agregado como una prueba suficiente de los mismos. Hemos señalado, una y otra vez, que su rápida evolución al alza, año con año, en particular durante la administración de Calderón, encendía una alarma sobre un posible patrón de abuso de la fuerza letal. Esa alerta cobraba plausibilidad no sólo a partir de los indicadores que analizamos, sino también de un contexto que favorecía claramente su emergencia a partir de, al menos, tres condicionantes: una delincuencia violenta a la que enfrentarse, un llamado a la “guerra” por parte de las autoridades, y la ausencia de investigación y eventual deslinde de responsabilidades sobre el ejercicio del uso de la fuerza en la enorme mayoría de los casos donde se usó la fuerza letal. Bajo tales incentivos, la consecuencia esperable era el aumento de las violaciones a los derechos humanos en el uso de la fuerza letal. Dicha hipótesis encontró respaldo en varios indicadores, así como en información presentada por organismos de la sociedad civil e informes de derechos humanos de organismos internacionales en el país. Este punto no significa que la interpretación de la evolución del índice de letalidad sea conclusiva acerca de un patrón creciente de abuso en el uso de la fuerza letal. Otros factores podrían también explicar parte de su variación, como, por ejemplo, cambios en el tipo de armamento utilizado o diferencias en los espacios y lógicas de los enfrentamientos. Analizar información de estas variables durante el período de rápido aumento del índice de letalidad, sería de gran interés para proponer y comparar explicaciones alternativas.

Morales y Muñoz afirman que dada la “incompletitud” del indicador se necesita “una mejor métrica para medir lo que deberíamos analizar al debatir la seguridad en México, así como para evaluar el papel de las corporaciones involucradas en esta función.”. Es decir, descartan el índice de letalidad y señalan la necesidad de una mejor métrica pero no definen qué quieren medir. Mientras esperamos la propuesta, consideramos que lo relevante para alcanzar una evaluación más completa del trabajo de las fuerzas de seguridad es aumentar el número de indicadores que miden distintas dimensiones del uso de la fuerza y de la acción de las fuerzas de seguridad en general. Entre todas las dimensiones a considerar, los indicadores sobre posibles abusos de la fuerza letal deben ocupar un lugar central en un estado democrático de derecho. Es decir, con relación al uso de la fuerza, es necesaria una política de rendición de cuentas de la que se derive un amplio sistema de indicadores. 

El índice de letalidad tampoco busca medir qué porcentaje de personas mueren sobre el total de participantes en los enfrentamientos. Desconocer el total de participantes -a diferencia de lo que argumentan García Ponce y Lajous en una publicación reciente también en este espacio-, no es un obstáculo que desvirtúa los alcances del índice de letalidad. No inhibe su construcción ni su interpretación, así como tampoco las de varios indicadores más sobre posibles abusos de la fuerza letal. Por supuesto, sería información valiosa para una mejor descripción de los enfrentamientos y útil para la construcción de otros indicadores sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, pero se carece de la misma. En todo caso, si bien es posible plantear que el contexto de análisis de un mismo resultado de muertos y heridos no es el mismo si en los enfrentamientos participan doce o doscientos “opositores”, no parecen encontrarse indicios (prensa, informes especializados, etc.) que lo segundo haya sido muy frecuente.

Nota sobre transparencia y sistema de indicadores sobre el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad en México

El índice de letalidad es un indicador importante, pero uno más de un conjunto de indicadores sobre el uso de la fuerza letal para los que debe existir información (pública). Así lo hemos reafirmado en nuestros trabajos. Además de los ya mencionados, el listado mínimo incluiría el número de quejas por uso excesivo de la fuerza letal presentadas ante órganos especializados, el porcentaje de homicidios dolosos cuyo presunto responsable es un policía o miembro de otra fuerza de seguridad e indicadores forenses de víctimas del uso letal de la fuerza policial o militar. Sin embargo, salvo el primer indicador, no existe la información que permita su construcción. Con respecto al uso de la fuerza, también es necesario dar seguimiento a la exposición de los miembros de las fuerzas de seguridad a la violencia letal, con indicadores como el número de policías muertos en funciones sobre el total de policías, y el mismo numerador sobre el total de policías presentes en enfrentamientos y sobre el número de personas detenidas. Por supuesto, es posible y deseable generar información sobre otras características de los encuentros donde las fuerzas de seguridad usan la fuerza, en particular la fuerza letal: número de participantes, rasgos sociales de los opositores, tipo de armamento, espacios de ocurrencia, dinámicas de los eventos.

Evaluar el uso de la fuerza implica mejorar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad. Deberíamos contar con más y mejor información sobre qué hacen y dejan de hacer. Pero en vez de ampliar la transparencia, lo que hemos visto en tiempos recientes es la aprobación de reformas legales que la sofocan. Por ejemplo, el año pasado, fueron aprobadas reformas al Código de Procedimientos Militares para facultar a la SEDENA a realizar levantamiento y reconocimiento de cadáveres. Es decir, lo que tendremos ahora es sólo la versión de la SEDENA o la Marina sobre qué sucedió en un enfrentamiento. A la vez, la propuesta del PRI en materia de Seguridad Interior que se discute en el Congreso propone que toda la información que se genere en el marco de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior sea clasificada en términos de la Ley de Seguridad Nacional. En otras palabras, la poca información que hoy tenemos para estudiar qué sucede durante los enfrentamientos, será aún más reducida. En el contexto descrito, donde la autoridad civil no realiza peritajes de los enfrentamientos y donde las denuncias por la comisión de ejecuciones extrajudiciales no son investigadas, resulta sumamente preocupante que las normas legales que se impulsan vayan en sentido contrario a la transparencia y rendición de cuentas.

Nos congratulamos del interés mostrado por discutir los alcances y limitaciones de indicadores sobre el uso de la fuerza letal, así como por generar más y mejores métricas de todas las dimensiones de la actuación de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, será difícil avanzar en dicha dirección sin caminar hacia una mayor transparencia de los eventos y dinámicas en los que participan las fuerzas de seguridad.

Finalizábamos un texto que escribimos en el 2011 de la siguiente manera: “La inclusión del Ejército en tareas de seguridad, en entornos violentos, parece traer consigo un inevitable uso de la fuerza bajo una lógica de guerra, y posiblemente sea difícil otro resultado a partir de las características de la formación militar. Los datos aquí presentados deben tomarse en cuenta al reflexionar sobre la autorización, los límites y las posibilidades de involucramiento del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. Tampoco pueden dejar de considerarse las exigencias que plantean en materia de información, construcción de indicadores y controles —legales, institucionales y sociales— sobre los abusos en el uso de la fuerza, en particular de la fuerza letal. Las decisiones que se tomen condicionarán el tipo de Estado en el que viviremos y las relaciones que como sociedad podamos tener con la autoridad.”  Seis años después, suscribimos lo dicho con la misma convicción.

Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas son investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Catalina Pérez Correa es profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos y colaboradora de Programa de Política de Drogas del CIDE.