Comencemos por lo más básico: ¿por qué en México los militares intervienen de manera regular en tareas de seguridad pública y de procuración justicia? Las autoridades civiles no pueden enfrentar solas el poder criminal, se suele explicar. La respuesta a primera vista parece convincente y la usan por igual gobiernos y gobernados. Es la versión más común y a la vez la más precaria del asunto; se trata de usar el mayor poder del Estado para contener el mayor poder del crimen. Pura y simple lógica, parece, y lo que sigue es dar certidumbre jurídica a esos militares que vienen haciendo un servicio urgente y necesario. La propuesta de creación de la nueva ley de seguridad interior no es otra cosa que la consecuencia lógica y necesaria para dar al Estado el respaldo jurídico en esta misión extraordinaria, de cara a un poder delictivo igualmente extraordinario. El argumento parece claro y contundente.

¿Pero en realidad lo es? Nada de eso. La potencia del argumento está en su popularidad, no en su legitimidad democrática. La militarización de la seguridad pública y la procuración de justicia es, antes que otra cosa, un recurso político basado en una idea tan simple como atractiva a cielo abierto: poder contra poder. Quien desafía al Estado merece la respuesta del Estado. Quien usa el poder de fuego contra el Estado, merece el poder de fuego por parte del Estado.

En verdad parece un razonamiento impecable y quien lo representó de la manera más extrema fue el entonces presidente Felipe Calderón cuando, en enero de 2007, se vistió de militar para declararle la guerra al crimen organizado desde su estado natal: Michoacán. En seis décadas no se había visto a un presidente de México enfundado  en casaca militar. El jefe de Estado representado como un hombre de armas. Las implicaciones simbólicas son descomunales y merecen una verdadera anatomía analítica. Ahora solo destaco que aquel desplante de Calderón no fue otra cosa que la síntesis de una cultura política autoritaria que entiende el Estado de derecho, no como el arreglo donde se cumple y se hace cumplir la ley en condiciones de igualdad para todos, sino como aquél donde el poder público se impone a través de la fuerza. El súmmum de lo anterior lo encontramos en una frase de todos conocida: “se impondrá todo el peso del Estado”. Son las palabras que terminan por desnudar una ideología que prefiere el gobierno de la fuerza sobre el gobierno de las leyes.

Felipe Calderón no solo declaró aquella guerra. Varios años después nos entregó una nueva representación de esta concepción autoritaria, cuando en febrero de 2012 preguntó de manera pública: “¿Qué querían que hiciera?” Aquí la guerra al crimen ya no es la mejor sino la única vía disponible para el Estado mexicano. La teoría respecto a la metodología de las políticas públicas enseña bien que no hay tal cosa; jamás existe una sola vía, todo lo contrario, la dirección que toma una política pública resulta de una jerarquía de prioridades, a su vez ordenada luego del análisis de las alternativas. La militarización de la seguridad pública y la procuración de justicia no es la única vía posible; es, en cambio, la vía funcional a esa ideología que reivindica la autoridad del Estado no en la ley sino en la fuerza.

Pero el segundo presidente emanado de las filas del PAN es a su vez un síntoma. Con él no empieza y desafortunadamente, ya lo vemos, tampoco termina el impulso de la guerra y su instrumentalización militar. Desde 1995 los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina participan en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, decisión que fue atacada con una acción de inconstitucionalidad, misma que la Corte invalidó. La tesis fue simple: las autoridades militares pueden y deben auxiliar a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública. Al máximo tribunal no pareció preocuparle cómo se materializaría en la realidad una relación de auxilio que, como tal, implica que unos –los civiles- son apoyados por otros –los militares-, donde la función original le corresponde a los primeros. La decisión de la Corte dio paso a lo que hoy es un despliegue regular de más de 50 mil miembros de las fuerzas armadas en lo que el secretario Salvador Cienfuegos llama tareas de “reducción de la violencia”. Tal despliegue masivo y permanente del ejército desde luego escapa a la definición del “auxilio” y presenta más bien un proceso progresivo de sustitución de las autoridades civiles, cuya incompetencia, más la orden presidencial, a decir del propio Cienfuegos, no les deja otra opción.

¿La Corte quiso entregar un cheque en blanco para regularizar la intervención militar en la seguridad púbica? Supongo que no, pero al final eso hizo. No creo que se necesite mayor ciencia para prever exactamente el mismo resultado en caso de que se promulgue una ley de seguridad interior. Dijo la Corte que sería una intervención subsidiaria, no lo es. Dicen ahora lo mismo los promotores de esta ley. No lo creímos en aquel momento, tampoco lo creemos ahora.

¿Los militares intervienen porque los civiles no pueden o los civiles no pueden porque los militares intervienen? La trampa se ve por los dos lados. Cada paso que dan hacia atrás los civiles, lo dan hacia delante los militares. Cada localidad o región que no puede ser protegida por los civiles debe ser resguardada por los militares. La medicina que en principio parece curar, en realidad reproduce la enfermedad. Un policía que ni siquiera se puede proteger a él mismo jamás podrá proteger a otros. Un militar bien adiestrado, disciplinado y equipado parece la solución y en realidad hace posible que la enfermedad se extienda. Cienfuegos lo dijo: los gobernadores no han hecho lo suficiente para mejorar a sus policías. Tiene razón, el problema es que muy probablemente harán aún menos a partir del día mismo en que, en su caso, se publique la ley de seguridad interior en el Diario Oficial de la Federación. Esto me recuerda la iatrogenia: es el tratamiento que al final produce más daño.

La mala noticia, en el fondo, es que el recurso militar aglutina a la mayoría por igual entre los gobiernos y los gobernados, dada la aún imposible asimilación de un concepto de Estado de derecho soportado en la igualdad ante la ley. La fuerza, la mayor fuerza posible es el motor de atracción de auditorios. En cambio, someter a un delincuente al imperio de la ley, bajo las reglas del debido proceso, genera tanta popularidad como credibilidad, es decir, ninguna. ¿O acaso imaginan a un político decir que prefiere mandar equipos de investigadores en vez de desplegar a los militares? ¿Se imagina usted al entonces presidente Calderón convocando no a encabezar la guerra vestido de militar, sino a encabezar una cruzada de inteligencia contra el crimen, ataviado a la manera de Sherlock Holmes? Tan impopular como increíble para nuestro medio.

Entendamos el fondo del asunto: si en la cultura política no tiene aún carta de ciudadanía el principio de igualdad ante la ley, entonces toda estrategia de sometimiento a la misma resulta no creíble. Es la fuerza lo que convoca, no la ley. Aplauso a las tropas en desfile, imposible aplauso al fiscal y al policía. Más tropas entonces, ya luego se verá qué hacemos con los fiscales y los policías. Y también luego se verá que hacemos con la Constitución, misma que desde 1917 ordenó mandar a los militares a sus cuarteles y que desde 2008 también ordenó asegurar el perfil civil de las autoridades responsables de la seguridad pública.

En realidad no estamos discutiendo una ley de seguridad interior; lo que se debate es la primacía de la vía civil o de la militar ante la violencia y el crimen. Un debate cargado de demagogia en este terreno fértil donde gana en popularidad quien más fuerza representa y no quien mejor sabe ponerse del lado de la Constitución. El peso del Estado parece más el peso de las armas y menos el peso de las leyes. Por eso podemos ver un presidente vestido de militar y ni siquiera lo imaginamos ataviado como Sherlock Holmes.

Ernesto López Portillo es abogado. Publicó en 1994 el libro pionero Seguridad Pública en México, editado por la UNAM. En el 2003 fundó el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), organización que dirigió hasta el 2016. Es consultor internacional en la materia.